En Puebla, 24 casos de tentativa de feminicidio en 2019: Ovigem
De estos, cinco fueron de niñas entre 0 y 9 años. Academia y organizaciones civiles señalan que la FGE y el gobierno están fallando en atender y prevenir la violencia de género.
Por Dafne García @DafneBetsabe2
03 de septiembre, 2020
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De acuerdo con el informe “Registro Hemerográfico: Tentativa de Feminicidio Puebla 2019” realizado por el Observatorio de la Violencia de Género Mediática y Digital (Ovigem) del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), en 2019 se registraron 24 casos de tentativa de feminicidio en el estado. Y en los meses de enero a junio de 2020 se identificaron 10 casos más.

En el análisis que realizó el Ovigem destaca que el 69% de los casos registrados se concentran en 13 municipios que están incluidos en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), principalmente en Puebla y Tetela de Ocampo. Los agresores fueron en todos los casos hombres que tenían, en su mayoría, una relación de pareja con la víctima.

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Asimismo, durante la presentación del informe realizada el jueves 3 de septiembre, la directora del Ovigem, Samantha Páez, señaló que otro de los datos preocupantes que encontraron fue que, en cinco de los casos de tentativa de feminicidio, la víctima era menor de edad; de entre 0 y 9 años.

De los casos, la mayoría fueron contra menores de edad, y cometidos en espacios privados

Foto: Marlene Martínez

En el informe realizado por el Ovigem, se señala que en 2019 de los 24 casos de tentativa de feminicidio que analizaron sólo se conoce el rango de edad de la víctima en 13 de ellos, de estos, en cinco casos las mujeres estaban en el rango de 20 a 34 años de edad, cinco en el de 0 a 9 años, dos en el de 35 a 39 años y una en el de 60 a 64 años.

En dos de los casos registrados las mujeres se encontraban embarazadas al momento de ser agredidas, y en uno de los casos se sabe que el ataque ocurrió después de que la víctima comunicara a su agresor que estaba embarazada.

Tomando en cuenta la tasa de intentos de feminicidios por cada 100,000 habitantes, los cuatro municipios con una alta incidencia del delito son: Tetela de Ocampo, San Juan Tianguismanalco, Jopala y Zaragoza.

Respecto al lugar en donde se cometió el delito, en 16 casos, es decir el 67 por ciento, ocurrieron en espacios privados, 6 intentos de feminicidio ocurrieron en calles y vialidades, y en 2 no se supo el lugar de la agresión.

Otro de los datos que encontraron fue que, 12.5 por ciento de los presuntos responsables por tentativa de feminicidio de los casos analizados, quedaron en libertad debido a que las autoridades municipales no consideraron que la agresión se tratara de un intento de feminicidio, además de que dieron más peso a la versión del presunto responsable que a la de la víctima.

Es por eso que en el informe, una de las propuestas del Ovigem para que las autoridades atiendan este tipo de violencia, es reforzar y capacitar de manera constante a las agrupaciones municipales especializadas en violencia de género, cuestión que le compete a la FGE.

Otra de las propuestas que se plantean en este informe es que, a mediano plazo, el poder legislativo considere reformar el artículo 338 quinquies, para que no sólo se considere como tentativa de feminicidio la violencia familiar reiterada, sino que se agreguen otras causales, como las contempladas en el delito de feminicidio. Por ejemplo, la violencia sexual, las lesiones infamantes, los tratos crueles, antecedentes de violencia en los ámbitos laborales y escolares, así como cualquier otro en donde la víctima haya sido agredida.  

La falta de intervención por parte de la Fiscalía y el Estado

Foto: Olga Valeria Hernández

Durante la presentación, la académica de la BUAP, Elva Rivera, señaló que pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que existe en la entidad, la violencia feminicida no disminuye, por lo que es sumamente importante el trabajo colaborativo de las diferentes instituciones y órdenes del gobierno para atender esta problemática.

También mencionó que es fundamental que se tenga un mapa de georreferenciación de la violencia contra las mujeres de forma más detallada que el que ya existe -realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que incluye sólo georreferenciación de las CDI de los delitos de violencia de género que son denunciados ante ellos-, que incluya datos como horarios y tipo de lugares en donde se está cometiendo esta violencia. 

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Un mayor número de datos proporcionará un mejor conocimiento de los patrones delictivos, tipo de agresores, tipo de víctimas, entre otros factores, lo que sería útil para orientar las estrategias de prevención y atención respecto a la violencia.

“Es importante para entender por qué la violencia se da en ciertas zonas [por ejemplo]; podríamos entonces identificar muchas otras causales de la violencia [además de las] que ya conocemos”.

Sumado a esto, la académica y especialista en violencia de género recalcó que, pese a que existe en el estado una Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres, hace falta capacitar a los agentes del ministerio público y fortalecer las capacidades de investigación, ya que con base en el informe presentado por el CCSJ, de los 24 casos analizados sólo en 1 de estos se inició una carpeta de investigación (CDI) por feminicidio en grado de tentativa, pese a que las causales que establece la ley se cumplían en los demás casos.

Tomando en cuenta esta falta de capacidad por parte de la Fiscalía, Rivera hizo énfasis en que, es necesario “escuchar las voces de las mujeres que investigan estos temas, los estudios que se han realizado en este tema, sumar esfuerzos con la Fiscalía de género”.

La fiscal de género, María Eugenia Calderón, mencionó, por su parte, que según el reglamento de la Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, a ellos, como fiscalía especializada, les competen los delitos de feminicidio, delitos sexuales, ciberacoso, violencia familiar y trata de personas, además de que tienen a su cargo cinco unidades especializadas para investigar estos delitos, así como la coordinación de los Centros de Justicia para mujeres ubicados en Puebla y Tehuacán.

Sin embargo, señaló que “hace mucha falta más recurso humano y material” para que la Fiscalía especializada atienda las denuncias de estos delitos. Apenas en mayo de 2020 empezó a funcionar y, por ejemplo, aún falta que se termine de organizar la Unidad especializada en investigación de trata de personas, por ello consideró que en cuanto tuvieran instaladas todas las instancias de la Fiscalía de género, podrían enfrentar la violencia contra las mujeres de forma más estructurada.

Respecto a la falta de capacidades de la FGE y del gobierno, Rodolfo Domínguez Márquez, activista del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, mencionó que los datos que se dan a conocer en el informe realizado por el Ovigem dan cuenta del fracaso de las autoridades respecto a la AVG; de la falla de las medidas preventivas, especialmente en otorgar y dar seguimiento a las medidas de protección para las mujeres que viven en un contexto de violencia doméstica.

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Esto, de acuerdo con el especialista, evidencia una falta de coordinación entre las autoridades, lo que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Además enfatizó la falta de información desagregada de las víctimas de violencia de género. 

“Nosotras también en el Observatorio nos dedicamos a la recopilación de información y nos hemos encontrado, en el caso de Puebla, la falta de información, lo que dificulta comprender patrones [de violencia]”.

Por otra parte, explicó que de acuerdo con la experiencia que han tenido en el Observatorio al acompañar casos de feminicidios y tentativas de feminicidio que ocurren en Puebla, se han topado con falta de capacitación en los servidores públicos que atienden estos casos, autoridades insensibles, maltrato a las víctimas y omisiones gravísimas en las investigaciones. Por ejemplo, omisiones en la descripción de lesiones en la victima o la categorización como suicidio cuando se trata de feminicidio.

“La Suprema Corte lo ha dicho: cuando nos enfrentamos a negligencias de este nivel en la investigación se genera impunidad”, y se manda el mensaje de permisividad a la sociedad poniendo en riesgo a las víctimas, señaló Domínguez Márquez.

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Dafne García