La Corte y la consulta
El gesto de López Obrador al proponer la consulta tendrá consecuencias para la Suprema Corte de Justicia por no avalar una consulta inconstitucional, pero con muchos adeptos
Por Juan Manuel Mecinas @jmmecinas
27 de septiembre, 2020
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Una vez conocido el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular propuesta por López Obrador para enjuiciar a expresidentes de México, se espera un reacomodo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, especialmente con la Suprema Corte de Justicia. 

La Corte queda como la mala del cuento: en el discurso oficial, será la responsable de dejar intocados a los expresidentes, de prohibir un ajuste de cuentas con los excesos de gobiernos anteriores, y de impedir una consulta que apoya -ciegamente- una buena parte del electorado. Esta visión cuasicatastrófica se origina porque la revisión del pasado ha sido puesta al servicio de un resultado electoral y esa es la gran equivocación de López Obrador, que en eso se empareja con la incapacidad/voluntad del foxismo para no juzgar a los exgobernantes autoritarios del PRI. 

AMLO decidió apostar por el uso electoral de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes y la única perdedora a nivel popular es una Corte, decisora de una cuestión obvia: si existen indicios contra expresidentes, se debe proceder a investigar y juzgar hechos; en ningún caso, dejar al electorado que decida sobre el cumplimiento de las funciones de la fiscalía y de los jueces.

El gesto de López Obrador al proponer la consulta tendrá consecuencias porque la Corte no puede quedarse al margen del golpeteo que recibirá -de hecho, ya comenzó a recibirlo- por no avalar una consulta inconstitucional, pero con muchísimos adeptos. Algunos medios comenzaron la crítica a Luis María Aguilar por sus nexos con la clase política mexicana, aunque poco dicen de las evidentes faltas en que incurre la propuesta de consulta. La SCJN debe reaccionar de manera firme porque, en las diversas crisis que estamos viviendo, a nadie conviene que se sume la de la Corte en oposición al Ejecutivo, ni que este arengue a sus huestes contra los inquilinos del máximo tribunal del país.

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En ese sentido, la Corte tendría que decidir en términos neutros el debate sobre la inconstitucionalidad. El tipo de resolución que se dicte es vital para asegurar que el mensaje no sea un regaño al presidente, sino una invitación a la clase política a dirimir sus asuntos fuera de la esfera de la Corte y a no utilizar los instrumentos jurídicos cuando estos pongan en peligro a las instituciones (por los problemas que le acarreen). La clase política debe emprender la revisión del pasado, y la Corte juzgar los hechos. Cualquier otra propuesta es inconstitucional y disparatada.

La SCJN deberá dictar una resolución didácticamente impecable, donde indique a la clase política los caminos para llevar a cabo procesos de justicia transicional, más allá de una consulta popular. Negar el derecho al pueblo a decidir en la plaza pública es necesario si se quiere avanzar democráticamente y obligar a las instituciones a asumir sus competencias y cumplirlas. Los gobiernos de la fallida transición no fueron capaces de juzgar al pasado, y el lopezobradorismo llegó demasiado tarde y no está eligiendo las vías adecuadas.

No se trata de una cacería de brujas sin más: la propuesta del presidente pone en entredicho el Estado de derecho, porque está preguntando si se quiere que las instituciones cumplan con sus obligaciones de investigar y juzgar delitos. Y una buena parte del electorado no lo está advirtiendo: criticará a la Corte porque la señalará como reducto último de las fechorías de la clase política, lo cual puede ser cierto, aunque no por este asunto en particular. 

Juzgar su actuación a partir de un caso tan debatido (el juzgamiento al pasado), y a través de un instrumento electoralmente peligroso es una mala noticia para la Suprema Corte y el riesgo que corremos es de perder la oportunidad de hacer la gran reforma del poder judicial que lo transforme para juzgar no solo al pasado, sino al desgarrador presente que se vive en el país. Los puentes que conectan a Palacio Nacional con Pino Suárez 2 están a punto de cimbrarse.

*Foto de portada: AMLO, Presidente de la República Mexicana/ Foto: Andrés Manuel López Obrador | Facebook

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Juan Manuel Mecinas
Profesor e investigador en derecho constitucional. Ha sido docente en diversas universidades del país e investigador en centros nacionales y extranjeros en temas relacionados con democracia, internet y políticas públicas.