Grupos armados y COVID-19: doble golpe a la Amazonía colombiana
La ausencia de funcionarios de PNN ha afectado negativamente a las comunidades campesinas e indígenas de los alrededores, así como a la monitorización de los recursos naturales, las especies amenazadas y la información climática e hidrológica
Por Mongabay Latam @
08 de septiembre, 2020
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Dimitri Selibas

Antiguos rebeldes de las FARC y otros grupos armados ilegales han obligado a funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a abandonar 10 parques del Amazonas que cubren casi 9 millones de hectáreas (22 millones de acres) y se estima que albergan 43 000 especies por descubrir.

En marzo de 2020, a la vez que empezaba la cuarentena en Bogotá, una nube de humo blanca flotaba sobre la ciudad, una nube que procedía de los incendios en la Reserva Nacional Natural Nukak a casi 400 kilómetros (250 millas) de distancia.

Jenny Cueto es la directora de  la Reserva Nacional Natural Nukak, un espacio de 855 000 hectáreas (2,1 millones de acres) que se encuentra en la Amazonía colombiana y que es el hogar de los Nukaks, uno de los últimos pueblos indígenas nómadas que quedan en el mundo. En una entrevista telefónica con Mongabay, Cueto dijo que antiguos miembros del ahora disuelto grupo rebelde  de las FARC se han vuelto hostiles hacia los administradores de los parques nacionales de Colombia y estaban explotando las áreas.

“Empezaron fomentando mucho el tema del cultivo de la coca”, dijo Cueto. “Ellos nos dieron una amenaza y nos dijeron que no podríamos ingresar, nos robaron unos elementos, un bote y un motor. A partir de ese momento, nosotros no pudimos volver a entrar”.

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Las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaron un acuerdo de paz histórico con el gobierno colombiano en el 2016 que también hacía una inclusión especial para el desarrollo rural y la protección de las zonas naturales. Sin embargo, el gobierno no ha sido capaz de ocupar el vacío que dejaron las FARC y las lucrativas economías ilegales que controlaban, como el cultivo de coca, la materia prima de la cocaína. Otros grupos ilegales se adueñaron de estas, incluidos antiguos rebeldes de las FARC que se negaron a desmovilizarse como parte del acuerdo de paz.

El Ministro de Medio Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, dice que el 70 % de la deforestación en el país proviene de las actividades ilegales, de las que acusa a los antiguos rebeldes de las FARC y otros grupos ilegales. Los expertos dicen que usan los incendios para quemar selvas amazónicas para poder cultivar coca y también para la cría de ganado, la cual se usa a menudo como una tapadera para el acaparamiento de tierras.

Durante el primer mes de cuarentena, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) registró 12 958 puntos de calor, que indicaban incendios en los departamentos de la Amazonía colombiana, lo que señalaba un aumento del 276 % con respecto a la misma época del año pasado. Corpoamazonia, la corporación de desarrollo sostenible del gobierno para el sur de la Amazonía dice que esto indica cómo lo grupos ilegales se están aprovechando de la cuarentena para continuar con sus operaciones.

Cueto es una socióloga calificada y ha trabajado con las comunidades indígenas y campesinas durante más de 14 años en la Reserva Nacional Natural Nukak, que forma parte de la red de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). El primer parque nacional de Colombia se estableció en 1960, en medio de la guerra civil del país. En ese momento se decidió no armar a los trabajadores de PNN para mantener su neutralidad en el conflicto. De este modo, la comunicación e implicación con las comunidades son las armas más poderosas de las que disponen los trabajadores de PNN. Y, por lo tanto, en áreas que carecen de un fuerte control gubernamental, Cueto y los 11 miembros de su equipo, así como otros guardabosques por toda la Amazonía colombiana, se habían acostumbrado a trabajar con la presencia de grupos armados.

Sin embargo, en una medida sin precedentes, ahora varios grupos armados han amenazado a los trabajadores de PNN, directamente con armas o a través de campañas con panfletos, y, desde febrero, les han obligado a abandonar 10 parques nacionales del Amazonas, que cubren casi 9 millones de hectáreas (22 millones de acres) y se estima que albergan 43 000 especies por descubrir.

Clara Solano, directora de Fundación Natura, la cual promueve la gobernanza de la selva amazónica, que trabaja estrechamente con PNN y otras organizaciones medioambientales, dijo en una llamada con Mongabay que en los 25 años que lleva trabajando en la región, “no recuerdo… ni siquiera cuando estaba la guerra en su punto más álgido entre el estado, el ejército y las FARC, donde habíamos tenido la situación que grupos armados hicieron una explicita amenaza de salida de los guardas de las áreas protegidas”.

Mongabay se acercó a la administración de PNN para pedirles que comentasen, pero rechazaron ser entrevistados.

“Por el momento no estamos dando declaraciones sobre el tema porque nos encontramos adelantando trabajo en el tema con las autoridades competentes”, dijo Ana María Rocha, directora de prensa y comunicación de PNN.

La conservación del Amazonas por PNN y las comunidades indígenas

FARC

La expansión de carreteras, a menudo ilegalmente, actúa como un conductor para una mayor deforestación / Foto: Rodrigo Botero

Casi la totalidad de los 48 millones de hectáreas (119 millones de acres) de la Amazonía colombiana, aproximadamente el tamaño de España, están protegidos. Los PNN cubren 12 millones de hectáreas (30 millones de acres) y las reservas indígenas constituyen aproximadamente 26 millones de hectáreas (64 millones de acres). La región también cuenta con dos sitios declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO: el mayor parque nacional de Colombia, Chiribiquete, el cual fue uno de los parques desocupados por los funcionarios de PNN, y los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí.

La constitución colombiana de 1991 es considerada internacionalmente como una “constitución verde” por su enfoque en asuntos medioambientales, que incluye un énfasis en cómo se necesita un medioambiente saludable no solo para la supervivencia de los seres humanos, sino también para la supervivencia de los grupos étnicos y cómo la protección del medioambiente y la biodiversidad es un fin pertinente de por sí.

El Tribunal Constitucional de Colombia también ha encontrado que los ecosistemas habitados únicamente por grupos indígenas mantienen las condiciones ambientales y su presencia y cultura son una parte importante de la conservación en estas regiones. En los seis departamentos de la Amazonia colombiana hay 185 reservas indígenas y 60 grupos indígenas, a menudo cada uno representa un lenguaje y cultura completamente únicos.

Las comunidades indígenas, que a menudo trabajan con PNN, juegan un papel fundamental en la conservación, pero la COVID-19 ha sido especialmente devastadora en comunidades que a veces no pasan de unos pocos cientos de personas y donde cada anciano que muere representa la quema de una biblioteca de conocimientos tradicionales y cultura.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ha criticado la respuesta del gobierno ante la COVID-19 en la región. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) presentó un informe a José Francisco Cali, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que señala que hasta el 15 de junio, se registraron 906 casos positivos de COVID-19 en 33 grupos indígenas, de los cuales 13 están en peligro de exterminación física y/o cultural.

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*Foto de portada: Deforestación e incendios en PNN Serranía de Chiribiquete, a menudo para la cría de ganado y el cultivo de coca / Foto: Rodrigo Botero

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