La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla
La pandemia del COVID-19 ha explicitado el control poblacional a través de la gestión de recursos de supervivencia limitados, se han desarrollado algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir quién debe sobrevivir y quién no a partir de imaginarios sobre el bien común
Por Lado B @ladobemx
13 de octubre, 2020
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Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

Desde que llegó el COVID-19 ciertamente nada es igual que antes, la cruda realidad que se venía creando día a día provocada por el capitalismo desenfrenado que vivimos en casi todo el mundo nos llevó a tener las cifras de terror que tenemos ahora. Hoy en día prácticamente todos los seres humanos del planeta estamos siendo afectados por la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus. Esa incertidumbre nos está haciendo añorar las crisis globales que teníamos antes de estar en esta crisis, pues como bien dicen muchos analistas, el mundo ya estaba en crisis antes de esta crisis, estaba en llamas, en un deterioro ambiental catastrófico, con millones de personas sin posibilidades de sobrevivir y el resto apenas sobreviviendo, con un 1% de excepción.

 La crisis de un mundo en crisis

Más allá de las teorías de conspiración sobre el origen del virus (desde los estofados de murciélago hasta la guerra biológica), la realidad es que nadie estaba preparado. Prácticamente todos los países del mundo tuvieron que tomar medidas para enfrentar la llegada del virus o para tratar de retrasarla o aplanar la ya paradigmática curva de contagios. Algunos países han tenido reacciones más ágiles y efectivas que otros, pero la realidad es que ningún país parece salvarse.

La crisis sanitaria y humana que estamos viviendo en el mundo está siendo aprovechada sin duda para controlar a la población, aumentar la polarización en cada país y a nivel global, pasar leyes que en otros momentos habrían provocado mayores reacciones sociales, militarizar la vida social y la seguridad pública, vender, especular y continuar con la misma lógica que nos ha dejado en dónde estamos a nivel social, político, económico y ambiental.

Las respuestas de cada país, de cada persona, han sido diversas y hasta paradójicas, toda crisis grave saca lo peor y lo mejor de la humanidad, como señalaba en una plática Rodríguez Lascano “cada uno comienza a elaborar sus criterios de supervivencia, unos quieren asegurar papel de baño, pero otros se cuestionan una vieja forma de relación social y enseñan una solidaridad horizontal”.

En muchos aspectos, la pandemia, como apunta Zibechi (2020), acelera tendencias preexistentes que van desde la interrupción de la integración económica y el debilitamiento político del sistema hasta profundas transformaciones psicológicas y culturales.

Algo que es importante apuntar es que esta pandemia pudo haberse prevenido, no la aparición del virus, los contagios iniciales, tal vez ni siquiera su expansión por algunos países, pero sí su dimensión global y su letalidad. Como señaló Ramonet (2020) Vietnam es un ejemplo interesante pues con unos cuantos contagios estableció estrictas medidas de distancia y logró controlar el brote en cuestión de semanas y sin un gran número decesos. Otros casos interesantes de reacción temprana son Nueva Zelanda y Cuba. Había la experiencia, la información y las advertencias necesarias para que el mundo, y sobre todo la economía capitalista, aceptara con humildad una pausa en su avance devastador y evitara el número de muertes que se está registrando. Pero lo que se hizo se hizo tarde y con la excusa de la sorpresa y esto ha tenido efectos graves.

A lo largo de la pandemia hemos escuchado reiteradamente la contraposición entre medidas sanitarias orientadas a evitar contagios, en particular las medidas de distancia social, y la economía global que aparentemente requiere volver a las actividades habituales y a la interacción directa entre personas, lo que ha planteado un aparente dilema entre salud y economía. El argumento de las medidas médicas y sanitarias para salvar vidas es directo, la distancia evita contagios, evitar contagios salva vidas. El argumento en favor de la reactivación de las actividades económicas es completamente indirecto, es decir que se basa en la idea de que la reactivación económica, la producción y el consumo, implica evitar el crecimiento del desempleo, de la pobreza y que eso resulta en mejores condiciones de supervivencia para todos. Plantea la idea de que la economía global salva vidas, tantas o más que el evitar contagios. Como si el sistema económico predominante antes de la pandemia beneficiara a todos.

La lógica neoliberal tiene un fuerte componente de sacrificio de poblaciones que dentro del cálculo de costo-beneficio para la economía considera menos valiosas y por lo tanto descartables, como lo señala puntualmente en una entrevista Mbembe (Bercito, 2020). Meses después del inicio de esta crisis podemos ver cómo en muchos países los gobiernos están privilegiando la economía por encima de la salud, desde los rostros más grotescos, como el de Trump y Bolsonaro, hasta los llamados gobiernos progresistas. La mayoría han optado por salvar la economía, por presionar a la reapertura de la producción, por invitar a consumir, y por hacerlo con medidas sanitarias de protección individual (cubrebocas, lentes, guantes, etc.), por comenzar a acostumbrarnos a lo que llaman una “nueva normalidad”.

Las medidas sanitarias de distancia implican una protección colectiva en donde como dice Marcos Roitman el no salir no solo implica cuidarme yo de no contagiarme, sino también el cuidar que yo no contagie a otros, la distancia es una medida de protección colectiva, sobre todo en los numerosos casos asintomáticos que parecen ser característicos de este coronavirus. Estas medidas implican que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que todos tengan las mejores condiciones posibles de supervivencia dentro de la lógica del distanciamiento y que los propietarios o socios de las empresas privadas asuman costos por mantenerse inactivos durante un tiempo. Existe también la posibilidad de establecer medidas extremas de distancia sin prever las condiciones de supervivencia de la población más vulnerable, sobre todo aquella que vive día a día de la economía informal.

La reactivación de las actividades económicas presenciales implica un aumento en la interacción directa entre personas y por lo tanto una mayor exposición de la población al contagio del virus, por lo tanto requiere un énfasis en la protección individual. Esto exime a las empresas privadas de tener que asumir costos por las medidas de protección y hace dispensable la necesidad de que los empleadores asuman medidas de protección de la salud de los empleados. Asimismo, el Estado puede desafanarse de la necesidad de asumir la responsabilidad directa de que todos tengan los medios indispensables de supervivencia.

La pregunta aquí es cuántos Estados tienen aún las condiciones institucionales para asumir medidas de protección colectiva ante la pandemia, y cuántos están dispuestos a asumir los costos políticos y económicos. Lo que ya se percibe como una realidad en construcción es un nuevo ciclo de operación de los dos binomios en el proceso del capitalismo neoliberal que identificaba el Subcomandante Marcos hace más de veinte años: destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento.

El Estado de Malestar en la Cuarta Guerra Mundial

La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla

Foto: Marlene Martínez

Desde hace décadas se fue instalando lo que Rodríguez Azueta (2019) llamó el Estado de Malestar después de que se fue desmantelando su opuesto, el Estado de Bienestar, así que ya teníamos normalizada la anormalidad que implicó que el Estado no gestionara la vida sino la muerte. Esto es lo que los zapatistas en 1997 llamaron la Cuarta Guerra Mundial, considerando que la Guerra Fría fue la tercera. Para ellos esta Cuarta Guerra es la peor y la más cruel, una que el neoliberalismo libra contra la humanidad. En esa guerra la política se convirtió en organizador económico, ya no en organizadora del Estado nacional. El crimen organizado fue penetrando los sistemas políticos y económicos de los Estados nacionales, las medidas económicas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional impuestas después de la crisis de la deuda mundial de los ochentas agudizaron las crisis de los negocios legales, la crisis de la deuda mundial provocó que los países “subdesarrollados” presentaran una reducción en sus ingresos dando pie al origen de una economía ilegal para llenar el vacío dejado por la caída de los mercados nacionales.

Antes de la llegada del SARS-CoV-2 ya habíamos presenciado rescates económicos y bancarios a costa de la gente. La economía que se instaló entonces ha estado basada y sostenida en la desigualdad. La lógica brutal de la etapa neoliberal del capitalismo trajo consigo una creciente gestión burocrática de la barbarie que se sintetiza en lo que Rodríguez Lascano (2017) define como la nueva ideología del dominio: la guerra humanitaria.

El año 2001 marcó el auge de los estados de excepción permanentes y de la seguridad como derecho supremo a reclamar, además de como fuente primaria de legitimidad. Poco a poco esta lógica se ha matizado entre escándalos por crímenes de guerra (reconocidos y no) y por la crisis de 2008 que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero global y la voracidad de las corporaciones transnacionales. Pero esas coyunturas que han evidenciado la brutalidad y la debilidad de los Estados se han enfrentado con la agudización de las condiciones que las provocaron. En el caso de la seguridad con el inicio de una guerra interminable en Medio Oriente y con la criminalización de quienes denuncian los actos atroces en esas guerras, como ocurre con el caso de Julian Assange. En el tema financiero la respuesta fueron costosos rescates que llevaron dinero público a bolsillos privados. Tanto la experiencia de 2001 en el campo de la seguridad como la de 2008 en el financiero nos enseña que una palabra que parece generar una aceptación casi mágica de las soluciones más aberrantes es “emergencia”.

Rajagopal (2007) señala que los estados de emergencia fueron un mecanismo para deslegitimar los movimientos de liberación en las colonias europeas y negarles a esos conflictos el estatus de guerra o de desafío al Estado, los reducía a situaciones que requerían el restablecimiento del orden. Por otra parte, el estado de emergencia permitió eliminar la aplicabilidad de normas jurídicas internacionales que podrían tener efectos en una situación normal de desorden interno.

Existen algunas normas internacionales como los Principios de Siracusa adoptados por la ONU en 1984 que establecen algunas disposiciones que deben aplicarse cuando por una declaración de emergencia un Estado pretenda limitar o derogar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras cosas establece garantías que no pueden ser suspendidas como el derecho a la vida, a no ser torturado, a la libertad de pensamiento, entre otras, y establece criterios de necesidad, legalidad, racionalidad, proporcionalidad y temporalidad para las declaratorias de emergencia. Sin embargo, así como establece protecciones a ciertos derechos insuspendibles, también establece criterios para que los Estados puedan suspender otros derechos en situaciones que consideren de emergencia, aludiendo al mismo tiempo a la responsabilidad de los Estados en cuanto a lo “estrictamente necesario”.

Estas normas tienen una redacción general y están sometidas a los criterios geopolíticos que determinan su aplicabilidad como ocurre recurrentemente en el derecho internacional. A esto hay que agregar una catástrofe de la que deriva una emergencia genera un estado de conmoción en la población que la inmoviliza por lo menos temporalmente y que la hace susceptible a aceptar las acciones que determinen quienes aparentan tener el control (Klein, 2007). El estado de conmoción que produce la catástrofe, en este caso la pandemia, aumentado por la acción del Estado deriva en un comportamiento de socialconformismo (Roitman, 2020) que inhibe la conciencia y paraliza la posible acción colectiva en un estupor que se presenta como responsable. Todo esto permite que durante una catástrofe se dé el ambiente para que la gestión de la vida y la muerte quede en manos de quienes detentan el poder del Estado o están en condiciones de manipularlo.

La justificación de la violencia en nombre del desarrollo resulta en una argumentación capaz de socavar cualquier intento por frenarla desde el discurso de los derechos humanos, porque si bien es posible condenar a quienes cometen abusos puntuales, la causa estructural de esos abusos, los proyectos de desarrollo, suelen seguir su curso.

Una noción que resulta muy útil para referirse a la relación entre comercio y violencia en la economía política contemporánea es la de Necrocapitalismo (Banerjee, 2008) que establece que las formas contemporáneas de acumulación organizacional implican desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte. En el necrocapitalismo la violencia, el despojo y la muerte, son resultado del proceso de acumulación, ahí se generan espacios que parecen inmunes a la intervención legal, jurídica y política, provocando la suspensión de la soberanía. Las corporaciones aprovechan cualquier situación para implantar estados de excepción y beneficiarse económicamente de ellos. Aquí entran los desastres, las guerras que aplanan el camino para la posterior reconstrucción que implica el endeudamiento de los países y la ejecución de programas de ajuste.

El Triage Social: ¿salvar qué vidas para qué economía?

La pandemia del COVID-19 ha explicitado el control poblacional a través de la gestión de recursos de supervivencia limitados, se han desarrollado algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir quién debe sobrevivir y quién no a partir de imaginarios sobre el bien común o ideologías que resuelven el dilema ético de quién los merece y quién no.

El flujo de información a nivel global ha llevado a requerir y depender de algoritmos capaces de procesar grandes cantidades en poco tiempo que permiten a quienes diseñan y controlan esos algoritmos tomar decisiones. En este sentido, como dijo una vez Rodríguez Lascano, los algoritmos se han convertido en una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre en un mundo global y a la vez reforzar las relaciones de dominación. Los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve y a partir de ello decidir cómo actuar. La aplicación de algoritmos para problemas éticos y sociales implica aplicar rutas mecanizadas de decisión para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos. Esto a su vez implica analizar la base sobre la cual se construye esa ruta mecanizada, es decir su propósito y su origen contextual e ideológico.

Uno de los algoritmos ético-sociales más conocidos actualmente es el triage médico, que viene de la palabra francesa trier (filtrar, seleccionar, clasificar y separar lo útil de lo desechable) utilizada en la actividad agrícola, cuyo origen se atribuye al Baron Dominique-Jean Larrey, jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, que desarrolló un sistema para evaluar y clasificar la atención a los soldados heridos en batalla. La idea general es que en un escenario de múltiples víctimas provocado por un evento catastrófico la crisis, en términos médicos, tiene un protocolo claro de triage, de clasificación en grupos: los de fácil recuperación sin intervención, los críticos sin posibilidad de recuperación aún con una intervención y los graves con posibilidad de recuperación con una intervención.

Este es un proceso que se puede realizar en varios momentos que van desde el lugar en el que ocurrió el evento catastrófico hasta la atención hospitalaria. El criterio es simple y existen varias versiones y adaptaciones del algoritmo de triage para tomar estas decisiones, pero en el terreno la clasificación depende de los conocimientos científicos, capacidades técnicas y valoración ética de quien decide, y quien decide normalmente será médico o paramédico porque habitualmente son los que están socialmente (moral y legalmente) legitimados para tomar esa decisión.

Sjoberg Vaughan y Williams (1984) definieron el concepto de triage social como el mecanismo mediante el cual las burocracias gestionan a los sectores más desfavorecidos de la población. Mientras que en el triage médico, heredado de las guerras napoleónicas, los descartados por ser irrecuperables mueren, en el triage social, a los descartados, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a recursos, si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible para el bien mayor.

En el caso de la actual pandemia el triage ocurre en ambos sentidos, en el médico y en el social. Cada Estado ha definido criterios para adjudicar los recursos sanitarios limitados a la población afectada por el SARS-CoV-2. A partir de criterios de bioética definen algoritmos para otorgar o negar atención médica directa, hospitalización o respiradores artificiales. Por otra parte toman decisiones sobre las actividades económicas, y sobre cuáles se consideran esenciales, sobre a qué sectores favorecer con programas públicos, es decir sobre qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia.

En un estado de emergencia se hace explícito el triage como forma de poder y todo lo que está formalmente bajo el dominio del Estado se convierte en un espacio de excepción. Ahí y entonces, el que puede determinar la excepción y definir los criterios del triage, asume el control para decidir sobre los humanos como seres biológicos y de ahí determinar quiénes tienen la calidad de ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados (más allá de la documentación que tengan o no) merecedores de ayuda humanitaria o persecución policíaca, y quienes quedan como zombies, muertos vivientes.

En la emergencia específica de la pandemia, un criterio de triage es favorecer la protección del mayor número de personas de posibles contagios y evitando así que la demanda de servicios y recursos médicos supere los recursos existentes. Esto implica optar por ocupar mayores recursos públicos para asegurar la supervivencia de aquellos que dependen de la actividad productiva normal y presencial para sobrevivir. Además significa la reducción de ciertas formas de producción y consumo lo que implica una mayor presión sobre las empresas privadas en términos económicos y laborales, y a su vez una mayor presión política sobre los Estados.

Otra posibilidad es favorecer la producción y el consumo y asumir el riesgo de mayores contagios y la sobre saturación de los servicios de salud que inevitablemente deriva en más muertes. La decisión de priorizar la actividad económica sobre la protección de la salud implica considerar esenciales a los actores con mayor poder de generación de riqueza y considerar irrecuperables o descartables a amplios sectores de la población con menor relevancia económica.

El triage social presenta un algoritmo que permite a los Estados justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas en el que tienen que ver la gestión de la supervivencia y la discriminación de las poblaciones que rigen, igual que el médico o primer en un escenario de múltiples víctimas donde sus decisiones de triage médico le permiten justificar la muerte de aquellos que determina irrecuperables. En este punto es importante preguntarnos si esas decisiones, bajo la justificación del triage o no, en el contexto del necrocapitalismo, implican violaciones de derechos humanos y si estas implican crímenes de Estado.

La pandemia y los derechos humanos en crisis

La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla

Militares y agentes migratorios contienen protestas de quienes demandan agilidad en sus procesos en México. / Foto: Ángeles Mariscal | Otras Miradas

Las declaraciones de emergencia sanitaria están reemplazando a los derechos humanos como discurso de legitimación con uno de justificación sobre sus actos, el del triage social. La lógica del triage social funciona en la situación de emergencia como justificación ética de actos inhumanos y desplaza como discurso legitimador a los derechos humanos. Plantea una nueva narrativa hipócrita, que el cometer actos inhumanos en una situación como la de esta pandemia es justo y en defensa de la dignidad común.

En este punto resulta importante desenmascarar ese nuevo discurso hipócrita, lo que requiere demostrar que la lógica del triage social no es un manejo de recursos limitados en beneficio de las mayorías sino un mecanismo de eliminación o sacrificio de población desechable en beneficio de las minorías más poderosas y señalar la responsabilidad estructural de los Estados al llevar a cabo o favorecer actos inhumanos.

En la actual pandemia en múltiples casos no se ha respetado el derecho a la salud pública (la máxima salud posible para el máximo número de personas), pues desde antes de la pandemia las condiciones de acceso al agua potable, al saneamiento básico y a los servicios de salud eran de por sí precarias en muchas partes del mundo. Ahora con la crisis sanitaria ha muerto gente por no tener acceso a un sistema básico de protección de la salud.

Esto nos plantea muchas interrogantes hablando de derechos humanos, ¿Podríamos estar ante crímenes de lesa humanidad? Si se retoma lo que dicen los estatutos de la Corte Penal Internacional estaríamos ante los que entran en el inciso k) “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”

Es importante anotar que además de las cuestiones de salud y salud pública violatorias de derechos humanos hay un complejo contexto de conflictos bélicos o potencialmente bélicos previos al COVID-19 que entrelazan la geopolítica de la guerra y la economía con la de la salud pública. El bombardeo de Israel en contra del territorio palestino de Gaza en plena pandemia pasó prácticamente desapercibido, igual ocurrió con los ataques de Turquía a los suministros de agua del Kurdistán, y en general la guerra que se desarrolla en la región. Están también las señales de una intervención armada que la administración Trump amenazó (y amenaza) con lanzar sobre Venezuela, esto a pesar de los contagios entre personal naval de los portaaviones y destructores estadounidenses.

En otro campo, está el continuo bloqueo promovido por Estados Unidos, aún para asistencia humanitaria, en contra de Cuba e Irán, y los mini bloqueos que impuso a Alemania y Canadá, por lo menos en lo que respecta al abastecimiento de mascarillas N95. Habría que agregar también las medidas que han derivado en el reforzamiento de modos de control social, como ocurrió con la ley de seguridad China y sus implicaciones en Hong Kong.

En el campo del trabajo, algo que estamos viendo es que como resultado de la deslocalización del capital, la reproducción de la mano de obra en funciones no es indispensable, existe un ejército de reserva global que en el contexto de la pandemia permite reemplazar a los contagiados o muertos, como se ha visto en Brasil, India, Sudáfrica, México e incluso en Estados Unidos.

Además de las respuestas, oportunismos y problemas particulares entre los Estados y de los Estados frente a las poblaciones bajo su dominio o influencia, hay situaciones en las que los actos inhumanos han sido un patrón casi global. Las condiciones en las que se encuentra el personal sanitario son preocupantes a nivel mundial. Hasta este momento han muerto por lo menos 3,000 profesionales de la salud, según un informe de Amnistía Internacional.

Otra situación que se está viviendo también a escala global es la que padecen los presos ante la pandemia. Si de por si la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles en la mayor parte del planeta es muy fuerte, ahora con la pandemia el riesgo de contagio y de muerte es aún más alto. Desde casos en los que permiten esto por razones políticas como el de Julian Assange, hasta los de las personas presas por delitos comunes, la constante es que los seres humanos que viven en las cárceles parecen considerarse población desechable.

Los centros de detención de migrantes presentan las mismas condiciones que muchas de las cárceles en el mundo y por lo tanto los mismos riesgos de contagio. Esta población creciente en el mundo parece ser también parte de la inhumana lista de los desechables por partida doble, tanto por las condiciones que los expulsan de su país de origen, como por las condiciones con las que se encuentran en los países de destino. El COVID-19 está dando la pauta, la excusa perfecta para que se levanten muros como el que Trump pretende terminar entre América Latina y Estados Unidos, o como la fortaleza que se ha pretendido construir alrededor de Europa para separarlos de sus antiguas colonias en África y Asia.

Los pueblos originarios (como los de Latinoamérica, de Angloamérica y de otras partes del mundo) o las naciones no estatales o no reconocidas formalmente (como el Kurdistán o Palestina) para sobrevivir se ven ahora forzadas a enfrentar no sólo las amenazas que representan los Estados y los mercados sino también a tratar de contener los contagios y evitar más muertes.

¿Crímenes de Estado en la pandemia?

COVID-19

Foto: Abhilash Jacob | Pixabay

Se suele tener la idea de que un crimen de Estado se comete solo bajo regímenes explícitamente autoritarios o en situaciones de guerra, pero no. Generalmente implican actos que por su naturaleza se ocultan porque quien los cometió tiene a su mando el aparato punitivo, la impartición de justicia y el uso del monopolio de la fuerza, es decir que quienes los cometen tienen como garantía la impunidad.

Actualmente casi cualquier persona en cualquier parte del mundo reconoce que los Estados cometen violaciones de derechos humanos. Existe toda una aceptación respecto a la existencia de esa realidad. Pero si se pregunta si el Estado cometió un crimen entonces puede haber duda, rechazo o desconcierto.

Los crímenes de Estado son prácticas desviadas estatalmente organizadas (Green y Ward, 2004) que incurren en la violación de los derechos humanos. El término desviación es el comportamiento que infringe una regla, en este caso una regla estatal. Se da una práctica desviada cuando existe cierta aceptación de esa regla, cuando se interpreta ese acto como una violación de la regla y hay disposición de aplicar sanciones importantes o significativas contra el acto que violó la regla.

En la crisis del COVID-19 esa desviación es programada porque responde a una lógica de triage social. La desviación programada sumada a la muerte como esencia del necrocapitalismo produce la gradualidad de la muerte social. Las redes de poder que se alimentan del sistema capitalista-colonial- patriarcal necesitan del control de la vida y de la organización y programación de la muerte para sostenerse, necesitan establecer las condiciones de excepción para que los Estados cometan crímenes.

Bailone (2017) identifica estos como crímenes de poder, y los distingue de los crímenes de los poderosos como aquellos que cometió un individuo que es parte de la estructura estatal. Refiriéndonos a los crímenes ejecutados desde la estructura de poder estatal existe un debate en torno al castigo que hay en respecto a estos. Se les juzga en lo individual, cuando se les debería de juzgar en lo individual y estructural porque generalmente hay una relación entre los actos criminales y la cadena de mando. Hasta ahora no se pueden juzgar entes abstractos, aunque deberían de comenzar a sentarse modos para que esos actos sean juzgados de otro modo. Para Atiles-Osoria (2016) cuando estos crímenes son investigados y condenados se enfatiza en los individuos que cometieron la acción, no se condena el sistema ni las estructuras gubernamentales que generaron esas acciones y así se despolitiza la criminalidad estatal. Desde esa perspectiva politizarla sería darle sentido a que los actos son estructurales y se han posibilitado no solo por el Estado, sino como estamos viendo a nivel global por la implantación de un sistema que está implicando muerte y que está basándose en desechar gente.

Los crímenes de Estado se cometen bajo el peso de un discurso justificante (Zaffaroni, 2017), muchas veces en nombre de un bien general. Esos actos llevan por delante la negación de quiénes los han ejecutado (neutralización), que se manifiesta desde la negación literal: no pasó nada, la negación interpretativa: lo que ocurrió es realmente otra cosa, hasta la negación implicatoria: lo que sucedió es justificado.

La combinación entre las declaraciones de emergencia y la lógica del triage social pareciera dar la pauta perfecta para que la ejecución de actos atroces tenga una justificación tal que las decisiones inhumanas se expliquen con cierta normalidad y generando aceptación. Dentro de esta dinámica es necesario detenernos para preguntarnos si los actos cometidos en esa dinámica pueden estar configurando crímenes de Estado.

En unos casos se ha enfrentado priorizando la economía y se define como desechable a la población que los Estados consideran que obstaculiza objetivos económicos o que es reemplazable dentro de la actividad económica. En otros se prioriza el control de la movilidad y cualquiera que desafíe o no se someta al ese control es desechable, sobre todo si es parte de poblaciones previamente definidas como desechables, es decir, los de abajo. En ambos casos el elemento de control poblacional se acentúa con la emergencia para contener o eliminar a poblaciones que no responden, resisten o se rebelan a los propósitos de quienes detentan el poder del Estado y de quienes utilizan indirectamente el poder del Estado.

Las expectativas de que los gobiernos surgidos de procesos de izquierda, los llamados gobiernos progresistas funcionaran radicalmente distinto a aquellos provenientes de las derechas o los múltiples y ambiguos centros han resultado en grandes decepciones. Aunque las personas y grupos que llegan a convertirse en gobierno pueden modificar ligeramente las trayectorias de los Estados y de la dinámica social, están sujetos al mismo sistema, se vuelven parte de ese sistema, para llegar al poder y sostenerse pactan, acuerdan, responden a la misma dinámica. Algo que ha mostrado la pandemia es que los procesos que llevan a lógicas de triage social y a crímenes de estado no dependen de la ideología de unos cuantos funcionarios públicos, son un problema estructural, es un sistema que se alimenta del control y la gestión de la vida y la muerte.

Si consideramos que la pandemia está demostrando una situación ambiental que podría repetirse debemos de actuar en la lógica de sentar precedentes, no legales sino sociales, sentar actos de condena colectivos que cierren la puerta a que cada vez sea peor. La tendencia que ahora vemos de normalizar lo atroz debe ser detenida. Bolsonaro y Piñeira ya están estableciendo leyes que impiden que sus actos durante la pandemia sean juzgados. Entonces, las piezas están puestas. Decidir qué se puede aceptar como normal y qué no es algo vital y básico para enfrentar la crisis humana que atraviesa el planeta.

 En el continente americano se ha hecho evidente la incapacidad Estatal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia, tendiendo hacia formas autoritarias y arbitrarias de toma de decisiones, más allá de las cuestiones específicamente sanitarias y justificadas mediante discursos de triage social. Por otra parte hay una tendencia a aprovechar las condiciones de vulnerabilidad social de la crisis sanitaria para avanzar agendas que afectan a comunidades y sectores de la población que en el fondo consideran desechables, para salvaguardar el sistema económico capitalista o en favor intereses de minorías poderosas.

 En casos como el de Estados Unidos y otros que están en procesos electorales se ha mostrado que los intereses electorales y el abuso de poder provocan la minimización de la pandemia porque no les ayuda a continuar con sus campañas provocando que el modo de responder a la crisis sea básicamente sacrificando a la población. Hay los casos en los que la pandemia ha dado la pauta perfecta, la excusa para que el genocidio se disfrace y la causa de la muerte sea atribuida a hechos naturales, como parecen indicar con mayor claridad los casos de Brasil y Colombia. Para esto, los Estados cometen actos injustos y en muchos casos inhumanos, que además constituyen violaciones de derechos humanos y potencialmente crímenes de Estado, que en un ambiente de excepción como el que presenta una emergencia sanitaria de estas dimensiones permite encontrar justificaciones para actos que en otro momento se considerarían atroces.

La condena social a estos actos se ha manifestado de distintos modos, desde las protestas masivas en Estados Unidos, Bolivia y Chile, hasta la respuesta de desconfianza explícita de comunidades de protegerse solas por la historia de abusos en su contra por parte de policías y militares. Otra fuente de protesta muy relevante ha surgido de los médicos y del personal sanitario en casi todo el mundo, reclamando no sólo condiciones laborales y de seguridad mínimamente dignas para poder cumplir con su trabajo en la primera línea, sino también cuestionando las decisiones de quienes gobiernan.

Pero las preguntas y puntos expuestos anteriormente en torno a los crímenes de Estado son preguntas abiertas para ir trazando una ruta de respuesta, para que desde diversas geografías podamos caracterizar, identificar y señalar esos crímenes de Estado y que nos enlacemos para compartir y sobre todo, actuar.

¿Qué sigue?

Cuando vemos las respuestas estatales, la crisis del sistema, con la serie de atrocidades que hemos repasado, más una larga lista que no cabe en estas líneas, surge una imagen: la de una humanidad que viaja toda en un gran barco, el timón lo manejan unos irresponsables, desquiciados, borrachos de poder y ambición que nos llevan directo a una colisión catastrófica. Las preguntas y el desconcierto abundan: ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Peleamos por el timón? ¿Cerramos los ojos? ¿Esperamos un milagro? ¿Buscamos salir de ahí para ir a otra embarcación? ¿Improvisamos un bote salvavidas? ¿Nos lanzamos a nadar solos? La única respuesta que tenemos hasta ahora es que sabemos que ya no podemos seguir por ahí, o es trágicamente claro lo que va a pasar. Seguimos navegando a toda velocidad hacia la catástrofe y hemos agotado todo aquello que parecía funcionar y que por más que intentamos remendarlo, reacomodarlo, sigue siendo igual que lo que nos ha conducido a este punto.

¿Qué sigue?

Como dijera alguna vez el Subcomandante Marcos: “Tal vez la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad del sueño?’ debería ser acompañada de la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad de la pesadilla?’”

 

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Referencias

Atiles-Osoria, J. M. (2016). Crímenes de Estado Colonial: Apuntes para el Desarrollo de un Concepto Socio-Jurídico. Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies Volume 8, Issue 2, 1-19.

Bailone, M (2017, noviembre) Los fundamentos de la pena en los “Crímenes de Estado”: el poder (auto) punitivo legitimado por la criminología crítica, Revista General de Derecho Penal, No. 28, 1-20

Benach, J. (2013) “La salud de todos y sus causas. La salud pública, la equidad y sus causas: ¿de qué depende nuestra salud?”. En Cruz Roja (2013) Comprendiendo el derecho humano a la salud: la importancia de los determinantes sociales de la salud, Madrid: Prosalus y Cruz Roja Española, 19 – 30.

Bercito, D. (2020) Pandemia democratizou poder de matar, diz autor da teoria da ‘necropolítica’, Gauchazh. 31 de marzo.

 Green, P., y Ward, T. (2004). State Crime: Governments, Violence and Corruption. Londres: Pluto Press.

Klein, N. (2007) The shock doctrine, Toronto: Random House

Ramonet, I. (2020) La pandemia y el sistema-mundo, Le Monde Diplomatique en español, 25 de abril, en: https://mondiplo.com/la-pandemia-y-el-sistema-mundo (Revisado el 29 de abril de 2020)

 Rajagopal, B. (2007) El derecho internacional desde abajo, Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.

 Rodríguez Azueta, E. (2019) Seguranzas: La productividad política de los enemigos y el gobierno del miedo en el estado neoliberal. En Seoane, J. y Roca Pamich, B. (comps.) Salir del neoliberalismo, Buenos Aires: Batalla de Ideas

 Rodríguez Lascano, S. (comp.) (2017) Escritos sobre la guerra y la economía política, Ciudad de México: Pensamiento Crítico Ediciones.

 Roitman, M (2020) Coronavirus, una pandemia muy oportuna, La Jornada, 15 de Marzo

Subcomandante Insurgente Marcos (2004, septiembre) La velocidad del sueño. Primera parte: Botas. [Comunicado], en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2004/10/01/la-velocidad-del-sueno-primera-parte-botas/ (Revisado el 9 de agosto 2020)

Sjoberg, G., Vaughan, T. R., & Williams, N. (1984). Bureaucracy as a moral issue. Journal of Applied Behavioral Science, 20, 441-453.

Zaffaroni, R. (2017). El crimen de estado como objeto de la criminología. Criminología y Sociedad, No. 2 y 3.

Zibechi, R. (2020) Tiempos de colapso: los pueblos en movimiento, Bogotá: Ediciones Desde Abajo

 

*Foto de portada: Freepik

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