¿Bajo asedio la libertad de expresión en México?
Por Roberto Alonso @rialonso
22 de septiembre, 2020
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La pregunta retoma uno de los ejes sobre los cuales ha girado la conversación a partir de la publicación, el pasado 17 de septiembre, de un desplegado suscrito por 650 personas de los ámbitos académico, periodístico, cultural y artístico con la leyenda “Esto tiene que parar”.

En medio de una abierta confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los directores de las revistas Nexos y Letras Libres, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, respectivamente, este desplegado ha trascendido por llevar las firmas de estos escritores y de integrantes de los círculos culturales e intelectuales de ambas publicaciones. Sin lugar a dudas, allí hay que ubicar este enfrentamiento que llevó incluso al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, a sugerirle a ambos que dejaran el país. Más aún, esta desatinada declaración es una de las causas que explican el texto de marras.

Sin embargo, las 200 palabras del desplegado también fueron respaldadas por personalidades como Alberto Ruy Sánchez, Alejandro Hope, Arturo Ripstein, Carmen Boullosa, Catalina Pérez Correa, David Gómez Álvarez, Diana Bracho, Edna Jaime, Enrique Serna, Gabriel Zaid, Issa Luna Pla, Jacqueline Peschard, Javier Esteinou, Javier Sicilia, Katia D’Artigues, Luis Aguilar, Lynn Fainchtein, Margarita de Orellana, Mauricio Merino, Mónica Lavín, Pedro Salazar, Rolando Cordera, Rossana Reguillo, Sara Lovera, Sergio García Ramírez y Valeria Luiselli.


¿Pero qué es eso que tiene que parar? A decir de las y los abajo firmantes: 1) el discurso presidencial que estigmatiza y difama a sus adversarios, agraviando con ello a la sociedad, degradando el lenguaje público y rebajando la tribuna presidencial; 2) los juicios y las falsedades que el presidente propala, pues siembran odio y división, desembocado en la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a las publicaciones que han criticado su gobierno; 3) el desprecio a la lucha de las mujeres, el dolor de las víctimas y los reclamos ambientalistas; 4) las afectaciones presupuestales a los organismos autónomos; y 5) sus ataques al Poder Judicial, así como a las instituciones culturales, científicas y académicas.

Como podrá notarse, aunque el posicionamiento político se circunscribe en la defensa de la libertad de expresión, va más allá de esta, dejando de lado problemáticas intrínsecas a este derecho como las agresiones a los periodistas, la censura directa y la falta de transparencia y reglas claras en materia de publicidad oficial, por mencionar algunos ejemplos. Y tengo para mí que no se detiene en estos asuntos porque el argumento no se sostiene, de tal manera que la contundencia en la primera línea del desplegado en la que se afirma que la libertad de expresión está bajo asedio y, con ello, amenazada se encuentra la democracia, posee un aire estridente.

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Es cierto que desde las mañaneras, esa construcción mcluhaniana en la que importa más el peso del púlpito que el contenido mismo de la prédica, la descalificación hacia los actores que el presidente localiza en las coordenadas de sus adversarios –medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones autónomas y otros– se ha convertido en un leitmotiv con expresiones que estigmatizan y suelen traducirse en ataques en las redes sociales, contribuyendo a hostilizar un ambiente de suyo adverso para el ejercicio de la crítica. En su informe anual publicado en febrero de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por las declaraciones estigmatizantes lanzadas contra la prensa desde la tribuna presidencial, recordando que “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

Por otra parte, también es cierto que López Obrador ha fallado en su relación con las protestas feministas, las exigencias de las víctimas de la violencia y las denuncias de quienes defienden la tierra y el territorio, acusando una falta de sensibilidad que ha conducido a muchas y muchos a la decepción. Y a todas luces se equivoca el presidente al meter a las y los 650 firmantes en un mismo costal, asegurando que “se quedaron callados cuando se saqueó al país”, “se dedicaron a aplaudir [y] a quemarle incienso a los gobiernos neoliberales”, cuando en realidad buena parte de ellas y ellos contribuyeron en sus diferentes campos de batalla e incidencia a que él llegara al poder e iniciara en el país un proceso de transformación profunda.

Con todo, ¿está bajo asedio la libertad de expresión en México? ¿Hemos llegado realmente a ese punto de no retorno? Pese a que la defensa es más ideológica que autocrítica, la respuesta al desplegado de las y los 650 movilizada por Rafael Barajas “El Fisgón” con miles de firmas de apoyo, favorece la deliberación como contrapunto. ¿No habrá, detrás de la estridencia, un afán oculto, así sea minoritario, de restaurar la hegemonía del pensamiento perdida? ¿Estamos ante el coletazo de un elitismo privatizador de la palabra que hace poco por dejar de ser extranjero en su propio país?

En cualquier caso, ¿acaso hay que esperar a que una declaración estigmatizante en la mañanera o un ataque amplificado por bots en el espacio público digital se traduzca en una agresión física para dimensionar sus efectos perniciosos? Acierta López Obrador al señalar que es importante debatir, tal vez olvida que el debate es con ideas, no con argumentos ad hominem ni asumiendo sistemáticamente, al grado de monopolizarla, la condición de víctima. ¿Está dispuesto a hacerlo?

 

*Foto de portada: Gobierno de México | Facebook

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Roberto Alonso
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.