Alberto Padrilla

Noé Valentino Aguilar Rojas, indígena tepehuano de San Lorenzo Azqueltán, estado de Jalisco, tiene 35 años y ya ha salvado la vida en dos atentados. En el primero, en mayo de 2018, un grupo de sicarios lo secuestró y después de 24 horas cautivo escuchando conversaciones sobre el ácido en el que lo iban a disolver, fue puesto en libertad. En el segundo, en noviembre de 2019, terratenientes de Villa Guerrero, el municipio al que pertenece su comunidad, lo interceptaron y golpearon hasta dejarlo medio muerto en la mitad de la nada.

Desde aquel día, Aguilar Rojas es un desplazado interno. Pasó de vivir en la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo Azqueltán a habitar un departamento rentado en Guadalajara, la capital del estado, a 231 kilómetros de su comunidad y a 200 al noroeste de la Ciudad de México. Su mujer y sus tres hijos también se vieron obligados a dejarlo todo y a seguirle para protegerse.

La familia pasó de su ranchito ubicado en un área con apenas dos mil habitantes a vivir en la segunda ciudad del país, con más de millón y medio de personas. De cultivar la tierra y ser una autoridad comunitaria, a depender de las despensas que le entrega el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Periodistas del Gobierno federal. De sujeto activo y protagónico a pasivo y secundario.

Hasta finales del año pasado, Aguilar Rojas era presidente del comisariado de bienes comunales, uno de los cargos de mayor responsabilidad según la organización por usos y costumbres. Desde hace décadas, los indígenas de la zona se encuentran en lucha defendiendo su territorio. Según un título virreinal de 1733, San Lorenzo Azqueltán es dueña de 94 mil hectáreas al norte del estado de Jalisco. Se trata de un área que mezcla las zonas áridas y la vegetación predesértica con paisajes más frondosos, que nacen en la orilla del río Bolaño, e incluso bosques en lo alto de los cerros cercanos a Villa Guerrero. Esta tierra ancestral, registrada por los conquistadores españoles, forma parte de una vasta extensión de terreno en la que se ubican pueblos tepehuanos y wixárikas, dos de los 68 grupos indígenas que habitan México.

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Según Carlos Chávez, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (Ajagi), la comunidad está en el límite de un amplio territorio de más de 400 mil hectáreas habitadas por indígenas, las cuales se extienden desde Jalisco y Zacatecas hasta los estados norteños de Durango y Chihuahua.

Sin embargo, sus terrenos se han ido menguando desde el avance del estado moderno, con los repartos de tierras del siglo XIX que nunca tuvieron en cuenta que antes de ellos había comunidades que ya habitaban el lugar. En su versión más actual, ganaderos de Villa Guerrero, el municipio cercano, y de Bolaños, otra localidad lindante, presionan para apropiarse de más pedazos de esos campos y están dispuestos a todo para expulsar a los indígenas.

La lógica que se impone durante décadas: los habitantes de la cabecera, familias con dinero que se dedican a la ganadería, aseguran que el área en la que siempre vivieron los indígenas les pertenece. De nada sirven los argumentos de que ahí están sus cultivos y sus zonas sagradas; que de ahí obtienen el alimento y ahí practican sus ritos ancestrales. Es como si los residentes originales no existiesen. Si pueden, compran las tierras a precios ridículos. Si los propietarios se niegan, los expulsan por la fuerza.

Hartos de ver cómo sus tierras menguaban, los comunitarios interpusieron una denuncia ante el Tribunal Agrario del Distrito XVI de Guadalajara. Asumieron que no podrían conservar todo el territorio que en algún momento les perteneció y se limitaron a defender su posesión sobre 36 mil hectáreas, mucho menos de lo que les correspondería según los documentos coloniales españoles. Ahí no están solo las tierras en las que cultivan maíz, frijol y calabaza. Ahí también están lugares sagrados como el cerro de Colotlán, donde sus antepasados iban a realizar ritos para pedir a la naturaleza por una buena cosecha o que la familia se mantuviese saludable.

Indígenas de San Lorenzo Azqueltán participan en un evento ceremonial (2013) en el cerro de Colotlán, donde se ubica un antiguo santuario tepehuano/ Foto: Archivo de la comunidad

El pueblo indígena originario es tepehuano. De hecho, Azqueltán es un derivado de Atzqueltlán, que en el idioma de este grupo ancestral significa “tierra de muchas hormigas”. Sin embargo, desde la década de 1970 del siglo XX un grupo de familias wixárikas fueron aceptadas por la asamblea local, la que toma las decisiones importantes en San Lorenzo. Desde entonces, viven conjuntamente aunque manteniendo cada uno su identidad propia. En la parte alta del pueblo, de bosque de encino pino, se asentaron los wixárikas. En la parte baja, a orillas del río y junto a un área de selva baja caducifolia, los tepehuanos. Esta unión generó un proceso de regeneración cultural y un incremento en la organización comunitaria. Los tepehuanos de la zona estaban en un camino de desculturalización que les llevó incluso a perder su lengua original. Ya murieron los últimos ancianos que lo hablaban y el castellano se impuso. Los wixárikas, por su parte, mantienen su idioma y sus costumbres y han servido de guía para que sus anfitriones recuperen los suyos.

Aunque son dos grupos ancestrales distintos, wixárikas y tepehuanos, conviven en San Lorenzo y defienden su territorio como si fuesen una sola unidad. El exilio es un ejemplo de este mestizaje. Con Aguilar Rojas se encuentran otros dos compañeros: Ricardo De la Cruz González, indígena wixárika de 35 años que se encargaba de la vigilancia de la comunidad, y Rafael Toña, tepehuano, de 67 y miembro del consejo de ancianos. También fueron agredidos el día en el que Aguilar Rojas quedó medio muerto en mitad del campo. Por eso también tuvieron que escapar.

Los tres son desplazados reconocidos por el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas del gobierno federal. La entidad se encarga de hacer el análisis de riesgo y dar resguardo a los activistas cuya vida puede correr peligro. En el caso de Aguilar Rojas, De la Cruz González y Toña, su responsabilidad al frente de las instituciones indígenas y su participación en protestas para resguardar sus tierras los puso en peligro. En México hay 1.282 defensores y periodistas bajo la protección del gobierno federal, según explica Elei Espinosa, integrante del mecanismo. De ellos, 64 están en el estado de Jalisco.

México es un país peligroso para los defensores del medio ambiente y el territorio. Un total de 83 ambientalistas fueron asesinados entre 2013 y 2019, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En su informe de 2020, Global Witness ubicó al país norteamericano como el cuarto más riesgoso para quienes defienden la naturaleza, solo superado por Colombia, Filipinas y Brasil.

Si huir de su comunidad es un trago amargo, su situación se agravó con la llegada de la pandemia. El primer caso de la enfermedad se detectó en México el 29 de febrero de este año, cuando los comunitarios indígenas y sus familias apenas estaban acostumbrándose a su nuevo destino en Guadalajara. Desde entonces, este es uno de los países del mundo más golpeados por el coronavirus: a finales de agosto (31) registraba más de medio millón de contagios y más de 64 mil muertos a causa de la enfermedad. Superar la barrera de los 60 mil fue considerado como un escenario “catastrófico” por el epidemiólogo Hugo López Gatell, vocero del gobierno sobre la COVID-19. En cifras absolutas, México es el cuarto país con mayor número de fallecidos, solo superado por Estados Unidos, Brasil e India. Si se toma en cuenta el número de muertes por cada cien mil habitantes, este país ocupa el décimo lugar mundial, con una tasa de 50,84 víctimas por cada cien mil habitantes.

Para Aguilar Rojas y sus compañeros, el coronavirus ha supuesto que sus condiciones de vida se compliquen. Los centros hospitalarios que debían tratar sus heridas se reconvirtieron para atender solo a los enfermos de la pandemia y no les atendieron. Los juzgados en los que tramitan su denuncia por las agresiones se paralizaron y las comunicaciones con su comunidad, a la que no pueden regresar, se cortaron.

“Estamos encerrados por la enfermedad y la familia está desesperada”, aseguró Aguilar Rojas en una conversación telefónica en agosto.

Zona alta de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. En esta área son habituales las invasiones por parte de ganaderos extensivos/ Foto: Archivo de la comunidad

Aislados de todo, estas familias de indígenas tepehuanos y wixárikas están obligadas a vivir en una ciudad que no conocen, sin redes de allegados y fuera de su entorno de toda la vida, de su raigambre. Todo por defender su territorio. Las 36 mil hectáreas que reivindican como suyas están en el espacio que se abre entre Villa Guerrero, el municipio, y San Lorenzo. Se trata de terreno en forma de quebrada. Arriba queda la cabecera municipal y abajo la comunidad. El camino viene marcado por el río Bolaño, del que sacan pescado y le dan uso doméstico. No son grandes extensiones, ni unos subsuelos ricos en minerales. Pero es su tierra, al fin y al cabo. La que viene pasando de generación en generación. La única que pueden llamar suya y con la que mantienen una relación especial, sagrada.

“Para nosotros, aparte de ser naturaleza, es algo sagrado, parte de nuestras raíces. Es lo que nos enseñaron nuestros abuelos”, dice Aguilar Rojas.

“La concepción del territorio que tienen los indígenas no es la misma. La parte del agua es un bien comunal. Como los bancos de arena, los peces del río o el bosque”, explica Quetzal Prado, abogada de Ajagi, la organización que acompaña a la comunidad.

La cosmovisión de los wixárikas y tepehuanos los lleva a hacer ofrendas a los cerros para que la naturaleza sea benévola. Están, como lugares venerados, el cerro del chivo, el de la leona y el del hueso. En el cerro de Colotlán, muy cerca de la aldea, se encontraron restos de un centro ceremonial tepehuano que data de los tiempos en los que todavía eran dueños de su territorio y no debían demostrarlo ante un tribunal. Los invasores y los gobiernos ignoran estas tradiciones. Por ejemplo, como contó Cristian Chávez, asesor de la comunidad, en un proyecto de 2018 en el que personas ajenas a la comunidad fueron contratadas para establecer barreras de protección de suelo, como desconocían dónde estaban y el entorno que les rodeaba, utilizaron las piedras talladas que los indígenas emplean para sus ceremonias.

“Se les paga a los cerros por muchas razones. Hay distintos lugares sagrados. Algunos son para vivir. Vive uno al pie del cerro, y sube y paga para que todo esté bien y no le pase nada a la familia. Eso es lo que se hace. Se trata de pagar ahí para que nos llueva bien, para que el suelo sea productivo, que haya buenas cosechas, que las familias no se enfermen y que haya buena temporada”, dice Ricardo De la Cruz González, otro de los indígenas desplazados tras el ataque de 2019.

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*Foto de portada: Noé, Ricardo y Rafael son indígenas desplazados en Guadalajara, México | Foto: ilustración Paola Nirta | Animal Político