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A la evaluación que hizo el año pasado la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), al análisis sobre el Reglamento de la nueva Ley de Transparencia, a la valoración sobre el papel que ha desempeñado la CAIP en los últimos meses y al reciente estudio sobre publicidad oficial elaborado por Artículo 19 y Fundar hay agregar la radiografía hecha por el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla sobre el estado de la transparencia a nivel local.

En las instituciones, sobre todo en las públicas, se han invertido millones de recursos colectivos. No le ayudan a una democracia en construcción tan bajos niveles de confianza, esa virtud tan difícil de ganar y tan fácil de perder.

Cuando los gobernantes y la sociedad confunden la tarea de gobierno con la promoción de ésta, con la capacidad de aparecer en espectaculares, prensa impresa, spots en radio y televisión, y anuncios en Internet se generan abusos graves.

¿Acaso es retórica la pregunta? ¿A quién sirve la CAIP? Tal y como consta en boletines oficiales, desde la incorporación de González Magaña la CAIP no ha resuelto de manera contundente un solo recurso de revisión en contra del gobierno del estado.

Tras una intensa negociación de siete horas, a puerta cerrada y rodeada por representantes del Pacto por México y por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones con 414 votos a favor, 50 en contra y ocho abstenciones.

Desacreditar la reforma en materia de telecomunicaciones negociada al interior del Consejo Rector del Pacto por México no sólo es mezquino sino irresponsable.

Hace siete años, al calor del proceso electoral con el que el PAN mantuvo la Presidencia de la República, el Senado fue sede de intensas presiones del poder mediático para aprobar -sin modificar una sola coma- el proyecto de reformas que meses atrás había recibido el mote de Ley Televisa.

Varios legisladores han hecho de la remoción de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) un fetiche.

Si el Consejo Rector del Pacto por México y los legisladores federales desean, en serio, someter los intereses particulares de los poderes fácticos en este terreno y poner por delante el interés nacional, el reto es de este tamaño.

Aunque el planteamiento parezca un contrasentido toda vez que es en el ámbito estatal donde se han registrado las mayores regresiones en términos de transparencia y acceso a la información pública, es posible que algo pueda aportar la experiencia local para destrabar el mecanismo de designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), e incluso la vía para ejercer su presidencia.