La historia, vista desde afuera, empieza así: el lunes 7 de septiembre la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco anunció el despido de la entonces secretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, y dijo que se haría una investigación a la dependencia por presuntos actos de corrupción. El mismo día fue retirado de su cargo el director de Medio Ambiente, Ismael Cuoto Benítez.

Unos días antes, el 31 de agosto, David Letipichía Castro, director de Desarrollo Urbano del municipio presentó su renuncia entre acusaciones de corrupción por la entrega de mil 100 permisos de construcción de manera ilegal, y cobros indebidos de permisos y trámites. 

La mañana que la alcaldesa anunció los despidos de los funcionarios también dijo que se haría una auditoría “profunda, amplia y rigurosa en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad que limpie de una vez por todas este espacio que durante muchos años ha servido para la corruptela, para la corrupción entre funcionarios y empresarios inmobiliarios, lo que incluso se le denominó el cartel inmobiliario”. A un mes del anuncio aún no hay resultados de la auditoría.

El anuncio de la presidenta se produjo luego de roces con la administración estatal, días antes el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, había asegurado que el ayuntamiento capitalino había emitido alrededor de mil cien permisos de construcción de manera ilegal, pues ya había expirado un convenio entre los dos órdenes de gobierno que les facultaba.

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Después de los despidos, renuncias y denuncia formal del Ayuntamiento, el tema ahora está en la cancha de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Pero esto, en realidad, empezó mucho antes.

Una cadena de moches

“Un caso que se dio fueron 100 mil pesos por una ampliación de 200 metros de una construcción en un parque industrial de la ciudad. Nos pidieron 100 mil pesos para que saliera el trámite, pero bueno, yo nada más estuve viendo, no intervine, pero esa lana sí se entregó”. 

Este es el testimonio de una persona que cuenta a LADO B, pidiendo la reserva de su nombre, lo que pasaba dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y continúa:

“Me da mucho coraje; en ese momento me dio rabia cómo esas personas cobran tanto cuando uno, con mucho trabajo … y ellos nada más porque dicen, se llevan 100 mil pesos, se me hace absurdo. Pero las otras personas lo hacen porque tienen compromisos, tienen paradas muchas inversiones, y no les queda de otra”.

Lo que pasaba en el Centro de Atención Municipal (CAM), lugar donde se hacían los trámites, era una cadena de pequeños actos de corrupción que empezaban desde afuera del edificio y por supuesto en ventanilla. 

La persona con la que se habló contó también que el repartidor de turnos aceptaba desde un refresco hasta 100 pesos por conseguir turnos para trámites restringidos, algunos capturistas aceptaban lo mismo para ingresar el expediente. “Obvio ya debes tener turno, pero para qué te vas a esperar, mejor déjaselo a ellos y te lo ingresan”.

Algunos jefes de área tenían un trabajo aparte: “Ya se sabía que si tenías trámites difíciles… mejor dáselo a ellos. Tenían sus gestores afuera repartiendo volantes”. 

Y en cuanto a los directores, el uso de suelo era entregado personalmente por ellos. Le pedían ir al representante acreditado y ya en la plática ofrecían los servicios de gestión directamente. Para la entrega de licencias, había una lista, para la cual había que dar dádivas pequeñas y obsequios, la lista “para los cuates”. 

“Si no eres de los cuates te dicen que regreses mañana, que no encuentran tu expediente, que ya te nombraron y no escuchaste, y tampoco puedes checar más de un expediente: si eres cuate, tendrás privilegios”.

En un caso previo a la pandemia, para sacar una licencia de uso de suelo en un mercado se le pidió a la persona 160 mil pesos en efectivo.

Aunque fue en esta administración que se destapó la situación que se vive en la dependencia municipal, la corrupción ahí anidada no es nueva.

El banco de tiro

Foto: Marlene Martínez

Más allá de la corrupción hormiga, lo que que destapó las inconformidades y denuncias que derivaron en la destitución y la auditoría fue lo ocurrido con el banco de tiro. Un trámite que corresponde al gobierno del estado, y tiene que ver con el lugar donde se depositan los residuos sólidos y escombro de una construcción, pero desde hace algunos años cobraba el ayuntamiento.

Carlos Arellano Vázquez, director del colegio de arquitectos de Puebla, explicó a LADO B que para obtener una licencia de construcción hay una serie de pasos y requisitos, uno de ellos es el pago por el servicio del banco de tiro. 

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Arellano Vázquez explicó que para agilizar el procedimiento se hizo un expediente único para obtener la licencia de construcción, que ahorraba tiempo y dinero al hacer todo directamente con una sola autoridad, incluyendo el pago por el banco de tiro.

Sin embargo, ese convenio ya no se renovó en julio del año pasado, cuando concluyó el periodo del gobierno interino. Y fue hasta septiembre que se pidió la renovación y o la formulación de uno nuevo, en ese periodo se mantuvo el cobro en el ayuntamiento, y se siguió con él, a pesar de que las peticiones de renovación no fueron atendidas por el estado.

Fue durante el transcurso de este año que empezaron los conflictos e inconformidades de parte de los constructores pues se dieron cuenta que el trámite del banco de tiro, que habían pagado ya, no se los estaban haciendo efectivo. Esto les obligaba a volver a hacer el trámite, pero ahora con el gobierno estatal, alargando el procedimiento una, dos o tres semanas, o hasta más.

María Fernanda Campos Mendoza, secretaria administrativa del Consejo del Colegio de Arquitectos de Puebla, dijo a LADO B que esto ha tenido consecuencias negativas para todo el sector inmobiliario.

“Nos perjudica a nosotros, a todos. Por ejemplo, en mi grupo de trabajadores albañiles y contratistas no hemos podido empezar obras nuevas, toda vez que no han salido licencias de construcción y, por consecuencia, no se está generando trabajo. Y todo esto repercute en la economía de varias [personas]. La caída del trabajo y los ingresos van en cascada. Les he preguntado a mis amigos colegas arquitectos, y todos comentan que no hay obra, no hay chamba; están detenidas muchas cosas de la construcción porque no salen las licencias de construcción, no salen los permisos”.

La arquitecta explicó que muchas de las obras que ya estaban empezadas y que han sido terminadas en este tiempo, pero de las cuales no se ha podido obtener el documento de terminación de obra, no se pueden finiquitar o no pueden salir para compra-venta directa o para créditos hipotecarios.

“Los inversionistas no quieren por el momento invertir en el sector de la construcción aquí en Puebla y se están yendo a otros estados. Al final, si ellos no recuperan sus inversiones prontamente, por la burocracia de nuestro estado, tienen que emigrar sus inversiones a otro lugar donde el retorno de lo que invirtieron sea más rápido”.

“Una mejor gestión”

El subsecretario de Gestión Ambiental, Santiago Creuheras Díaz, explicó a LADO B que la decisión de ya no renovar el convenio con el ayuntamiento para el trámite del pago del banco de tiro se debe a que se decidió trabajar sobre una estrategia para el manejo de los desechos de construcción y crear una dirección de gestión de residuos dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot). 

Por eso, desde el 31 de julio el convenio se venció y no fue renovado por decisión del ejecutivo  estatal. 

“Hubo diversas reuniones y comunicaciones donde el gobierno del estado atendió al municipio de Puebla; en diversas ocasiones se les manifestó que no había ninguna intención por parte del gobierno del estado de volver a firmar un convenio para hacer estos trámites”, afirmó Creuheras Díaz.

Aunque fuentes al interior del ayuntamiento también apuntan al conflicto político y el constante enfrentamiento entre las dos administraciones como una de las razones que motivaron que el convenio ya no se renovara.

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Por su parte, Damián Romero, consejero jurídico del Ayuntamiento de Puebla, explicó a LADO B que, a partir de la remoción de la ex titular y otros dos funcionarios, se inició una auditoría de todos los procesos que se llevan a cabo en la dependencia, lo que implica la revisión de todas las licencias y permisos otorgados tanto para obra pública como privada. El resultado de esta revisión está en manos de la contraloría, pero también de la propia FGE.

SI hubo delito o no es tarea de la Fiscalía, dice el funcionario, y que como la investigación que ya está en curso, por ahora no se pueden dar más detalles. 

Se pidió a la Fiscalía información sobre el avance del caso, la persona encargada de la relación con la prensa de la FGE respondió a esta casa editorial que hasta el momento no hay indicaciones de difundir información al respecto.

*Foto de portada: Marlene Martínez