Un año atrás, en un polémico operativo en el que participaron el Ejército y la Guardia Nacional el tercer jueves de octubre en Culiacán, fuerzas federales capturaron y liberaron a Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, en medio de un enfrentamiento que cimbró con terror la capital sinaloense. Un año después, también el tercer jueves de octubre, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, quedando bajo arresto en la ciudad estadounidense. Vaya coincidencia.

La aprehensión del general Cienfuegos representa un duro golpe para la administración anterior, específicamente para el expresidente Enrique Peña Nieto, tal y como lo constituye el juicio que enfrenta Genaro García Luna al sexenio de Felipe Calderón. Pero el fuerte impacto de la noticia que ha sacudido al país alcanza también al actual gobierno, que ha hecho de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, la columna vertebral de su gestión. Con altos índices de confianza entre la población, esta institución ilustra, además, lo que el presidente espera del equipo con el que gobierna: obediencia.

A la fecha, sin que se hayan completado siquiera los dos primeros años de una Cuarta Transformación que tristemente no se entiende ni se explica sin las Fuerzas Armadas, el Ejército continúa al frente de la seguridad pública en zonas importantes del país, vigila las fronteras con el fin de frenar el paso de personas centroamericanas a los Estados Unidos, combate el robo de combustible y custodia pipas, escolta la entrega de programas sociales, instala y administra viveros, distribuye equipo e insumos médicos, remodela hospitales y construye el aeropuerto de Santa Lucía, sucursales del Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y tramos del Tren Maya.

La Marina, por su parte, ha asumido el control de puertos y aduanas, elabora junto con el Ejército trajes para el personal médico que tiene contacto con personas diagnosticadas con COVID-19, coadyuva en la vigilancia de las fronteras, y atiende y combate el problema del sargazo.

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Pasan los días y las Fuerzas Armadas acumulan encargos desde Palacio Nacional o son notoriamente protegidas por el halo presidencial. La muestra reciente tiene que ver con la manutención de cuatro fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y un incremento descomunal en sus fondos, al tiempo que se libra una seria y alarmante batalla sobre la extinción de 109 fideicomisos destinados a la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte y la protección de derechos y personas, incluidas víctimas de la violencia de la que han sido responsables tanto la Sedena como la Secretaría de Marina.

No hace falta intentar tapar el sol con el dedo. Si en alguien confía Andrés Manuel López Obrador es en los soldados y los marinos. Por ello la captura de quien estuviera al frente de la Sedena hace apenas unos años durante el sexenio de Peña Nieto, pone bajo la sombra a los principales aliados del presidente, eleva las alertas en torno a la corrupción en su interior y redimensiona el debate acerca de la necesidad de fortalecer los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

Fue la voz del general Cienfuegos, de hecho, la que a finales de 2016 –justo en el periodo en el que el militar habría conspirado para traficar drogas y efectuado operaciones financieras de dudosa procedencia– catalizó la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior, ese proyecto de militarización de la seguridad pública que estuvo atorado varios años, terminó validándose por ambas cámaras legislativas en diciembre de 2017 y fue declarado inconstitucional un año después por la Corte, en noviembre de 2018. Un día antes, por cierto, al presentar su Plan Nacional de Paz y Seguridad como presidente electo, López Obrador desconoció sus promesas, dio un giro de 180 grados y propuso la creación de una Guardia Nacional con mando y adiestramiento militar; una Guardia Nacional que desde el pasado 6 de octubre, en un abierto fraude al texto constitucional, habría pasado a depender directamente de la Sedena.

De entonces a la fecha la militarización no sólo se ha agudizado, sino que como se ha detallado se ha expandido a otros ámbitos de la vida pública. Con corte a julio de este año, las Fuerzas Armadas habrían desplegado 61 mil 795 elementos para el cumplimiento de tareas adicionales a su quehacer en materia de seguridad. A manera de contraste, hacia las mismas fechas la Guardia Nacional disponía de un total de 96 mil efectivos.

A reserva del juicio que siga a la detención del general Cienfuegos, el gran velo que deja caer este episodio es el que cubría a los altos mandos del Ejército de su complicidad con el narco y el crimen organizado. A diferencia de lo que se cree y pronuncia desde la tribuna presidencial, el color verde olivo no garantiza el blindaje, mientras que, como afirma Alejandro Hope, analista de seguridad, su expansión a otros ámbitos sí hace evidente la fragilidad de los instrumentos de control y supervisión que existen alrededor de su despliegue.

En este contexto y a falta de la discusión que ha sido pospuesta en la Corte, una buena noticia es el amparo ganado por la organización México Unido Contra la Delincuencia contra el acuerdo militarista que publicó el Ejecutivo federal el pasado 11 de mayo, facultando a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública sin los controles necesarios. Para el juez federal que analizó este recurso, el acuerdo es inconstitucional al no atenerse a que la participación del Ejército y de la Marina sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, como quedó estipulado en la Constitución.

Hasta hoy, los resultados de la militarización de la seguridad han sido contraproducentes. Si esa tendencia se llega a repetir en los otros campos en los que las Fuerzas Armadas ganan espacio y protagonismo, tengamos cuidado.

*Foto de portada: @SEDENAmx | Twitter