Yvette Sierra Praeli

Este año ocurrieron dos asesinatos de líderes indígenas de las comunidades nativas en Puerto Inca, Huánuco, y Puerto Bermúdez, Pasco. A estos hechos de violencia se suman las amenazas de muerte registradas en los últimos meses.

“Tengo miedo”, repite más de una vez Carla del otro lado del teléfono. Nos pide por seguridad mantener su nombre en reserva. A su esposo, un líder indígena cacataibo que luchaba por la titulación de su territorio, lo mataron este año en Puerto Inca, Huánuco, mientras estaba en el campo concentrado en sus labores de caza y pesca.

La vida de Carla, como la concebía antes del asesinato de su esposo, no existe más. Se ha visto obligada a abandonar su trabajo, su casa y a dejar la comunidad para proteger su vida y la de sus hijos. “Te voy a matar”, le gritaron en la calle el 24 de agosto mientras se dirigía a una diligencia judicial. La amenaza provino de una persona que pasó muy cerca de ella a bordo de una motocicleta. Su voz se quiebra, se queda en silencio, pero unos segundos después retoma la entrevista para denunciar la violencia a la que está expuesta.

“Me dicen que tenga cuidado -dice Carla- porque estoy chocando fuerte con narcotraficantes, invasores de territorios y sicarios. Por eso tengo miedo”. Asegura que, desde la muerte de su esposo, las incursiones de los invasores dedicados al cultivo ilegal de coca han aumentado.

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Estos ataques recientes y asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en Perú han llegado hasta Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, quien el 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.

El documento está firmado también por la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay.

Asesinatos en Puerto Inca

El líder asháninka Gonzalo Pío Flores fue asesinado en mayo de este año/ Foto: Federación Internacional por los Derechos Humanos

Un disparo acabó con la vida de Arbildo Meléndez Grandez el 12 de abril de 2020. Era jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu, en la provincia de Puerto Inca, límite entre las regiones Ucayali y Huánuco, y defendía su territorio de la incursión de narcotraficantes.

Sandra Jesús Olivera Lara, asesora legal de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), a cargo del caso de Arbildo Meléndez, señala que el responsable del crimen –quien confesó el delito– forma parte de una organización criminal. “El eje central de este caso es el tráfico de terrenos y el tráfico de drogas. En Puerto Inca se invaden terrenos de zonas alejadas para el cultivo de coca ilegal”, comenta la abogada.

A Olivera le preocupa que el Ministerio Público considere el caso como homicidio culposo y que haya dejado en libertad al acusado tras dictar comparecencia restringida. La abogada sostiene que lo que correspondía era prisión preventiva.

Son varias las voces que apuntan al tráfico de drogas detrás de este asesinato. Uno de los líderes de la comunidad nativa Unipacuyacu, a quien llamaremos José por seguridad, señala que existen grupos organizados que invaden y trafican con las tierras de las comunidades nativas. Llegan a estos territorios, indica, se instalan bajo la apariencia de ser ganaderos o productores de cacao, pero en realidad destinan estos campos al cultivo ilícito de hoja de coca.

“Estamos invadidos por estas personas que se dedican a los cultivos ilícitos. Pero aquí, hablar de narcotráfico es peligroso”, confiesa José, quien también ha recibido amenazas. En Unipacuyacu –narra el indígena cacataibo– tienen la esperanza de que la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayude a combatir la situación de inseguridad que viven en Puerto Inca.

El asesinato de Arbildo Melendez no ha sido el único ocurrido en esta comunidad nativa del pueblo indígena cacataibo. José recuerda el asesinato del agente municipal Segundo José Reátegui Oyos y de su hijo de cuatro años ocurrido en mayo de 2010, así como otros dos crímenes ocurridos en los años siguientes.

Estos episodios de violencia han corrido en paralelo a los esfuerzos de la comunidad por lograr la titulación de su territorio. Han pasado ya dos décadas y aún no lo han conseguido. José cuenta que cada vez que avanzan en el proceso, llegan amenazas y asesinatos que paralizan cualquier trámite. “Ocurrió en el 2010, cuando estaba todo listo y coordinado con las autoridades para hacer un recorrido en nuestro territorio. Luego de varios años logramos nuevamente que accedan a ingresar y sucedió otro asesinato. Así nos mantienen amedrentados para no avanzar en la titulación”, lamenta.

El líder indígena menciona que de las 23 mil hectáreas que corresponden al territorio de la comunidad, por lo menos la mitad han sido invadidas por colonos que se instalan en los bosques aprovechando la falta de título de propiedad de la comunidad.

Según un informe realizado por la ORAU y la organización Amazon Watch –organización dedicada a la protección de la selva tropical y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía–, además del agente municipal asesinado en el 2010, ese mismo año desapareció Manuel Tapullima, testigo del crimen. En junio de 2016 ocurrió otro asesinato, en esa ocasión fue Justo Gonzáles Sangama, abuelo político de Arbildo Meléndez.

Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en Perú, asegura que el problema de titulación es clave en las comunidades ubicadas en Puerto Inca, y lamenta que en esta zona se haya incentivado la titulación de predios individuales para colonos. “Los dirigentes indígenas -precisa Pinto- nos cuentan que esta zona de frontera entre Huánuco y Ucayali se está convirtiendo en tierra de nadie”.

Los invasores muchas veces aparecen como pequeños agricultores y así es como logran obtener los títulos de propiedad y arrebatarles las tierras a las comunidades, explica el representante de Amazon Watch. “Hay una alerta de que en la zona se están instalando cultivos ilegales y de que los que hacen esta actividad han tenido el apoyo de instituciones públicas para la titulación individual”, indica.

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*Foto de portada: Expertos indican que el narcotráfico del VRAEM se ha extendido hacia la franja entre Puerto Inca y Puerto Bermúdez / Foto: Federico Cisneros | Mongabay Latam