El 8 y 9 de enero de este año se realizó la Caravana de Solidaridad y Documentación en la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio (Chiapas) convocada por la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ. Esta es la tercer caravana realizada por esa red que, junto con otros esfuerzos organizativos, realizó su primera edición en octubre de 2020 y en enero del 2021 la segunda. Como producto de la Caravana se dio a conocer un informe que detalla la grave situación de despojo que viven familias bases de apoyo zapatistas ante la invasión de un grupo de agresores en sus tierras.

El informe firmado por diversas organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona ha constatado la continuidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo llamado “Los 40 invasores”. Desde noviembre de 2019 ese grupo ha ejecutado actos de intimidación y provocación cercando los lugares de trabajo comunitarios y la escuela secundaria autónoma. Durante 2020 y 2021, los invasores cercaron el tanque de almacenamiento del agua de la comunidad, el poste de electrificación donde sale la línea para el bombeo de agua y el tractor de la región impidiendo su movimiento. Sus actos también consisten en el robo de hortalizas, plantas medicinales y frutales; en amenazas a las mujeres zapatistas, además de la constante vigilancia e intimidación dirigida a la comunidad zapatista.

La caravana de solidaridad y lo que han documentado y denunciado en el informe rompe la idea de que “todo está tranquilo” como tanto se quiere aparentar desde arriba. Lo que demuestra la estrategia de despojo y secuestro que están haciendo estos grupos es que la contrainsurgencia sigue y toma otras formas. Claramente el escenario político que permite la ejecución de este tipo de actos es sumamente complejo y fue advertido por los zapatistas en un comunicado el 19 de septiembre de 2021, en el que denunciaban los actos de secuestro de grupos paramilitares (como la ORCAO) y las respuestas y estrategias del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, enfocadas en desestabilizar Chiapas.

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Como se puede concluir, desde entonces la problemática solo se ha agudizado, no ha recibido atención del gobierno federal, lo que ha habido es silencio, omisión y actos que permiten pensar que Chiapas no es solo un lugar incómodo para López Obrador, sino que es cada vez más un Estado en el que el territorio está en el ojo de sus megaproyectos.

El informe de la tercer caravana de solidaridad identifica varios frentes de desgaste:

1. El frente de guerra agrario, que pretende generar confusión sobre la propiedad de la tierra y el territorio y provocar disputas por acceder a ella, ennfocando el hostigamiento permanente hacia los pueblos zapatistas asentados en tierras recuperadas.
2. El hostigamiento incentivado por programas asistenciales (Procede, Procecom, Fanar, Raja) por medio de los cuales el Estado despoja con argucias legales, para saquear bienes comunes naturales y así despojar de derechos agrarios a las comunidades.
3. El hostigamiento e intimidación desde la vía militar, con el despliegue de “un cerco geográfico castrense, en articulación con grupos paramilitares que son financiados y entrenados con la permisividad y apoyo logístico del Estado y del Ejército mexicano, diseñado para asediar y amedrentar a las comunidades zapatistas”.
4. El que busca la destrucción de la economía zapatista a partir de programas asistenciales implementados por los diferentes partidos políticos aliados a grupos paramilitares que se encargan de invadir, robar y destruir la producción de las familias zapatistas
5. El frente mediático que desinforma y criminaliza la propuesta zapatista.

El territorio de Chiapas es parte de una disputa de grupos de poder que está al borde de desencadenar una guerra civil y surgen preguntas de actos como el que se refleja en el informe; de la situación de Aldama que de acuerdo con la información del Centro de Derechos Humanos fue objeto de 49 ataques en menos de cinco días; como el ocurrido el 9 de enero en el que resultó herido Javier Hernández, base de apoyo zapatista; el 10 de enero en el que fue asesinado Lorenzo Gómez Ruíz, habitante de Juxton y el ataque ese mismo día a la comunidad autónoma zapatista 16 de Febrero donde agredieron a Hilaria Hernández Gómez con su hijo de tres años en brazos; del recurrente secuestro de bases de apoyo zapatistas, incluídos; del asesinato de Simon Pedro Pérez, ex-presidente de la organización Las Abejas; de la proliferación de narcoparamilitares; del re-acomodo de los intereses políticos de los antiguos y nuevos cacicazgos que operan con partidos políticos como el Verde Ecologista y  Morena; de la crisis humanitaria que representa la situación de los migrantes en la fontera sur; de grupos paramilitares que reciben programas sociales como Sembrando Vida; de la insistencia en hacer que proyectos como el Tren Maya sean considerados de “seguridad nacional”.

¿Se están articulando y aliando caciques, políticos, paramilitares, narcos y empresarios para disputarse el control territorial de Chiapas, de las rutas comerciales legales e ilegales fortenrizas, del proyecto económico en torno al Tren Maya, de los plantíos de droga, de su población como mano de obra, carne de cañón o votantes sometidos?

¿Atizar el fuego de la violencia se está aprovechando para continuar la guerra en contra de los territorios autónomos zapatistas?

¿Pretende López Obrador dejar que Chiapas arda en llamas para luego simplemente construir su proyecto político sobre las cenizas?

¿Nos podemos quedar sin oir ni ver? ¿Será que la retórica de la transformación nos está ensordeciendo ante el dolor y cegando ante la dignidad?

*Foto de portada: Julian Stallabrass | Flickr