Si el presidente tuviera razón en todo lo que dice y en todo lo que hace, a dos años de haber, deja muchas dudas de que el México que dejará en 2024 será mejor que el país que encontró cuando asumió el poder en 2018. 

Algunas de sus decisiones son entendibles y otras son un despropósito sin ton ni son. En las últimas dos semanas, AMLO se ha anotado un par de victorias pírricas, refrendadas por decisiones de los otros poderes. El Judicial validó una consulta popular para enjuiciar a expresidentes y el Congreso eliminó fideicomisos que permitirán al Ejecutivo allegarse de los recursos que hasta ahora no manejaba. 

¿Qué consecuencia tendrán esas decisiones? La primera, que el Ejecutivo pueda utilizar en época electoral la consulta popular para atacar una y otra vez a Calderón, Peña, Salinas y Fox. Los tratará de encasillar y mostrar como los culpables de la situación que atraviesa el país. Lo que ignora López Obrador es que el cuento de que estamos mal por culpa de los demás tiene fecha de caducidad y se modifica con el paso de los días: a partir del 1 de diciembre de 2018, AMLO también es parte de la clase gobernante que tiene la responsabilidad -mayor o menor- de la pobreza, desigualdad e inseguridad del país. Así, el beneficio es electoral y discursivo para López Obrador, pero de ninguna forma fortalece al Estado en su necesaria lucha contra la corrupción. Solo un proceso neutro e institucional que ponga en el banquillo de los acusados a los expresidentes y que garantice sus derechos -comenzando por el principio de inocencia- encaminaría al Estado mexicano a una democracia. El resto es palabrería; la consulta lo es.

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Por otra parte, los recursos de los fideicomisos eliminados eran necesarios para proteger periodistas, para afrontar desastres naturales y eran palanca para proyectos académicos y culturales. En ese entendido, el gobierno no ha sabido comunicar cómo va a seguir apoyando los objetivos para los que fueron creados los fideicomisos. Concediendo que los argumentos de corrupción y privatización de recursos públicos sean ciertos, no es claro qué hará el gobierno para apoyar a periodistas, artistas científicos y ciudadanos, beneficiarios últimos de los recursos de los fideicomisos. No está mal decir que ciertos sectores han quedado desamparados y en espera de la mirada presidencial: nada más cercano al PRI de antaño.

Aunque tuviera razón, el presidente está obteniendo victorias que pueden beneficiarlo electoralmente y que fortalecen su discurso ante sus seguidores, pero lejos están de fortalecer al país democráticamente. Estas acciones convencerán al lopezobradorsimo porque fortalece el discurso de su lucha contra la corrupción y contra los instrumentos utilizados por los regímenes neoliberales, aunque no convencerán al electorado de centro-izquierda que no solo aspira a desterrar las prácticas de corrupción, sino a sustituirlas con instituciones e instrumentos dignos de una democracia, que no respondan a la voluntad presidencial. Y menos aún convencerán a votantes de derecha. 

Más allá de las afinidades ideológicas de los electores y de los discursos del presidente, sus acciones no arrojan instrumentos, políticas o instituciones más transparentes e inclusivas. No vale decir que se está deconstruyendo el Estado neoliberal, porque no es claro que en realidad se estén dejando atrás prácticas e instituciones deleznables, ni que estemos dejando de lado el clientelismo, propio de los regímenes que AMLO dice atacar. En otras palabras, no es suficiente que el presidente tenga razón.

*Foto de portada: Gobierno de México | Facebook