Carlos y Juan son dos niños que asisten a una secundaria de Puebla. Fueron elegidos para participar en un programa de prevención de la violencia en entornos escolares, donde fueron capacitados en temas como bullying, solución pacífica, mediación familiar y escolar, suicidio y cultura de la paz.

“Me capacitaron respecto a [cómo resolver problemas] de acoso escolar (…) a cómo platicar con las personas. [Entonces] si veo un conflicto [entre compañeros] trato de ver cuál es su problema y cómo podemos solucionarlo”, cuenta Juan en entrevista para LADO B. 

Carlos, por su parte, hace hincapié en que el programa le ayudó a aprender cómo evitar el bullying. Además considera que sirvió para mejorar el ambiente escolar y el diálogo entre los compañeros para evitar discusiones y peleas.

Sin embargo, esta iniciativa financiada por los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), puede dejar de existir para el próximo año, ya que el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PPEF) 2021 contempla la eliminación de este subsidio.

Asimismo, el PPEF 2021 establece la disminución de recursos en otros subsidios como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en un 4.6 por ciento y 0.1 por ciento, respectivamente, en comparación con 2020.

El impacto de esta reducción de recursos para la seguridad pública es preocupante, señalan expertos de la organización México Evalúa y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla (CCSJ), consultados por esta casa editorial, pues así la federación está demostrando un desinterés en fortalecer las capacidades locales y estatales para enfrentar la inseguridad y generar estrategias de prevención de la violencia.

Los especialistas también apuntan que esta estrategia de seguridad pretende ahora enfocarse más en el desarrollo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

Menos recursos para el FASP y el Fortamun

Incluso cuando las policías locales atienden el 86 por ciento de los delitos que más afectan a los ciudadanos, como robos y homicidios, de acuerdo con un análisis realizado por México Evalúa, el PPEF 2021 (cuya fecha límite de aprobación es el 31 de octubre), contempla un recorte de recursos mayor al del año pasado para el Fortamun y FASP, recursos orientados a fortalecer las capacidades de las policías. 

De acuerdo con el análisis realizado por México Evalúa, el quitar recursos a estos subsidios significa que los estados y los municipios tendrán menos dinero para programas de prevención de la violencia, así como de profesionalización y certificación policial; y para infraestructura y equipo de apoyo indispensables para su labor.

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David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa, explica así, en entrevista para LADO B, que “es evidente que el Gobierno federal y la visión que tiene sobre las piezas que hay que mover para atender el problema de seguridad, no toma en cuenta a las policías municipales; es decir, no son prioritarias para el Gobierno federal”, dejando esta responsabilidad a los estados y municipios. 

Federación propone desaparición del Fortaseg

Foto: Marlene Martínez

El Fortaseg es un subsidio que otorga a los municipios y estados (que estén en control de su seguridad pública) recursos para el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de instituciones de seguridad pública, prevención social de la violencia y la delincuencia, así como para la capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género.

Para de Garay, este representa un recurso importante, sobre todo para los municipios “que son los que tienen mayores problemas de fortalecimiento [para la seguridad pública] , en específico los municipios pequeños con poca actividad económica, que no se encuentran en zonas metropolitanas”. 

En 2020, este subsidio se otorgó a 16 municipios en Puebla, algunos donde se concentra la mayor incidencia delictiva del estado, como: Amozoc, Huejotzingo, Puebla capital, Tepeaca y San Martín Texmelucan.

No obstante, el PPEF contempla la desaparición de este programa. De suceder esto, los municipios tendrían que buscar otras alternativas para el financiamiento de recursos, ya sea con recursos propios o con el diseño de sus estrategias fiscales, aunque sin duda estarán en un grave aprieto, agrega de Garay.

Por su parte, Alejandro Espriú Guerra, director ejecutivo del CCSJ, señala en entrevista para esta casa editorial que, la eliminación de este subsidio es particularmente preocupante, porque se quitaría el énfasis en la ayuda a municipios que concentran mayor incidencia delictiva. 

Desde la perspectiva del Consejo, el Fortaseg tiene tres condiciones que valoran favorables y que se deberían tomar en cuenta antes de tomar la decisión de eliminarlo:

• La focalización de esfuerzos en municipios que necesitan estos recursos “para fortalecer las instituciones y las capacidades [de estos, y así tener] un mejor resultado a mediano, corto plazo”. 
• Hay un seguimiento de recursos de este subsidio, pues se supervisa desde la implementación hasta el cumplimiento de los objetivos de esos recursos. Se concretan los proyectos a realizar cada año entre autoridades locales y federales.
• Es el único subsidio federal que ha bajado dinero para temas de prevención de la violencia en los municipios. 

El impacto en la prevención de la violencia

Foto: Marlene Martínez

Susana Flores Beltrán, directora de la secundaria “Emma López Diaz”, cuenta en un testimonio obtenido antes de la pandemia por SARS-CoV-2 a LADO B que notó que el programa de jóvenes mediadores, en el que participaron Carlos y Juan, financiado por el Fortaseg, tuvo un efecto positivo en la escuela y en los alumnos, ya que cambió la actitud de quienes participaron.

Además, dicho programa, aparte de la capacitación como mediadores, consistía en charlas de prevención de violencia con padres, maestros y alumnos. 

La policía municipal realizó un diagnóstico de la escuela para identificar: tipos de violencia existentes; número y tipos de factores de riesgo y protección; nivel de acoso y ciberacoso; espacios donde se presenta la violencia, y percepción de seguridad en el interior y exterior del plantel.

Esta misma metodología se aplicó a finales de 2019 y principios de 2020 en otras 11 escuelas del municipio de Puebla. Sin embargo, ante el riesgo de que el presupuesto del Fortaseg sea eliminado, la continuidad de este programa en más escuelas desaparecería.

En este sentido, el director ejecutivo del CCSJ considera que si desaparece el Fortaseg se “reducen las posibilidades de que, en los municipios, en las localidades, haya también esfuerzos dirigidos hacia la prevención social de la violencia y la delincuencia”. Pues a pesar de que el Fortamun y FASP son subsidios que pueden utilizarse en programas de prevención, el Fortaseg es más específico para ese fin.

“El FASP y el Fortamun, son más bien subsidios del ramo 33, donde la bolsa va repartida para un sin número importante de ámbitos [como educación, salud, combate a la pobreza], no nada más la seguridad”.

Asimismo, apunta que el tema de prevención ha sido abandonado no sólo a nivel estatal sino a nivel nacional.

De Garay comenta en cuanto a esto que, si bien desde el sexenio anterior se recortó de manera importante el presupuesto para la prevención de la violencia, la situación se ha agravado pues en esta administración se continuó con la reducción del presupuesto a nivel federal. 

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“El presidente lo ha dicho muchas veces: no cree en los programas de prevención; él cree que la única forma de poder atender las causas de la violencia es mediante programas de asistencia social [a pesar de que estos no se centran exclusivamente en la prevención] y por eso está llevando todos los recursos ahí”.

De acuerdo con de Garay, ante la posible desaparición del Fortaseg, una opción para financiar los programas preventivos, podría ser que el estado asuma el gasto a través de sus Centros Estatales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. También puede jalar recursos del Fortamun, ya que es un subsidio en el que el 20 por ciento se puede destinar a seguridad.

Sin embargo, “en términos generales, la situación es bastante complicada para poder invertir en una política basada en mejores prácticas de prevención”, afirma de Garay.

El enfoque en las fuerzas armadas y la Guardia Nacional

Foto: Marlene Martínez

Contrario a lo que sucedió con los subsidios federales en materia de seguridad, en el PPEF 2021 se reafirma que la apuesta en materia de seguridad es por las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. De acuerdo con lo documentado por México Evalúa, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a diferencia del presupuesto para 2020, contará con un aumento del 23.2 por ciento, es decir, 112 mil 600 millones para 2021.

En el caso de la Secretaría de Marina (Semar) se contempla 3.94 por ciento más de presupuesto, por lo que en total contará con 35.4 mil millones de pesos.

No obstante, el aumento más grande será para la Guardia Nacional, ya que el PPEF 2021 le otorgará un 62.9 por ciento más de presupuesto que lo contemplado para este año, acumulando un total de 35.7 mil millones de pesos.

Alejandro Espriú enfatiza que es preocupante el “esfuerzo por fortalecer la reacción, es decir (…) [poner atención en] las fuerzas armadas y la Guardia Nacional,  [en vez de] una política integral que prevé tener acciones y actividades de prevención”.

Por su parte, el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa considera que, para el final de este segundo año de la nueva administración federal, ha quedado bastante claro que las estrategias de seguridad van más enfocadas a una militarización.

“Ahora es más preocupante el control del ejército y la marina de puestos de aduanas. Creo que esto ya es un claro ejemplo de que, en la visión del presidente López Obrador, el ejército y la doctrina militar [son fundamentales en] su estrategia para la seguridad, en detrimento de las opciones civiles”, concluye el especialista.

*Foto de portada: Marlene Martínez