Guillermo perdió las dos piernas en 2013, cuando recibió una descarga eléctrica mientras pintaba una casa. No, no era su casa, era la casa de alguien más, alguien que contrató a su papá. Tenía 15 años y trabajaba para ayudar a la sostenibilidad de su familia.
Cinco años después a Guillermo además del futuro también le robaron el nombre. Le entregó al DIF estatal sus datos personales para obtener a cambio algo de apoyo, una silla de ruedas, una despensa. Alguien tomó su información, se inventó una firma y con sus papeles abrió una empresa, Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca, que en dos años obtuvo contratos con gobiernos de Puebla y Morelos por casi 27 millones.
Sobra decir que ni uno solo de esos pesos llegó a Guillermo, quien a sus 23 años se mantiene de la venta de bolsas de mandado y de hacer flores y artesanías con latas vacías de aluminio.
La historia, que fue contada por el reportero Daniel Melchor, de Mexicanos Contra la Corrupción, la publicamos hace un par de semanas y nuestra coordinadora de audiencias, Carina Hernéndez, le dio seguimiento a la historia y ubicó una decena de contratos con gobiernos poblanos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Luego hallamos otro puñado más hasta documentar pagos por 13.1 millones de pesos de gobiernos poblanos.
Marco un número que empieza con 5547…
–Buenos días ¿estoy hablando a la empresa Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca?
–No, está equivocado –me responde una voz de mujer del otro lado.
–¿No es este el número de la empresa?
–No, es el número de un menor, de un niño –me dice. Me disculpo y cuelgo.
Marco un segundo número. Este empieza con 2223… El teléfono suena y suena. Nadie contesta hasta que una grabación pide llamar más tarde.
Marco un tercer número, este empieza igual que el anterior 2223. Los tres números los obtuve de la información de contratos y padrones de proveedores que encontré en las páginas de transparencia de diferentes dependencias del gobierno estatal o de algunos municipios poblanos.
–Buenos días ¿hablo a la empresa Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca?
–Sí, acá es –me responde otra voz del otro lado.
–Quisiera hablar con el propietario de la empresa, el señor Guillermo Cuenca –le digo.
–No se encuentra en este momento… ¿Quién lo busca?
–Mi nombre es Ernesto Aroche y soy reportero.
Después la llamada entra en una especie de mutismo, no se oye nada: bueno… bueno…
Unos 10 segundos después vuelvo a escuchar la voz del otro lado.
–Pues no está, búsquelo más tarde –me dice la persona del otro lado.
–Ok ¿pero podría hablar entonces con alguien más a cargo? Tal vez con la señora Bárbara Guillén (quien fue nombrada administradora a finales del 2018). –Y hasta ahí llega la conversación. La llamada se corta abruptamente. Vuelvo a marcar el número. El teléfono sólo suena y suena y suena. Nadie va a contestar.
Y ya que estamos con las empresas fantasmas (o al menos en una que se le parece mucho), conviene echarle una mirada al trabajo que hizo Iniciativa Sinaloa, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de la transparencia y desde hace un par de años también a las investigaciones periodísticas (tema que abordamos en la charla que hubo enLADO B sobre corrupción, periodismo y organizaciones hablamos con Silber Meza, el director de la organización): “Sinaloa, la facturación invisible: Operaciones en tiempos de Malova y Quirino Ordaz”.
En Sinaloa, como en muchos estados del país, las empresas fantasmas, “tienen una profunda estructura que se puede encontrar en diversos órdenes y áreas de gobierno que suman cientos de millones de pesos. Hoy damos a conocer una parte de esta operación con base en información oficial obtenida vía transparencia ante el Sistema de Administración Tributaria”.
“Durante las administraciones de Quirino Ordaz Coppel y Mario López Valdez, el Gobierno de Sinaloa ha contratado, al menos, 161 millones 707 mil pesos con 106 empresas que, tras una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron calificadas como fantasma”.
Y conviene porque la investigación da pistas de una ruta a seguir para seguir documentando, desde el periodismo pero también desde las organizaciones anticorrupción, como los gobiernos utilizan indistintamente y con singular alegría ese tipo de empresas.
Y cerramos la entrega de hoy con este trabajo de Raúl Olmos que forma parte de la investigación FinCEN files, y que revela como personas adultas mayores sufrieron el robo de identidad y con sus datos fue creada una red de al menos 45 empresas fantasma que ha servido al narco, al gobierno peñista, al PRI-PVEM y al político panista Jorge Romero. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos identificó que una de esas firmas participó en un esquema de presunto lavado de dinero internacional.
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