Transición a Fiscalía General del Estado no ha sido integral y carece de participación ciudadana: activistas
A cuatro años de la transición, sus deficiencias impactan en la investigación de los casos, según el análisis que realizaron organizaciones de la sociedad civil, bajo la iniciativa #FíscaliaQueSirva.
Por Dafne García @DafneBetsabe2
02 de agosto, 2020
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Si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tenido modificaciones desde 2016 (cuando transitó de Procuraduría a Fiscalía General) para mejorar su eficiencia en el marco de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, estos cambios no se ven reflejados en una investigación y resolución de delitos eficientes.

Prueba de ello es que en Puebla, e incluso pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género y la puesta en marcha de la Comisión Estatal de Búsqueda, los feminicidios y desapariciones siguen siendo focos rojos para el sistema de justicia penal.  

El colectivo Fiscalía que sirva ha seguido de cerca La transición de Procuradurías a Fiscalíasen todo el país, y en el caso de Puebla, encontró que la deuda de la institución está en la falta de planeación (que incluye el plan de persecución penal o política criminal), así como la necesidad de un consejo ciudadano consultivo y un órgano interno de control para evitar la corrupción e impunidad.

Ejemplo de la falta de eficiencia es lo ocurrido con los feminicidios de Diana Celina, Dalia Salmorán y María de los Ángeles, en los que familiares han denunciado falta de asesoría jurídica e ineficiencia en las investigaciones de los casos

Los retos así como el recuento del proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, se dio a conocer en el conversatorio “Retos para una fiscalía que sirva en Puebla: a medio año de la designación del titular de la Fiscalía General del Estado”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de la IBERO, y moderado por el académico Rosete Roberto Guzmán.

La transición y las fallas en las designaciones

Los cambios para la transición de Procuraduría a Fiscalía en Puebla empezaron desde 2016, cuando a esta institución se le dio autonomía, gestión y presupuesto a través de la reforma de algunos artículos en la constitución del estado. 

“Se le dota de personalidad jurídica propia; también se agregan algunos requisitos para poder ser fiscal, y se menciona que habrá fiscalías especializadas […] se refuerza el proceso de designación de la persona que encabeza la Fiscalía”, explicó Rosete Guzmán.

El académico recordó que en ese entonces, quien estaba como procurador general de esta institución pasó de forma automática a ser fiscal. “No existió un proceso que garantizara que la persona que ocupara el cargo fuera independiente de cualquier afinidad política. [Así] Víctor Carrancá pasó a ser fiscal durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle a fiscal, de 2016 a 2018. A finales de 2019 presentó su renuncia ante el Congreso y dejó como encargado de despacho a Gilberto Higuera Bernal”.

En febrero de 2020, inició en Puebla el proceso para designar al nuevo fiscal y, pese a que ya había cambios para mejorar los procesos de designación en la constitución, “no se cumplen en realidad, desde lo normativo, estándares necesarios para garantizar la autonomía, la independencia o imparcialidad de quien la encabeza”, explica Guzmán.

Reflejo de esto es que la elección como fiscal de Gilberto Higuera Bernal fue rechazada y señalada como una imposición por el colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, quienes desde julio de 2019 habían denunciado el trato desigual por parte del funcionario (cuando era encargado de despacho del fiscal), así como las irregularidades en los procesos de investigación de las denuncias por desaparición.

Pero el que un encargado de despacho pase a ser fiscal inmediato, es un problema que el colectivo Fiscalía que Sirva ha detectado que ocurre también en otros estados, como Veracruz. Esto impide que se puede garantizar una autonomía de la Fiscalía.

“Los nombramientos del fiscal, los mecanismos de transparencia, publicidad y participación ciudadana, se deben de mejorar para que las personas y organizaciones puedan participar en estos procedimientos, y [para] que un fiscal represente realmente lo que quiere la ciudadanía”, enfatizó Iván González Huitrón, miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), que forma parte del colectivo Fiscalía que Sirva.

Asimismo, otro de los problemas y obstáculos que ha detectado el colectivo durante la transición de Procuradurías a Fiscalías a nivel nacional, es que los cambios han sido simulados, es decir, no se ha llevado a cabo lo establecido en la ley. Así, han notado una falta de seguimiento articulado (incluso entre las oficinas de la misma Fiscalía), procesos de nombramientos (de fiscales) a puertas cerradas, y resistencia al cambio por parte de las autoridades.

“Hemos visto que, si bien algunos funcionarios han abierto las puertas a hablar a la sociedad civil colectivos, no hay una respuesta concreta [a sus demandas]”, explica Mariana Mendoza Aquino, activista de la Red TDT.

De igual manera, dijo que han notado que persisten las malas prácticas como la revictimización cuando se acuden a hacer una denuncia, así como la falta de aplicación de algunos protocolos establecidos para investigar delitos específicos.

Puntos pendientes para asegurar la eficiencia de la Fiscalía: Red TDT

Rosete Guzmán explicó que en la gestión de este año, en que Gilberto Higuera funge como fiscal en Puebla, se han hecho algunos cambios en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. y se anunció la publicación del reglamento de la Fiscalía: 

“Se observan algunos cambios que parecen estructurales, pero en realidad no cumplen satisfactoriamente con los estándares internacionales en la materia, relacionados con las buenas prácticas de operadores de justicia”.

En ese sentido, Iván Huitrón señaló que, desde la Red TDT, han detectado algunos puntos pendientes para asegurar que el trabajo de la Fiscalía de Puebla se realice con eficiencia, imparcialidad y respetando los derechos humanos.

– Elegibilidad del fiscal: Se requiere reforzar los requisitos de elegibilidad para ser fiscal, separándolos de los criterios de selección (que tienen que ver con criterios como tener un título de abogado, llevar tantos años de carrera, etc.). 

Esta elegibilidad se refiere a que el fiscal que asuma el cargo tiene que responder a las necesidades del estado y los problemas específicos a los que se enfrenta (como feminicidios y desapariciones). ”Que sepa transversalizar estos temas y que sepa bien cómo se van a investigar, [así como] qué se va a hacer con cada uno de ellos, pero también relacionándolos, sabiendo que son realidades que existen”, explica Huitrón.

– Remoción del fiscal: Regular de manera adecuada la remoción o sustitución del fiscal para evitar que se separe de su cargo de manera arbitraria, y especificar claramente cuáles van a ser las causales de remoción. De igual manera, debería trasladarse la facultad de remoción del fiscal, del ejecutivo federal a la legislatura.

– Comisión de designaciones: Un órgano especial independiente que realizaría una evaluación de todos los aspirantes a los principales cargos de la fiscalía.

– Consejo ciudadano consultivo: La creación de dicho consejo está establecido en el reglamento de la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado como un órgano colegiado conformado por representantes de la sociedad civil, cuya finalidad es orientar, hacer estudios, proyectos y propuestas para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía.

– Órgano interno de control: Este debería tener independencia, autonomía técnica y de gestión, para evitar la impunidad y corrupción dentro de la misma Fiscalía.

– Plan anual de trabajo: Incluiría un plan de persecución penal, o una política de persecución criminal; cómo va a actuar el consejo ciudadano; cuáles van a hacer los indicadores y los estándares mínimos de evaluación y seguimiento de las actividades de la Fiscalía “esto justo nos va a ayudar a saber cuáles son los avances y el nivel de cumplimiento de todos los compromisos que se adquieran en este plan anual” enfatizó el activista.

Las fallas de la Fiscalía en los casos de feminicidio

La ineficiencia en las actuaciones de la Fiscalía en Puebla se ha reflejado en las irregularidades que se han presentado en los casos de feminicidios, como han señalado familiares de las víctimas, sin obtener respuesta por parte de las autoridades. 

Dalia Salmóran Velázquez fue asesinada el 30 de noviembre de 2019 por su expareja y, aunque existe una orden de aprehensión contra el feminicida, este sigue prófugo. Además, los familiares de Dalia no han podido obtener una copia de la Carpeta de Investigación (CDI) del caso, ya que las autoridades les dijeron que necesitaban un asesor jurídico para obtenerla. Sumado a esto, el seguimiento del caso por parte de la Fiscalía ha sido ineficiente (el hermano de Dalia tenía que ir seguido a la Fiscalía a preguntar por los avances).

En el caso de Diana Celina González Hernández, desaparecida el 20 de diciembre de 2019, su mamá, María Hernández, continuó recabando pruebas e investigando por su cuenta, pues la Fiscalía dio por concluida la investigación al hallar el cuerpo de su hija y su asesino, Sergio Alonso Reyna. Esto a pesar de que María les hizo señalamientos sobre las inconsistencias en el caso. Así, lo que sucedió con Diana aún no se ha esclarecido.

Las fallas más graves por parte de la Fiscalía en este caso han sido: el no notificar a los familiares de Diana el haber encontrado sus restos (difundieron la noticia a través de sus canales institucionales); María tuvo que pagar 50 mil pesos por una prueba genética para la identificación de los restos hallados; la CDI del caso no fue entregada de forma rápida ni completa a los familiares, y no se ha investigado a los posibles cómplices de Sergio Alonso.

La falta de efectividad en los casos de feminicidios ha sido tal que el feminicidio de María de los Ángeles, ocurrido el 30 de mayo de este año, llegó al Congreso de la Unión para discutirse un punto de acuerdo –presentado por el diputado morenista, David Orihuela Nava–, en el que se exhortó a la FGE a hacer una investigación eficiente, profesional, pronta y expedita para resolver el asesinato de la profesora de preescolar. 

Y es que, los familiares temen que se dé carpetazo al caso porque, pese a haber ya una orden de aprehensión contra el presunto responsable, aún no se había detenido a nadie.

Así pues, estos casos evidencian que a pesar de que se han hecho reformas a las leyes y cambios en la Fiscalía para mejorar su actuar, en realidad estos aún no se reflejan en la atención adecuada de los delitos que, por su gravedad, impactan a la sociedad. Un lugar donde se siguen cometiendo y siguen quedando impunes.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Dafne García