“La diabetes es una enfermedad que te deteriora a un grado muy lamentable. [Mi tía] al final, ya no veía, sólo veía bultos. No podía caminar ni hacer cosas por sí sola. De ser una mujer súper activa, independiente, fuerte, se fue haciendo delgadita, chiquitita. Se fue consumiendo con la enfermedad”, cuenta Beatriz del Castillo sobre su tía Martha García, quien falleció a inicios de la pandemia, luego de tres años de diálisis, hemodiálisis y degradación física.

Este 15 de septiembre iniciará el nuevo periodo de sesiones en el Congreso del Estado, por lo que las comisiones unidas de Salud y de la Familia y los Derechos de la Niñez tendrán que discutir, en las próximas semanas, la iniciativa que prohíbe la venta o suministro de comida chatarra a menores de edad en Puebla, presentada el 20 de agosto por 19 diputados y diputadas de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT).

Una iniciativa que, a decir de estos grupos políticos, busca reducir la prevalencia de padecimientos asociados al sobrepeso y la obesidad, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Sin embargo, especialistas consultados por LADO B refieren que si este tipo de propuestas legislativas y cambios normativos no se acompañan con estrategias integrales de prevención y orientación nutricional, el impacto será menor al esperado, como ya ha sucedido con otro tipo de regulaciones.

En duda, paradigma restrictivo

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Para Víctor Manuel Caballero Solano, médico cirujano y director de la Facultad de Medicina de la Upaep, el problema de la obesidad no se resuelve únicamente al restringir el acceso a la llamada comida chatarra: alimentos y bebidas envasadas con alto contenido calórico, azúcares, sodio, grasas trans y grasas saturadas. Sino más bien al aprender hábitos complementarios, como realizar actividad física constante y tener una alimentación integral.

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“La restricción de la comida [chatarra] no será una estrategia efectiva si no se modifican los hábitos alimenticios, lo que implica necesariamente un proceso educativo. Entiendo que son acciones mediáticas que llaman mucho la atención, pero no veo que estemos atacando de fondo el problema”, asegura Caballero Solano, quien desde hace más de 30 años se ha especializado en el tema de la obesidad –particularmente la obesidad infantil–, y las enfermedades asociadas a esta condición médica, como la diabetes mellitus.

En ello coincide Claudia Rodríguez Hernández, coordinadora de la Clínica de Nutrición en la Ibero Puebla, recordando que las empresas productoras de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico suelen darle la vuelta a este tipo de medidas.

En enero de 2011 entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública federales para regular el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica. Pero para lo único que sirvió, recuerda la nutrióloga, fue para lanzar al mercado versiones más pequeñas de los mismos productos: “En lugar de comprar el paquete original de seis galletas, [los estudiantes] compraban tres paquetitos de dos galletas”.

Lo mismo sucedió con el primer etiquetado frontal de bebidas y alimentos en 2016 y las llamadas “Guías Diarias de Alimentación” (GDA). A diferencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, modificada a inicios de este año para utilizar un sistema de sellos (hexágonos negros) claro y fácil de comprender, las GDA pasaban desapercibidas; usaban incluso un lenguaje técnico poco accesible. 

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La asociación civil El Poder del Consumidor, en su momento, advirtió sobre las deficiencias de ese modelo de etiquetado, así como la falta de grupos de trabajo libres de conflicto de interés para su diseño, es decir, sin la participación directa de las empresas que se dedican a producir bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. Asimismo, la utilización de valores de referencia de azúcares que ocultaban el valor real de las azúcares añadidas –las que son perjudiciales para la salud–, por ejemplo, en un refresco de cola.

A pesar de la implementación de estas normas, la prevalencia de enfermedades ligadas a su consumo seguía escalando. De acuerdo con el histórico del Inegi, se registraban 6.9 defunciones por diabetes mellitus por cada diez mil habitantes a nivel nacional en 2009; casi una década más tarde, en 2018, la tasa alcanzaba por tercer año consecutivo las 8.6 defunciones. 

La diabetes, una epidemia

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La diabetes, según el último registro del Inegi (2018), es la segunda causa de muerte a nivel nacional, sólo detrás de las enfermedades del corazón. Puebla, de acuerdo con el instituto, ocupa la posición número cuatro entre los estados con las tasas de defunción por diabetes mellitus más altas: 10.1 casos por cada diez mil habitantes, sólo por debajo de Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.

Es también la primera comorbilidad asociada a los decesos por COVID-19 en la entidad, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal (SSA); le siguen de cerca otros padecimientos como hipertensión y obesidad. Una verdadera emergencia epidemiológica, tomando en cuenta la declaratoria del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de noviembre 2016, ratificada en febrero 2018.

En lo que va del año, refiere la Dirección General de Epidemiología de la SSA, 5 mil 804 personas han sido diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II, y 34 con diabetes mellitus tipo I en el estado; la diabetes tipo I (menos frecuente que la tipo II) suele ser hereditaria, diagnosticada a temprana edad y se caracteriza por el hecho de que el páncreas del paciente no produce insulina, hormona que regula la cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre. 

En 2019, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), una persona fue atendida, en el sistema de salud estatal, por diabetes tipo II cada 39 minutos con diez segundos. Un paciente con diabetes tipo II, a diferencia de la tipo I, sí produce insulina pero no la suficiente, o bien, sus células no hacen uso de la insulina producida; es un tipo de diabetes más frecuente entre personas adultas, y suele estar asociada con otros padecimientos, como la obesidad. 

El problema con la diabetes, sobre todo la tipo II, explica la nutrióloga Claudia Rodríguez Hernández, es que suele diagnosticarse de forma tardía, cuando el cuerpo humano, luego de años de compensación y adaptación a los altos niveles de glucosa, comienza a manifestar sus primeras fallas y complicaciones sistémicas.

Tal es el caso de la tía de Beatriz del Castillo, Martha García, quien fue hospitalizada de emergencia en varias ocasiones antes de que aparecieran las complicaciones más severas. Sin poder seguir al pie de la letra el tratamiento y la dieta rigurosa que le habían recomendado para atender su problema de diabetes, en 2016, su riñón prácticamente dejó de funcionar. Los altos niveles de azúcar en su sangre obstruyeron los vasos de sus riñones, causando insuficiencia renal.

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Primero le realizaron las diálisis peritonales, en casa: a través de un catéter, cada cuatro horas, se le debía suministrar manualmente un líquido purificador o solución dializadora que, circulando por su abdomen, drenara los desechos y el exceso de líquido de la sangre; una tarea a la que se consagró su hija única durante tres años. 

Para los últimos meses, este método dejó de ser efectivo, por lo que comenzaron a ser necesarias las visitas al hospital –dos veces por semana– para que le practicaran una hemodiálisis, que básicamente consiste en hacer circular la sangre del paciente a través de una máquina o riñón artificial externo, para purificarla y volver a ingresarla al cuerpo.

Si bien Martha no falleció a causa de complicaciones por contagio de COVID-19, la pandemia ocasionó retrasos en sus sesiones de hemodiálisis; les decían a sus familiares que, dada la carga de pacientes COVID, no había personal que pudiera atenderla. Así, un día, después de una semana sin practicarse la hemodiálisis, tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital público de la ciudad de Puebla, en donde finalmente perdió la vida.

Una responsabilidad compartida

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Parte del debate en torno a lo que se puede hacer para atender la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes se ha centrado en la responsabilidad individual, versus la responsabilidad del gobierno; en si las autoridades deben hacer frente a la sobreoferta y sobrexposición de las personas –en particular de los menores de edad– a este tipo de productos, o si más bien debe descansar en el individuo la tarea de aprender a comer mejor, en cantidades adecuadas y con plena conciencia sobre el contenido nutricional de los insumos que forman parte de su dieta diaria.

Para la nutrióloga Ana Marta Pascual, la responsabilidad es compartida. A la par de una iniciativa de ley para prohibir el suministro de comida chatarra a menores de edad en la entidad, explica, el gobierno tendría que diseñar campañas de concientización entre la población sobre los beneficios en la salud que conlleva el consumo de alimentos no procesados, o mínimamente procesados, para que comer adecuadamente se convierta –con el tiempo–, en una decisión autónoma que no dependa de lo que está o no disponible en el mercado.

Sin embargo, reconoce, nuestra alimentación también responde a la dinámica social en la que estamos inmersos, en donde el trabajo, la escuela y otras rutinas nos orillan a pensar que no tenemos tiempo o nos impiden preparar nuestros propios alimentos.

Nuestra alimentación, continúa, deber ser entendida como una inversión para el futuro, ya que si preferimos invertir en comidas rápidas, procesadas, que satisfagan por un momento nuestro apetito o que nos ayuden a “ahorrar tiempo”, comenta, a la larga esa mala inversión va derivar en la manifestación de enfermedades difíciles de atender o que, como en la actual pandemia, nos dejen en una posición de vulnerabilidad frente a una enfermedad desconocida.

No obstante, en algunos casos, apunta por su parte Claudia Rodríguez, estos cambios no son tan fáciles de implementar, pues implica obviar, por un lado, la sobreoferta de este tipo de productos y, por otro, que lo que suele entenderse por “comer de forma saludable”, puede representar un gasto mayor comparado con el precio de venta de las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados. 

El departamento de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud estatal, en un intento por contrarrestar esta idea, ofrece en sus talleres dirigidos a padres, madres y estudiantes, alternativas para el consumo de alimentos.

María Elena Ortigoza Neri, su titular, explica que a pesar del poco interés que despierta la orientación nutricional –lo que ella atribuye a la mercadotecnia–, su equipo sigue trabajando de cerca con padres y madres para que estos identifiquen alimentos que se producen en sus regiones, que sean asequibles económicamente hablando, y que puedan combinarse de forma tal que resulten atractivos, especialmente para sus hijos e hijas. 

Con dos unidades móviles de la secretaría realizan, por ejemplo, demostraciones culinarias en las comunidades, con el objetivo de promover el consumo de un alimento local, rescatar alguna receta de la comunidad, y fomentar la higiene y adecuada preparación de los alimentos. 

Sobre este tipo de programas, Claudia Rodríguez comenta: “La gente sabe que no debe comer comida chatarra, sólo hay que ponerlo en práctica [su conocimiento]. No se trata de repetir lo que ya sabemos [que ciertos alimentos son perjudiciales para la salud], sino de brindar alternativas”.

*Con información de Natasha Konzevik y Gustavo Escalante