Será legal: pese a negativa de la SCJN, el panorama para acciones feministas está abierto
Las abogadas Gabriela Moreno Valle Bautista y Yuteita Valeria Hoyos Ramos coinciden en que el proyecto del ministro González Alcántara sienta un precedente para futuras estrategias jurídicas
Por Julio Sandoval @jota_sand
10 de agosto, 2020
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Los derechos no son una dádiva del Estado, nos pertenecen y hay que exigirlos, dijo la abogada y académica Gabriela Moreno Valle Bautista, en el conversatorio “Una mirada jurídica sobre la despenalización del aborto”, organizado por LADO B, en el que además participó la abogada Yuteita Valeria Hoyos Ramos.   

El miércoles 29 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no entrar a profundidad en el proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al considerar que no había omisión legislativa, pues el Código Penal veracruzano sí contempla situaciones (causales) en las que la interrupción del embarazo es posible sin recibir una sanción, como en el caso de una violación.

Es decir, el resto de los ministros y las ministras que integran dicha sala no analizaron si la legislación actual en ese estado era correcta o no, si estaba acorde a los tratados internacionales firmados por México –en lo cual se sustentaba el proyecto del ministro González Alcántara–, o si era respetuosa de los derechos humanos.

Pero el fallo no es totalmente negativo para la escena de los derechos de las mujeres.  A decir de la abogada y especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Gabriela Moreno Valle Bautista, y de la abogada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, este proceso ha abierto el panorama para futuras acciones en esta lucha feminista.

El panorama abierto

Ambas especialistas coincidieron que esta experiencia abrió el panorama para formar diversas estrategias jurídicas que en el futuro se podrían usar para continuar con la lucha por la despenalización del aborto.

Gabriela Moreno Valle explicó que el proceso fue posible gracias a la reforma del artículo 1º constitucional del 2011, en la que se establece que, en el país, los derechos humanos reconocidos no sólo responden a la Constitución Mexicana, sino también a los tratados internacionales en los que participa México.

Asimismo, destacó los dictámenes de la SCJN que permiten que un amparo proceda contra una omisión legislativa y que exista la posibilidad de que se pueda promover por “interés legítimo” –es decir, que aunque la acción determinada no afecte a alguien en especifico, si se pueda argumentar que afecta a un sector de la población–.

Moreno Valle manifestó que el orden judicial federal es el poder que más progreso ha tenido en el reconocimiento de derechos humanos, tal y como lo demuestran las resoluciones que hicieron posible el amparo en Veracruz y el hecho de que fuera un juez federal de Xalapa quien, en un principio, determinó que había una omisión legislativa respecto a la despenalización del aborto.

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En ese sentido, lamentó que las figuras jurídicas anteriores no sean usadas con frecuencia en las argumentaciones de los casos, pero dijo que luego de lo sucedido en Veracruz se podrían retomar, pues ya se vio que este tipo de casos sí proceden.

Por otro lado, la abogada y académica del Tecnológico de Monterrey (Campus Puebla), señaló que aunque la Alerta de Violencia de Género cumple la función de visibilizar las situación de violencia que viven las mujeres y la poca atención de las autoridades al respecto, es insuficiente y se debe buscar que las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) sean formalmente vinculantes con los gobiernos, pues de ese modo los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) estarían obligados a responder con acciones.

Por su parte, Yuteita Valeria Hoyos Ramos expresó que aunque la resolución fue contraria a lo que se esperaba, se logró que más personas pusieran atención en el tema y reflexionaran al respecto.

El obstáculo en la lucha veracruzana por el aborto

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Foto: Marlene Martínez

Yuteita Valeria Hoyos Ramos relató que tras la declaratoria de la segunda Alerta de Violencia de Género en Veracruz en 2017 (la primera por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado, esto es, que las leyes se aplican de manera desigual entre hombres y mujeres) se comenzó a trabajar legislativamente sobre la despenalización del aborto en el estado. 

Sin embargo, las propuestas fueron rechazadas por el Congreso local pese a que un juez federal de Xalapa determinó que, de acuerdo con tratados internacionales, había omisión legislativa sobre el tema. Esto fue impugnado por asociaciones civiles y comenzó un proceso jurídico en el que finalmente la SCJN retomó el caso por considerarlo relevante y de trascendencia nacional.

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Ya en la sesión, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que no podía ordenar al Congreso veracruzano legislar sobre el tema, pues de hacerlo estaría incurriendo en “activismo judicial”, lo cual “limitaría” las facultades del Poder Legislativo de Veracruz; y que no había una omisión legislativa al respecto.

El caso, señaló Hoyos Ramos, fue turnado a otro de los ministros integrantes de la Primera Sala, quien deberá realizar otro proyecto de sentencia para llegar a la conclusión del amparo. La abogada lamentó que lo más probable es que, por lo expresado en la sesión, el nuevo proyecto vaya en la misma línea que la resolución en contra.

En ese sentido, Gabriela Moreno Valle explicó que en la Primera Sala se pudo notar que hubo una mayoría de ministros y ministras formalistas (conservadores, que se apegan más al derecho tradicional), y que el ministro que presentó el proyecto de sentencia es el único que pertenece al ala garantista (facción que busca el reconocimiento de los derechos humanos a través del marco jurídico constitucional). A esta desproporcionada división atribuyó la resolución, y expresó que hacen falta más ministros garantistas.

Por otro lado, durante su participación en el conversatorio, la diputada priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Puebla, Rocío García Olmedo, aseguró que el camino para lograr la despenalización del aborto está en los Congresos locales; aunque señaló que lo más probable es que por la cercanía con las campañas electorales, en esta legislatura no se consiga, pese a que la coalición (4T) que domina el Poder Legislativo local sea del ala supuestamente izquierdista y progresista. 

García Olmedo, quien recientemente presentó una iniciativa para dejar de criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo y para incorporar en el estado medidas de prevención en salud sexual y reproductiva, explicó que los partidos políticos no van a querer abordar, y mucho menos debatir, el tema por el costo político que conlleva. 

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Julio Sandoval