LA SOSA NOSTRA. Desde el pasado 1 de marzo la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, bloqueó múltiples cuentas bancarias de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) por presunto lavado de dinero, aunque fue hasta el pasado lunes que se produjo la primera detención por el caso.
Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la universidad hidalguense y exrector de esta casa de estudios, y uno de los hombres de mayor poder político en esa entidad, por su control de la universidad pública, fue detenido por el caso.
La UIF acusa a Sosa Castelán de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. Y, de acuerdo con lo publicado por Animal Políticotambién enfrentará cargos por enriquecimiento ilícito, desvío de subsidio universitario y actos de corrupción.
La investigación detectó un entramado de 224 cuentas bancarias de la UAH en donde se realizaron movimientos financieros por 156 millones de dólares, algo más de 3 mil 100 millones de pesos, provenientes de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido.
Dice la voz popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar.
La semana pasada hablaba de la partida genérica de gasto 3300, una partida destinada a pagar consultorías de todo tipo y “otros servicios”.
Y hablaba de ella porque el actual secretario de Gobernación, David Méndez, presentó hace unas semanas una denuncia por el uso discrecional y sin justificación de 241 millones de pesos de la partida específica 3370, no me detengo mucho en el tema, mejor vayar a leerla dando clic
La información provocó la reacción del diputado Fernando Manzanilla –y ex secretario de Gobernación– quien en respuesta a la denuncia aseguró que esa partida se usaba para el proceso de transición en las últimas administraciones estatales, y que incluso el propio David Méndez la había utilizado.
Después se supo que de 5 millones que se destinaron para la transición en los gobiernos interino de Guillermo Pacheco Pulido y el de Miguel Barbosa Huerta al menos 1.5 millones
Lo curioso del asunto, por decirlo de alguna manera, es que ese dinero y la partida secreta de las transiciones de gobierno está albergada en la partida 3370, cuando existe una partida específica la 3390 cuyo destino es justo pagar los gastos de transición.
El diccionario de partidas (Clasificador por Objeto del Gasto) dice que la partida 3990 incluye gastos “con motivo de las actividades de coordinación del Ejecutivo Estatal con el Gobernador Electo, durante la segunda mitad del año en que termine el periodo Gubernamental, así como otras actividades durante la etapa de transición”. En síntesis, el gasto de la transición.
Veamos cuánto se ha gastado en esa partida en los años 2014 a 2019. De acuerdo con los documentos disponibles en la página cuentapublica.puebla.gob.mx, la partida 3900 –recordemos que la información pública no llega al desglose específico, pero la 3900 incluye a la 3990– tuvo un presupuesto de 3 mil 124 millones pesos, aunque el gasto real fue de 6 mil 458 millones de pesos… pongámoslo así, con ese dinero se pudo haber pagado casi 13 mil casas de infonavit (a precio mínimo de medio millón de pesos), es decir, dos unidades La Margarita.
Bueno, según el diccionario de partidas, la 3990 debió crecer especialmente en el año de la transición, 2016-2017 para el caso Moreno Valle-Gali. Y 2018 para el caso Gali-Martha Erika.
Los datos de la cuenta pública dicen otra cosa. En 2016 se presupuestaron 627 millones y se gastaron en realidad 1,357 millones de pesos. Más del doble. ¿Si los diputados sabían que ese era año de transición, porque no asignaron un presupuesto más alto?
Vemos 2018, se presupuestaron 670 millones, y de nuevo se gastaron más del doble, 1,510 millones.
No pierdo de vista una cosa, son años de transición pero también son años electorales. Alguien que no sea la Auditoría Superior del Estado (que parece estar ciega) tendría que estar revisando qué pasó con el sobregasto en esa partida.
Hace unas semanas la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya puso a arder las redes sociales y el whatsapp (el documento rápidamente se viralizó en la aplicación de mensajes), el salpicadero alcanzó a varios legisladores y dirigentes de oposición, incluso al gobernador Miguel Barbosa.
Bueno, pues resulta que Emilio Lozoya en realidad solo puso sobre la mesa refritos de información que ya tenía la Fiscalía en sus manos.
Documentos a los que tuvo acceso parte del equipo de investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad muestran que “la lista de pagos a consultores de la campaña priista de 2012 con dinero corrupto de Odebrecht, una de las supuestas revelaciones de Emilio Lozoya a la FGR para que le condonen penas, consta desde hace dos años en la carpeta de investigación abierta por la entonces Procuraduría General de la República.
“Incluso, el expediente que debió ser entregado a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero tiene más detalles de esos pagos: autoridades suizas informaron en 2018 que, para justificar las transferencias, esos consultores dijeron que se debían a presuntos servicios de minería en Sudamérica”.
MCCI pudo confirmar además que entre los asesores de Peña en 2012 estuvo el venezolano Juan José Rendón, conocido en Latinoamérica como el “rey de la propaganda negra”, y quien cobró 250 mil dólares a través de su empresa Tulum Investments Corporation, provenientes de la cuenta de Lozoya.
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