A inicios de octubre la diputada del Partido Encuentro Social (PES, Nora Merino Escamilla, y el diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, presentaron una iniciativa para que los delitos sexuales como pornografía de menores e incapaces, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual y acoso sexual, no prescriban, es decir, que puedan denunciarse sin importar el tiempo que ha pasado desde que se cometió.

Dicha iniciativa, entregada para su estudio a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, contempla también que a cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de algún delito sexual y no acuda a las autoridades para denunciar el hecho y evite así la continuación de la conducta, se le castigará con dos a siete años de prisión.

Cinayini Carrasco Colotla, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), señala en entrevista para LADO B que es bueno que se amplíe el catálogo de delitos sexuales que no prescriben, ya que “es una oportunidad para las víctimas, para que en el momento en que ellas estén emocional, física y mentalmente preparadas puedan denunciar”.

Sin embargo, la activista mencionó que más allá de tener legislaciones y propuestas de iniciativas, los integrantes del Congreso del Estado tienen la responsabilidad de evaluar el actuar de la Fiscalía respecto a cómo se atienden e investigan los delitos relacionados con violencia de género.

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“El problema real –y es en lo que hemos insistido desde Odesyr– es en Fiscalía. Mientras no haya una evaluación para la Fiscalía como tal, mientras no se sepa dónde se están atorando las denuncias, los procesos, vamos a seguir igual; podremos tener el mejor código penal, las mejores leyes que protejan a la mujer, pero si no se aplican de manera correcta, con perspectiva de género y con personal sensibilizado, de nada sirve”, enfatiza Carrasco.

Una iniciativa que debe mejorarse

La abogada Cecilia Monzón Pérez explica en entrevista para LADO B que la no prescripción de ciertos delitos y la sanción con prisión para quien tenga conocimiento de estos hechos y no denuncie, ya está contemplada en el código penal del estado. Lo que propone esta iniciativa es la ampliación del catálogo de dichos delitos, ya que actualmente sólo contempla violación, feminicidio, homicidio doloso, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Respecto a la estructura de la iniciativa, la especialista explica que, pese a que en lo general es una buena propuesta, le preocupa que en la redacción del documento se deje apertura para la revictimización y también para la criminalización para las mujeres. 

Al respecto, cuenta, en el foro de presentación de la iniciativa en agosto (donde también participó Cinayini y otros abogados y representantes de organizaciones civiles), hubo comentarios de dos de los participantes que expresaron que “las primeras en enterarse de la comisión de algún delito sexual son las mamás o las tías” pero que “no hacen nada al respecto”.

“[Antes de pensar en imponerles una pena de prisión] tenemos que tomar en cuenta que ellas también viven condiciones de opresión –muchas veces ellas también son víctimas de violencia económica o de otro tipo–, y por eso es que no dicen nada; no porque no quieran, sino porque no tienen las herramientas, los elementos, incluso las redes de apoyo con las que cuentan otras personas para poder hacerlo”, señala Mónzon.

En ese mismo sentido, la experta señala que es necesario tener claros los tiempos límite para hacer las denuncias cuando se es un testigo del delito ya que eso no se establece ni en lo que ya está estipulado en el código penal del estado, ni en la propuesta de iniciativa presentada por los diputados.

 Eso es muy fundamental tenerlo claro “porque también es cierto que hay gente que desde su comodidad no denuncia, aun cuando sepa que hay una víctima; por ejemplo, el clásico hermano del padrote que no denuncia porque a él también le cae lana de eso”, agrega la abogada.

Más allá de las propuestas de leyes: la falta del acceso de las mujeres a la justicia

Foto: Marlene Martínez

Cinayini Carrasco señala que para Odesyr es bueno que amplíen el catálogo de delitos sexuales que no prescriben, pero los legisladores deberían concentrarse también en cómo se está dando el acceso de justicia para las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos y, en general, de los relacionados con la violencia de género.

“La exposición de motivos que hicimos nosotras [durante el foro de presentación de la iniciativa] va enfocado justamente a esto: el problema no está en las leyes, o no del todo, (…) el problema es cuando llegan a Fiscalía las víctimas y no las atienden [o no las atienden bien]”, enfatiza la activista.

Es decir, el problema de la falta de acceso a la justicia para las mujeres viene desde la Fiscalía, desde la investigación de los delitos relacionados con violencia de género y la atención a las víctimas.

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“Sabemos que cuando [las mujeres] llegan a denunciar [las autoridades] tienen que hacer muchas preguntas –eso nos queda claro–, pero la forma en que las hacen las revictimiza. [Por ejemplo:] Claro, la violaron, pero pues iba usted con esa minifalda, ¿por qué estaba usted a esa hora? Esas preguntas [machistas y revictimizantes] hacen que la víctima desista”, expresa Carrasco.

Asimismo, la activista considera que otro de los problemas es que se cree que la solución a los delitos es generar leyes que aumenten las sanciones; no obstante, aunque las penas sean altas, no sirve de nada si no hay alguien a quién sentenciar, por lo que el mensaje sigue siendo de impunidad.

Un ejemplo de esta falta de avance en las investigaciones y falta de sentencias fue la investigación realizada este año por la organización Igavim, en donde los datos que obtuvieron, vía solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado (FGE) demuestran que de las 35 carpetas de investigación (CDI) iniciadas por el delito de feminicidio, en el lapso de enero a junio de 2020, ninguna ha sido concluida y no hay datos de que se haya emitido alguna sentencia.

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La dependencia en el aumento de penas y legislación enfocada en el castigo como método de control del delito, es un fenómeno que se ha estudiado desde la criminología, a través de la teoría de la disuasión. Esta postula que un individuo racional se verá menos incentivado (más disuadido) a cometer un tipo de delito si están presentes los siguientes elementos: mayor probabilidad de ser detenido y castigado por el crimen cometido; que la pena asociada al delito cometido sea más severa y que haya velocidad en la aplicación de la pena una vez realizada la detención.

Sin embargo, estudios han demostrado que, para que este tipo de estrategias funcionen, la amenaza de recibir un castigo debe ser efectiva, es decir, no debe haber percepción de impunidad, ya que si la hay, la amenaza no significa nada para el potencial delincuente. Además, este tipo de medidas punitivas han sido criticadas por especialistas, ya que su enfoque deja fuera otros factores de prevención de los delitos como los sociales y los familiares.

Sumado a esto, Carrasco Colotla señala que, aunque se dé el caso de que el agresor de una mujer sea detenido, eso no implica que haya un proceso de rehabilitación y seguimiento después de la sentencia, que asegure que cuando salga de prisión no vuelva a cometer el mismo delito o algún otro.

Es así como, ante la falta de acceso de las mujeres a la justicia, la directora del Odesyr enfatiza que “el Congreso tiene ahí un compromiso, porque ellos son quienes ratificaron la Fiscalía actual y no están haciendo nada. Además, ellos deben evaluar [la falta de eficacia de la Fiscalía] y son omisos totalmente”.

 *Foto de portada: Marlene Martínez