Les cuento que la semana pasada, Miguel Barbosa dijo que “no hay ninguna mujer procesada por haber interrumpido su embarazo y haya sido detenida por ese delito. Lo que sí hay (son mujeres) detenidas (y) es por esa figura que existe en Puebla de homicidio por causas de parentesco, que es después de los 3 meses; de esos hay dos casos, parece, y la única forma de resolver esto es eliminando la figura de ese delito y es un asunto que tengo encargado ya, para presentar la iniciativa”.
El señor gobernador otra vez miente. Nosotras tenemos otros datos.
De 2009 a marzo del 2019 existe un registro de 73 procesos judiciales contra mujeres por abortar, 11 sentencias condenatorias y al menos otros 15 procesos en espera de sentencia.Tan solo en lo que va del año hay 15 carpetas de investigación en Fiscalía, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Ahora bien, seguramente por homicidio en razón de parentesco hay otras tantas, ojalá sean solo dos como dice Barbosa, pero a la luz de los antecedentes no le voy a dar el beneficio de la duda.
Y dice también que ya encargó la presentación de la iniciativa para eliminar este delito, no queda claro si la presentará desde el Ejecutivo, o se lo encargó a alguna diputada o diputado en el Congreso, lo cual es grave si nos atenemos a la autonomía e independencia de los Poderes, pero de ninguna manera sorprende: históricamente el Legislativo ha estado a las órdenes de este o cualquier otro gobernador.
Pero volviendo a lo que nos interesa: ¿de verdad eliminando el delito de homicidio en razón de parentesco se resuelve el problema?
Un verdadero gobierno de izquierda, un Congreso con mayoría de izquierda ya estarían proponiendo despenalizar el aborto. ¿Por qué las diputadas y los diputados se niegan a representarnos? ¿Por qué se aferran a cuidar los intereses propios o de sus partidos, en lugar de preocuparse por los derechos que tenemos las mujeres?
Desde 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, en 2018 estimó que es una violación grave a los derechos humanos obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación, el mismo año resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha declarado que: “La discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella; estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres”.
¿Qué más necesita el Congreso de Puebla para despenalizar el aborto? Hacerlo no obligará a las mujeres a abortar, la que no lo desee, no lo hará, porque la maternidad será deseada o no será, pero la que se enfrente a una urgencia obstétrica en una comunidad de la sierra Norte, y aborte sin siquiera saber que estaba embarazada o de manera espontánea no será criminalizada, estigmatizada, y hasta maltratada en el mismo hospital.
Urge enfrentar esto como lo que es: un problema de salud, de derechos, de libertad y de vida.
Y ojo, como bien nos recordaba la querida Gabriela Moreno Valle, el derecho ya es nuestro, porque los derechos no se dan, se toman, pero ustedes, diputadas y diputados, lo violan al negarse a reconocerlo.
Se me queda un tema pendiente, amigas, pero como también es largo se los cuento la próxima semana.
