Marcos Nucamendi | Mely Arellano

• En 2003, el Instituto Poblano de la Vivienda autorizó la venta de terrenos para el desarrollo de vivienda de interés social. El comprador inicial nunca cumplió el objetivo y el IPV no hizo nada por recuperar la tierra. 

• Hoy uno de los consejeros que autorizó la enajenación de estos activos, el ex secretario estatal Antonio Zaraín García, es propietario de al menos tres de esas hectáreas

Antonio Zaraín García, ex secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Melquiades Morales, adquirió un predio de tres hectáreas que originalmente estaba destinado a la construcción de vivienda de interés social, porque así lo autorizó en 2003 el Consejo Directivo del entonces Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), del que Zaraín formaba parte. Hoy en ese terreno hay un depósito de autos.

El IPV nunca recuperó el terreno a pesar de que existía una cláusula en la primera compraventa que le permitía rescindir el contrato si no se cumplía con la carga impuesta a la propiedad.

Esta es una historia de un terreno que era patrimonio del estado, que tenía un fin específico que era atender el derecho a la vivienda digna de la población, y que pasó de mano en mano hasta llegar al exfuncionario. 

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Fue hace poco más de tres años cuando Zaraín García y sus tres hijos adquirieron un predio de tres hectáreas al suroeste de la capital, en la localidad de Chipilo, Junta Auxiliar del municipio de San Gregorio Atzompa. Se lo compraron al abogado Guillermo López Vásquez y pagaron 9 millones de pesos; hasta aquí todo suena a una simple operación de compra-venta entre dos particulares.

Sin embargo, Zaraín García no es cualquier particular. El empresario mueblero y agropecuario fue secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Melquiades Morales (1999-2005), y por lo tanto formaba parte del Consejo Directivo del entonces Instituto Poblano de la Vivienda (IPV), hoy Comisión Estatal de Vivienda, cuando el terreno referido era propiedad de ese organismo público, en 2003.

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El 27 de noviembre de ese mismo año, el Consejo Directivo realizó la sesión número 96, donde aprobó vender el 60 por ciento de 14 predios —entre ellos el ubicado en Chipilo, que originalmente tenía una superficie total de nueve hectáreas—, propiedad del IPV, para edificar viviendas de interés social, en correspondencia con el objetivo de ese organismo.

El Consejo Directivo del ex IPV estableció cláusulas para la compraventa de los predios, entre ellos el de Temalaca.

En el acta de esa sesión el Consejo Directivo le impuso un candado a la venta y una sanción si no se cumplía, en la cláusula tercera se estableció que: “los desarrolladores contarán con un año para edificar las viviendas en los predios adquiridos, de lo contrario, el contrato de compraventa se rescindirá”. Además aparecen, claro está, las firmas de quienes integraban el Consejo, entre ellos el exsecretario.

Aun así, Antonio Zaraín García, quien conoció y aprobó lo establecido en 2003 en esa sesión, adquirió en abril de 2017 una fracción de tres hectáreas del terreno en Chipilo, también conocido como predio de Temalaca.

En la sesión en la que se establecieron las cláusulas participó Antonio Zaraín, pues era integrante del Consejo Directivo del IPV.

Con la llegada de Rafael Moreno Valle a la gubernatura, el IPV cambió de nombre y se convirtió en la Comisión de Vivienda del Estado de Puebla; después, con Antonio Gali Fayad, en el fideicomiso Comisión Estatal de Vivienda; ninguna de esas dos administraciones movieron un dedo para recuperar el terreno.

Tampoco hay pruebas de que el Congreso del Estado y el entonces Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis), hoy Auditoría Superior del Estado, hayan tenido en el radar que el IPV se olvidó del terreno y de su mandato como órgano de gobierno. La Cuenta Pública de ese año y de los años en los que el priísta Óscar Aguilar González estuvo al frente del IPV se aprobaron sin mayor trámite. 

Hasta el momento tampoco el gobierno de Miguel Barbosa ha hecho algo para hacer valer la cláusula de recuperación. Un abogado consultado explicó que en caso de existir algún delito por parte de quienes formaron parte de gobiernos anteriores este podría ya haber prescrito, pero la posibilidad de rescindir el contrato de una manera legal sigue siendo vigente, pues hasta la fecha no se ha cumplido con la carga que se le impuso a ese terreno. 

La historia de un predio, escritura por escritura

Foto: Mely Arellano

El predio conocido como Temalaca perteneció a diferentes miembros de la familia Crivelli, originaria de Chipilo, hasta 1983, cuando los hermanos Eduardo, Juan y Pedro —todos agricultores—, vendieron sus terrenos a los poblanos Hugo Rodríguez Muñoz Cote y a su esposa, Lourdes Mazzoco Merlo, por 453 mil 385 pesos, poco más de 295 mil pesos al valor actual.

Doce años más tarde, a través de un contrato de donación, Rodríguez Muñoz Cote se convirtió en el propietario único del predio. Y lo fue hasta mayo de 2003, cuando decidió vender el terreno al IPV, que en aquel momento dirigía el priísta Oscar Aguilar González, quien había tomado protesta un mes antes. 

El precio de venta se fijó en 9.9 millones de pesos, que equivale a unos 19.8 millones de pesos actualmente, considerando el costo de la inflación (se tomó a enero de este año como valor de referencia para el cálculo inflacionario). 

El segundo predio más extenso entre los 14 que tenía el IPV era justo el de Temalaca, en San Gregorio Atzompa; los otros 13 estaban ubicados en varias partes del estado: Atlixco, Huejotzingo, Teziutlán, Zacatlán, Xicotepec, Ciudad Serdán, Amozoc y San Andrés Cholula. 

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En total sumaban 62.1 hectáreas, el 60 por ciento de estas hectáreas, según lo acordado por el Consejo Directivo del IPV en 2003, podrían venderse con el objetivo exclusivo de desarrollar vivienda de interés social.

Una fracción del predio de Temalaca, las tres hectáreas (32,028.32 m2) que hoy son de Zaraín, fue vendida por el IPV en diciembre 2007 a la empresa Comercializadora de Bienes Inmuebles Aptos SA de CV, representada por Olimpia Moranchel Narváez. Pagando por el terreno 5.1 millones de pesos, cifra que considerando el incremento inflacionario equivaldría a 8.3 millones de pesos actuales.

Olimpia Moranchel es la madre de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, las dos cabezas de Grupo Sitma, una empresa que en aquellos años prometía grandes dividendos bajo un esquema de inversión inmobiliaria que más tarde se reveló como una estafa.

Foto: Marlene Martínez

A finales del 2009 los hermanos Tiro Moranchel fueron detenidos y desde entonces permanecen en prisión por un fraude estimado en mil millones de pesos, por el cual resultaron agraviadas alrededor de 30 mil personas. 

Pero antes, en 2007, los Moranchel adquirieron el terreno con la obligación de construir y desarrollar vivienda de interés social, como estaba marcado en el contrato de compra-venta, pero eso nunca pasó. Y el IPV, a pesar de tener el derecho de recuperar la propiedad por el incumplimiento de la cláusula, simplemente se olvidó del terreno.

Lo que sí hicieron los Tiro Moranchel en abril de 2009 fue vender las tres hectáreas al abogado Guillermo López Vázquez, quien forma parte de la empresa Noria Business Center que en ese momento desarrollaba las Torre N, un malogrado proyecto cuya primera piedra fue colocada por el entonces gobernador Mario Marín Torres. 

Y López Vázquez y los Tiro Moranchel ya se conocían pues Grupo Sitma promocionaba las Torres N como parte de su cartera de inversión. En abril de ese año, cuando se concretó la venta, el escándalo de Grupo Sitma estaba por estallar. De hecho, un mes antes, en marzo, la columnista de negocios Socorro López Espinoza ya había adelantado los problemas que estaban pasando InverGroup –otra de las empresas de los Tiro Moranchel– por no poder pagar los réditos a sus inversores, la bola de nieve empezaba a rodar.

Pero esa es otra historia, en esta que nos ocupa López Vázquez se quedó con el terreno durante ocho años hasta que en 2017, Antonio Zaraín García, lo compró por 9 millones de pesos —unos 10.3 millones al valor actual—; de acuerdo con la escritura de compra-venta, el ex secretario de Desarrollo Económico aparece como usufructuario vitalicio mientras que sus hijos Antonio, Iván y Aldo están registrados como co-propietarios.

LADO B intentó contactarse con Zaraín García a través de sus redes sociales en varias ocasiones, sin embargo, no obtuvo respuesta.

La Comisión Estatal de Vivienda, facultada para reclamar el predio 

Foto: Mely Arellano

Además de la cláusula aprobada por el Consejo Directivo del IPV para garantizar que el fin del predio fuera la edificación de vivienda de interés social, también en el contrato de compra-venta con Olimpia Moranchel Narváez, en 2007, había una cláusula que especificaba: “La parte compradora queda entendida de que el destino que dará al predio que hoy adquiere será la edificación de vivienda de interés social” 

Cuestionada sobre la posibilidad de que ahora sí ejerzan sus facultades y recuperen los predios enajenados María Soledad Sevilla Zapata, encargada de despacho de la Comisión Estatal de Vivienda, explicó en entrevista para LADO B que si bien tienen la obligación de defender el patrimonio del estado —incluso para evitar responsabilidades administrativas futuras por omisión—, por el momento no pueden ejercer acción legal alguna. 

Antes de poder ejercer cualquier acción encaminada a la recuperación del predio de Temalaca, y cualquier otro predio que haya sido enajenado de forma irregular en los últimos años, agregó, la Comisión Estatal de Vivienda necesita hacerse de estudios técnicos, incluso topográficos, que vayan más allá de los datos con los que cuenta el Instituto Registral y Catastral de Puebla (Ircep). 

El Ircep, de acuerdo con el área jurídica de la Comisión, sí cuenta con un registro que se corresponde con la superficie original del predio de Temalaca, pero en el archivo de la Comisión no existen antecedentes que den certeza jurídica a una posible acción legal de reclamo de propiedad. Además, cuando adquirió el terreno Zaraín también lo registró ante el Ircep.

La última referencia institucional sobre el predio con la que se cuenta es el acta administrativa de entrega-recepción de lo que estaba por convertirse en el Fideicomiso de Regularización de la Vivienda del Estado de Puebla —posteriormente Fideicomiso de la Comisión Estatal de Vivienda—, creado y reformado por los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

En uno de los anexos se enlistan 28 inmuebles, entre los que se encuentra el predio rústico de Temalaca, de cuya superficie original (90,677 m2), en diciembre de 2011 sólo se encontraban disponibles 57,165 m2, toda vez que se reconoce la venta de las tres hectáreas ya referidas (32,028.32 m2), y “afectaciones” que alcanzan los 1,483.33 m2.

“No sólo es este predio, son muchos más los que hemos estado detectando, y sin afán de redundar, no podemos hasta este momento, decir o asegurar algo que en su momento pueda ser contraproducente para esta comisión”, dijo en entrevista la titular de la Comisión Estatal de Vivienda.

*Foto de portada: Ernesto Aroche