La Resurrección, una larga lucha contra el despojo
A más de tres años de haber iniciado una lucha contra el despojo de 170 hectáreas de cultivos, los habitantes de la junta auxiliar de La Resurrección siguen en la incertidumbre jurídica
Por Marcos Nucamendi @MakoNucamendi
14 de septiembre, 2020
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Sabina Torres y Marcos Nucamendi

Los habitantes de La Resurrección, Junta Auxiliar de la ciudad de Puebla, se encuentran en la incertidumbre jurídica desde hace tres años. De un día para otro una buena parte de sus tierras amanecieron bajo el nombre de una persona ajena a la comunidad. 

A la fecha, las autoridades municipales y estatales no han podido dar solución efectiva a un conflicto que no sólo trastoca los límites territoriales de la comunidad nahua, sino su misma identidad y posibilidad de futuro.  

Fue en 2014 que Carlos Juárez Camacho –de quien no hay referencias claras en fuentes públicas– inició un juicio para que le fueran reconocidas alrededor de 170 hectáreas que había comprado a dos particulares, y que forman parte de esa Junta Auxiliar. 

En 2017, luego de obtener el fallo favorable del Juzgado Primero en Materia Civil, Juárez Camacho escrituró la propiedad ante la Notaría No.19 y la ingresó al Registro Público de la Propiedad, bajo el folio electrónico 0427238-1.

En ese movimiento quedaron incluidas cerca de nueve hectáreas que pertenecen al Panteón Municipal, un lugar sagrado para la comunidad.

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Pero no fue sino hasta enero de 2018 que los habitantes de La Resurrección se percataron de que el Catastro municipal les había cancelado las cuentas prediales de sus propiedades, en su mayoría utilizadas como campos de cultivo, pues también eran parte del lote que Juárez Camacho registró como suyas. 

Los ejidatarios acusaron a la ex titular de Catastro, María Luisa de Ita Zafra, de confabular con Juárez Camacho para cancelar sus cuentas y entregarle a éste un nuevo y único documento predial.

A partir de ese momento, los pobladores comenzaron a movilizarse para no perder su patrimonio y medio de subsistencia, pues son al menos 450 las personas que han sido directamente afectadas por esta decisión administrativa que pasó por encima de la histórica propiedad de los ejidatarios; en septiembre de 2019, Carlos Juárez Camacho incluso fraccionó y vendió, parte de las 170 hectáreas a la empresa inmobiliaria Financiera Uno MT SA de CV, situación que mantiene en vilo a la comunidad.

Si bien la propia Ley de Catastro especifica que en caso de que exista un doble registro de propiedad o una solicitud de segundo registro –como en este caso–, debe prevalecer el primero, hasta el momento no han podido hacer válido ese derecho. 

Los pobladores, en busca de soluciones, se han acercado a diferentes actores políticos en más de una ocasión, sin mayor fortuna. 

El ayuntamiento y el gobierno del estado, saben de la situación

La Resurrección

Foto: Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla | Facebook

Arturo Mendoza, asesor legal del colectivo Hermanos Serdán, explicó a LADO B que los miembros del Ayuntamiento de la capital poblana tienen conocimiento de la problemática desde septiembre de 2018, cuando a través de un escrito pidieron el apoyo de la regidora Patricia Montaño, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Cabildo.

Notificaron también a Rosa Márquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, y a René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal.

Solicitaron entonces la cartografía del terreno, y la renuncia de María Luisa de Ita Zafa, exdirectora de Catastro Municipal, por haber duplicado el registro catastral a sabiendas de que la propiedad ya tenía dueños. Pero nada pasó, la funcionaria señalada siguió en el cargo. Fue hasta el pasado 15 de junio cuando fue sustituida por Juan Martín Fragoso Fuentes. 

El tema, asegura Arturo Mendoza, también desapareció del radar del Ayuntamiento durante este tiempo, a pesar de ser una promesa de campaña de la presidenta Claudia Rivera Vivanco; sólo cuando el movimiento social empezó a tocar las puertas del Gobierno del Estado, es que el gobierno municipal se volvió a sentar a la mesa. 

El 10 de marzo de este año, cientos de pobladores de La Resurrección, irritados con la inmovilidad del municipio y ante la presión de un proyecto inmobiliario en marcha por parte de la empresa Financiera Uno MT SA de CV —a quien Carlos Juárez Camacho vendió parte de los predios adjudicados ilegalmente—, se plantaron frente a Casa Aguayo para exigir un diálogo con las autoridades estatales.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta tuvo que salir a su encuentro y habló incluso de la posibilidad de expropiar las tierras con doble registro catastral para devolverlas a sus legítimos dueños.

De ahí que en junio los pobladores, encabezados por el presidente auxiliar Alejandro Pérez Pérez, el colectivo Hermanos Serdán y miembros del Movimiento por la Defensa de la Tierra, Agua y Vida del pueblo nahua de la Resurrección, hayan sostenido diversas reuniones con el secretario de gobernación municipal, René Sánchez Galindo, quien en uno de los últimos encuentros se comprometió a promover un convenio de colaboración entre Catastro Municipal y el Instituto Registral y Catastral del Estado.

Foto: Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla | Facebook

Un paso necesario por dos motivos: por que la cartografía del terreno en disputa, que los afectados llevan años pidiendo, se encuentra en manos del Gobierno del Estado — a decir del propio Sánchez Galindo, refiere Arturo Mendoza—, y por que desde que Carlos Juárez Camacho fraccionó el predio en cinco partes con el aval del Instituto Registral y Catastral, el asunto pasó a ser responsabilidad de ambos órdenes de gobierno. 

El Gobierno del Estado, cabe señalar, sabía del tema desde finales de 2018, cuando se comenzó a especular sobre una supuesta donación del predio en disputa a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que ahí construyeran viviendas ante la eventual llegada de la dependencia federal a la entidad.

En julio de este año, habiendo pasado un mes desde la última reunión con Sánchez Galindo, cuenta el abogado Arturo Mendoza, todavía no existía una propuesta clara para materializar el acuerdo, por lo que fue nuevamente el movimiento social, a través del colectivo Hermanos Serdán y el Movimiento por la Defensa de Tierra, Agua y Vida, quien plantó cara y presentó un proyecto de convenio de colaboración catastral ante la regidora Rosa Márquez, para que “ya por fin puedan trabajar en conjunto” como lo determina la Ley de Catastro del Estado.

El resto de las autoridades municipales y estatales interesadas, comentó, recibieron una copia de conocimiento, para que de esta forma arrancasen a la brevedad y de manera conjunta los levantamientos prediales, es decir, la medición e identificación de los predios, su análisis, y los estudios topográficos que nunca se hicieron en la zona de conflicto. 

Otro mes transcurrió y un grupo de ejidatarios, el 31 de agosto, decidió manifestarse frente a la Sala de Regidores del Ayuntamiento para exigir la atención de sus demandas y el cumplimiento de los compromisos realizados por el secretario de gobernación, Sánchez Galindo.

Los permisos de segregación del predio, cabe aclarar, se obtuvieron por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio el 11 febrero de 2019, tal como se lee en una copia cotejada ante notario de la lotificación y compra venta, en favor de Financiera Uno MT, ocurrida el 10 de mayo del mismo año. 

Los actos jurídicos de los que dio fe la notaría Notaría No. 29 y de los que da cuenta este documento al que tuvo acceso LADO B, suscrito entre Carlos Juárez Camacho y el presidente del Consejo de Administración de la empresa inmobiliaria, Fernando Maldonado Haro fueron posteriormente inscritos ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, el 27 de septiembre de 2019.

Es decir que tanto las autoridades municipales como estatales legitimaron el traspaso ilegal de estos predios. Uno de los ejidatarios, durante la manifestación del 31 de agosto, lanzó una advertencia:

“Cómo es posible que les estén dando un permiso [la Secretaría de Desarrollo Urbano a Carlos Juárez Camacho] si están sabedores de la problemática que se tiene, y no es justo que el municipio otorgue esos permisos para que vayan a construir […] si es necesario realizar otra movilización ya no lo haríamos con el gobernador, lo haríamos con los dos, tanto con el gobierno del estado como con el municipio”.

Conflicto social, por contubernio de autoridades

La Resurrección

Foto: Google Maps

Cuestionado sobre la inmovilidad de las autoridades locales durante los últimos tres años, el secretario de Gobierno municipal, René Sánchez Galindo, aseguró a LADO B que el conflicto en La Resurrección fue alimentado por un abierto favoritismo de las administraciones pasadas, “de manera no muy legal”, hacia una de las partes.

La administración municipal que realizó el registro catastral de las 170 hectáreas en 2014 —la de Antonio Gali Fayad—, acusó, lo hizo sin verificar los registros previos, es decir, sin certificar que las medidas y colindancias fueran las correctas, y sin requerir un estudio topográfico detallado que pudiera ofrecer mayor luz sobre las variaciones y alteraciones del territorio, que como ahora se sabe, hubiesen reafirmado la propiedad histórica de los pobladores de La Resurrección. 

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Esta modificación administrativa fue la que generó que se desactivaran –cancelaran intencionalmente, sostiene los ejidatarios– las cuentas catastrales con registro previo, explicó el secretario de Gobierno. Incluso cuando, como ya hemos dicho, la Ley de Catastro especifica que debe prevalecer el primero.

La mayoría de los legítimos dueños de las tierras en litigio, afirma el colectivo Hermanos Serdán, cuentan con escrituras o minutas con más de 50 años de antigüedad, y los que no, debido a que heredaron sus predios a través de sistemas normativos internos –de boca en boca, de padres a hijos–, están respaldados por el artículo 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de la comunidad.

Lo que procede ahora, explica Sánchez Galindo, es realizar el estudio topográfico que nunca se hizo, y cruzar los expedientes catastrales disponibles con los documentos en posesión de cada uno de los propietarios; de esta forma, asegura, quedaría cancelado finalmente el registro catastral de 170 hectáreas, toda vez que se compruebe la existencia de un registro previo. 

Lo único que impide el inicio de estos trabajos, apuntó, es la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19; estos deberán comenzar, sin mayor dilación, cuando el semáforo epidemiológico para Puebla cambie a amarillo.  

Más allá del territorio, una lucha por la identidad

De acuerdo con el abogado Arturo Mendoza, el conflicto territorial en La Resurrección va más allá de un “simple” tema de propiedad, pues la identidad de este pueblo de origen nahua también estaría en juego.

No sólo por la presión territorial que ejercería un proyecto de construcción inmobiliaria por parte de la empresa Financiera Uno MT SA de CV en el predio en disputa –denunciada por los pobladores durante la marcha del 10 de marzo–, sino por lo que significa romper el equilibrio de la comunidad con la llegada masiva de personas ajenas a esta: la pérdida de uno de sus medios de subsistencia (los campos de maíz), e incluso la merma de nueve hectáreas (de las 170) que se ubican en el panteón municipal.

La disposición territorial y demográfica de La Resurrección, asegura el abogado, permite que sus prácticas sociales, tradiciones, fiestas patronales e incluso su lengua, sobrevivan; por lo que la concreción de un proyecto de esta magnitud, o la mera invasión de sus tierras por otros particulares, supone un riesgo para su futuro.

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Trivializar un conflicto como el de La Resurrección, sostiene Arturo, sólo traería consigo resultados que nadie desea, especialmente cuando la solución se encuentra dentro de las posibilidades de las instituciones de gobierno:

“Es parte de lo que las autoridades no entienden, por más que uno les explica […] [los pobladores] han dicho que si les llegan a meter maquinaria, van a defender con su propia vida sus tierras […] Esperemos que no pase pero si llegara a pasar, ojalá que cada uno de los personajes dentro del gobierno se haga responsable de la sangre y las vidas que van a cargar a sus espaldas”.

 

Foto de portada: Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla | Facebook

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Marcos Nucamendi