En noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, aprobó la resolución 38C en la cual se estableció conmemorar cada 28 de septiembre el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información.

El acceso a la información forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puntualmente del Objetivo 16: “Paz, Justicia e Instituciones Fuertes”, donde se busca “garantizar el acceso público a información y proteger libertades fundamentales, de acuerdo con legislación nacional y acuerdos internacionales”.

Este año, la conmemoración, según ha orientado la ONU, tiene como eje central “el derecho a la información en tiempos de crisis y en las ventajas de contar con garantías constitucionales, estatutarias y/o normativas para el acceso público a la información a fin de salvar vidas, fomentar la confianza y ayudar a la formulación de políticas sostenibles a lo largo de la crisis de COVID-19 y más allá de ella”.

Sin duda, la contingencia por el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la trascendencia que tiene esta dimensión del derecho a la información. En este espacio hemos señalado la importancia de que se garantice, principalmente por parte de los actores gubernamentales, el acceso a información plural, completa y oportuna tanto de los datos estadísticos sobre salud, como de las medidas implementadas para la atención de la contingencia.

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Tener garantizado ese acceso nos permite, como sociedad, poder hacer evaluaciones y observaciones sobre el actuar de las autoridades sanitarias y de otros sectores vinculados con la pandemia (economía, trabajo, bienestar) y encaminarnos a una posible rendición de cuentas, pero también nos permite, hacia nuestra esfera más cercana, poder combatir la desinformación y tomar mejores decisiones para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. 

De igual forma, ha sido y seguirá siendo fundamental el papel que tengan los órganos garantes, tanto a nivel nacional como a nivel local, para proteger y promover el acceso a la información, pues de sus determinaciones se puede limitar o ampliar la protección de este derecho. 

Hemos visto que, a nivel nacional, el INAI ha tomado a lo largo de la crisis decisiones  que han permitido tener una mayor garantía en este derecho, tomando acciones como la distinción entre sujetos obligados esenciales y no esenciales o con la puesta en marcha de portales de transparencia proactiva. Lamentablemente, a nivel local, en varias entidades —entre ellas Puebla—, las acciones han sido mínimas, lo que ha repercutido en la capacidad de acceder a información, principalmente aquella vinculada con la pandemia.

Asimismo, para las Naciones Unidas, “el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en informar al público sobre temas de interés, pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información. Por tanto, el derecho al acceso universal a la información también está ligado al derecho a la libertad de prensa”.

En ese sentido, en las últimas semanas en nuestro país se ha dado una discusión en torno a si existen o no amenazas contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Independientemente de las posturas políticas, que es hacia donde se ha enfocado el debate, es importante recordar que nuestro país atraviesa desde hace años una seria crisis en materia de protección y defensa del trabajo periodístico. 

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, en el primer semestre de este año se registraron 406 agresiones contra la prensa, principalmente amenazas e intimidaciones y hostigamiento. Es decir, una agresión cada 10.75 horas. Dos al día. Igual es sumamente alarmante que los agresores, casi el 50 por ciento (199) fueron funcionarios públicos, seguidos por particulares con 97. Dos a uno. 

Entre los datos reportados, destaca también que Puebla se encuentra en segundo lugar con 49 agresiones (poco más del diez por ciento), sólo por debajo de la Ciudad de México, con 64 agresiones.

Hemos reiterado en diversos momentos que las agresiones contra periodistas no sólo atentan en la dimensión individual del derecho a la información, sino en la dimensión colectiva de este y es en ese conjunto donde se ve vulnerado el “acceso universal a la información”. El silenciamiento de voces periodísticas repercute en la diversidad de fuentes y ópticas que como sociedad podemos consultar.

Que este 28 de septiembre, Día Internacional por el Acceso Universal a la Información, sea una invitación para reflexionar sobre su importancia y sobre todo para exigir mejores condiciones en este pilar democrático.

*Foto de portada: fotografiekb | Pixabay