Falla el estado en protección a la niñez: el caso de Yaz
El IMSS y el estado no dejaron claras sus responsabilidades en el caso de Yaz, quien se encuentra delicada en el hospital La Margarita.
Por Lado B @ladobemx
08 de septiembre, 2020
Comparte
Samantha Nolasco

@aguunda

Cuando una persona menor de edad llega a un hospital con signos de violencia o maltrato, los hospitales actúan según sus protocolos internos con base en el “Estado de Derecho”, ante la falta de mecanismos públicos para dar seguimiento puntual a estos incidentes y abrir carpetas de investigación que puedan sustentar la protección de los menores que se encuentren en peligro. 

Sin embargo esto no se cumplió en el caso de Yaz, pues según versiones oficiales, el IMSS dio parte al Ministerio Público investigador, especializado en Clínica de Atención y Prevención del Maltrato, pero las autoridades judiciales no iniciaron las investigaciones pertinentes, ni dieron aviso a la Procuraduría de Protección encargada de resguardar a la niñez poblana.

“El IMSS actúa en el marco del Estado de Derecho, pues ante un hecho delictivo, por protocolo se realiza la denuncia correspondiente, en especial tratándose de delitos cometidos en agravio de menores”, respondió la institución el 29 de agosto mediante un comunicado explicando su proceder en el caso Yaz.

La institución señaló que el día 16 de abril recibieron a la niña por primera vez -sin especificar la razón del ingreso- y realizaron la notificación ante la Agencia del Ministerio Público especializado, “esta acción permitió que se abriera una carpeta de investigación en (…) delitos de Violencia intrafamiliar el 17 de abril”, aseguró el IMSS.

Pero la Fiscalía del Estado de Puebla no abrió dicha carpeta de investigación, pues sólo reconoció en un primer comunicado fechado el 27 de agosto que Yaz “tenía infecciones y llagas presuntamente por falta de cuidado luego de que fue operada en abril por daños intestinales”, pero no especificó si tuvieron o no conocimiento del caso desde abril, como refirió el IMSS.

Fue hasta la reincidencia de Yaz el 22 de agosto, que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, “tomó conocimiento por parte del Hospital del IMSS de La Margarita, sobre el ingreso de la afectada”, mencionó la Fiscalía en el mismo escrito.

La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla vigente desde 2015, en su Artículo 85 enuncia que en “casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección”, de modo que el Estado falló en su responsabilidad de proteger a Yaz y a su hermana Mitzi, quien murió por broncoaspiración en el mes de junio, después del primer ingreso de Yaz al hospital.

También el Artículo 139 de la misma Ley de Derechos estatal, dicta que los servidores públicos, así como empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control podrían ameritar sanción administrativa “por negligencia o por retardo en dictar y dar cumplimiento a las medidas precautorias para la protección” de las niñas, niños y adolescentes en Puebla.

LADO B buscó entrevista con la Procuraduría de Protección, encargada de dar protección a Yaz y a la población infantil del estado, pero la respuesta fue negativa con el argumento de que sería la Fiscalía del Estado la que tendría que informar al respecto. 

Además, afirmaron que no tenían nada qué agregar, pues se apegaban a la versión oficial que ha hecho pública el gobernador Miguel Barbosa en sus conferencias matutinas, quien dio detalle sobre la vinculación a proceso de la madre y padre biológicos de la niñas por los delitos de maltrato y abandono, así como la orden de aprehensión por violación equiparada de un tío de las menores de edad. Barbosa también tomó partido y señaló que fue el IMSS que no dio aviso al DIF: “que presenten las pruebas”, llamó.

Mientras tanto, la salud de Yaz todavía se encuentra en riesgo pues reingresó el 8 de septiembre a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital La Margarita del IMSS, en donde anteriormente le han practicado dos intervenciones quirúrgicas.

Activistas señalan omisiones

La activista Frida Guerrera –quien dio a conocer esta historia en redes sociales después de que la familia materna la contactó– así como organizaciones nacionales y locales señalaron que las lesiones graves y el daño psicológico que vivieron las hermanas pudieron haberse prevenido si desde el primer ingreso hospitalario las autoridades responsables hubieran seguido los procedimientos para prevenir el maltrato.

“Hay una cadena de omisiones dolosas en el caso. El hospital estaba obligado a presentar la denuncia ante la Procuraduría de Protección del DIF y ante el Ministerio Público”, dijo en entrevista para LADO B Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Según Martín Pérez, especialista en derechos de las infancias, este caso de violencia extrema se debe considerar la perspectiva de género al ser sancionado: “es distinto sancionar al papá que a la mamá porque con alta probabilidad la mamá también es víctima de violencia”, destacó.

Por otra parte, grupos organizados de la sociedad civil en Puebla, como 33 Mujeres exigieron mediante un comunicado que el expediente de defunción de Mitzi se reabriera a fin de saber si su fallecimiento fue por causas naturales o infanticidio  en medio de un contexto de violencia.

“[El expediente de Mitzi] no ha sido abierto de acuerdo a protocolos, para despejar todas las dudas de su muerte. Exhortamos a la Fiscalía de Puebla que se lleve el caso y [a los medios] se informe con perspectiva de género ante este caso de violencia infantil. También exigimos al gobierno del estado y a la Secretaría de la Función Pública, investigar a fondo las omisiones de los MP y de los funcionarios que pudieron estar involucrados en el caso desde que  la niña llegó al IMSS con signos de violencia”, dijo en entrevista Cynthia Ramírez, consejera de la organización 33 mujeres.

Destinan DIF más recurso a programa alimentario que a protección de la niñez

En 2019, según el informe “Registro Hemerográfico: Tentativa de Feminicidio Puebla 2019” realizado por el Observatorio de la Violencia de Género Mediática y Digital (Ovigem) de los 24 casos de tentativa de feminicidio cinco casos fueron a menores de edad en un rango de edad de 0 a 9 años.

“¿Dónde están las autoridades que garantizan una vida libre de violencia en el estado de Puebla?” Se pregunta Ramírez, “es claro que se pudo haber evitado llegar a estos extremos” insistió. 

Según el plan “Clasificacion administrativa-programática por tipo y rubro de gasto sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de puebla” el SEDIF, con atribuciones en los tres niveles de gobierno para proveer de protección a la niñez, no destina la mayor parte de su recurso a esta tarea de salvaguarda según lo proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

De los mil 55 millones 363 mil 973 pesos asignados a la institución para este año, el 69.7% del gasto está planeado para el “Programa de apoyo alimentario” y el 30.3% a la “Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar”.

Este 30% (poco más de 300 millones), a decir del SEDIF, también contempla la Procuraduría de Protección y a sostener las 31 Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato, donde se orienta y atiende a personas víctimas de violencia mediante asesoría jurídica, atención médica y psicológica.

“Las Procuradurías de Protección de niñez del Sistema DIF tienen muy pocos recursos y muy poco personal, más allá de negligencias como en el caso de Yaz para atender todas las denuncias. El gran problema que tenemos es que no hay inversión o gasto público para prevenir y para atender todas las formas de violencia hacia niñas y niños. En esta lógica de austeridad republicana han recortado al DIF nacional, en estos dos años, el 27% de su presupuesto”, dijo en entrevista Martín Pérez de Redim.

El maltrato normalizado

Foto: ambermb | Pixabay

Según el informe “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México” de Unicef de 2019, el 63% de los niños y adolescentes en México reciben golpes como medida disciplinaria. Y la mayoría de estos casos quedan en impunidad; según los últimos datos de Redim publicados en 2017, de cada 100 CDI donde niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia, sólo 3 carpetas alcanzan algún tipo de proceso o sentencia.

“Está normalizado que los niños son objetos de propiedad y [los padres] pueden pegarles, porque está normalizado, y lo que queremos señalar es que ninguna violencia es justificable y toda violencia debe de ser sancionada”, destacó Juan Martín Pérez.

La organización también acotó que en México mil 200 niñas y niños llegan a hospitales con lesiones, “y para que una niña llegue a un hospital con lesiones, obligadamente hay omisión de cuidados y negligencia” dijo el director ejecutivo de Redim. Las procuradurías, al no tener personal calificado en enfoque de derechos a la infancia, podrían estar pasando por alto las medidas disciplinarias con violencia, negando la justicia a las infancias.

Ahora, en el caso de Yaz, explicó Pérez, al haber un proceso abierto con implicaciones penales, el testimonio de Yaz será crucial, por lo que se debe hacer un plan de restitución de derechos, que implica buscar hasta el cuarto grado familiar consanguíneo para que pueda regresar a su entorno conocido, lo anterior con el debido acompañamiento y haciendo valer sus derechos elementales como acceso a la educación, salud, tratamiento psicológico, psiquiátrico o paidopsiquiátrico si así lo requiere. 

*Foto de portada: Kat Jayne | Pexels

Comparte
Lado B
Información, noticias, investigación y profundidad, acá no somos columnistas, somos periodistas. Contamos la otra parte de la historia. Contáctanos : info@ladobe.com.mx