Los perfiles del gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, asegura Juan Luis Hernández, profesor-investigador de la Ibero Puebla, reflejan las advertencias que desde el análisis político se expusieron en su momento: una cosa es ganar el poder a través de una alianza heterogénea, y otra muy distinta es gobernar y coordinar agendas contrapuestas.  

La pugna por el mando de la seguridad del municipio de Puebla, que se revivió hace algunas semanas tras la adición de un artículo transitorio al decreto del 24 de marzo –por el que el Estado tomó de facto el control de la seguridad municipal–, es la capa más visible de una confrontación que se nutre de varias fuentes: el autoritarismo heredado del morenovallismo, las trayectorias de ambos personajes, e incluso el acelerador de procesos políticos en el que se ha convertido la pandemia.

La pugna por el mando policial

El 29 de enero, el gobernador Miguel Barbosa y ocho presidentes municipales, entre ellos Claudia Rivera, firmaron el Acuerdo de coordinación institucional y participación social para reducir la violencia y la delincuencia en la zona metropolitana de Puebla, en miras de crear un mando metropolitano coordinado para los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Coronango y Huejotzingo; posteriormente se contemplaría la adhesión de San Martín Texmelucan.

Como parte de la estrategia, confirmó el mandatario el 11 de marzo, al menos cuatro titulares de seguridad pública municipal serían removidos; entre ellos también se incluía a la secretaria de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento capitalino, Lourdes Rosales Martínez.

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“Ese era el plan del cual la presidenta sabía todo”, dijo el gobernador durante la conferencia de prensa de salud del 24 de marzo, luego de que la alcaldesa se negara a aceptar la remoción presuntamente pactada, y de que el caso escalara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la posible extralimitación de facultades por parte del gobernador. 

A las pocas horas, sin grandes anuncios, el Ejecutivo del Estado publicó un decreto por el que asumió de facto el mando de la seguridad municipal. 

Foto: Twitter (@SSPGobPue)

En 21 páginas, el gobierno del estado expuso lo que, a su consideración, eran pruebas irrefutables de la grave alteración del orden público en el municipio de Puebla: presencia de bandas delictivas del fuero común que exceden el territorio municipal, delitos de alto impacto como ejecuciones y feminicidios, presencia de cárteles nacionales –el Cártel Jalisco Nueva Generación, se menciona, tiene a Puebla capital entre sus objetivos prioritarios–, aumento en la incidencia delictiva y de la percepción de inseguridad en 2019, y finalmente, actos de corrupción e impunidad dentro de la policía.   

Sin embargo, especialistas consultados por LADO B aseguran que más que técnica, esta fue una irrupción política por parte del gobierno del estado, usando incluso datos sesgados y erróneos para justificar la toma de control de la seguridad pública en la capital poblana.

Para Gustavo Cruz, consultor de seguridad, esta pugna política queda evidenciada en los imperceptibles avances respecto del acuerdo firmado el 29 de enero con los otros presidentes municipales de la zona metropolitana, y en el hecho de que la seguridad municipal, hoy en día, sigue recayendo operativamente en la policía local. “Eso nos lleva a no saber realmente quién tiene el mando”.  

Igualmente contradictorio, considera, es que sea el gobierno del estado, el recientemente señalado por elementos de la policía estatal por sus bajos salarios y falta de apoyos para el pago de llantas ponchadas y gasolina, quien se encuentre cuestionando el desempeño de una policía local que tiene sus mismos problemas.

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Claudia Rivera aceptó en un inicio el cambio en el mando en la parte operativa, pero no la remoción de su secretaria de Seguridad Ciudadana, con quien en todo caso tendría que coordinarse Seguridad Pública del Estado. 

La controversia constitucional interpuesta ante la SCJN, en ese sentido, tiene la finalidad de aclarar si el gobernador posee o no la facultad, no sólo de tomar el mando operativo de la seguridad pública municipal en tiempos de crisis, sino de remover y designar a la persona a cargo, cuando dicha posición fue asignada por un poder de un orden distinto.

La cohabitación, un fenómeno político adaptado a la realidad poblana

Una explicación para la ruptura entre la presidenta municipal y el gobernador, refiere Juan Luis Hernández, profesor-investigador de la Ibero Puebla, es que estos personajes, si bien fueron postulados por la misma coalición tienen trayectorias distintas, abanderan diferentes agendas e incluso responden a alianzas nacionales contrapuestas.

Un fenómeno que en la Ciencia Política, comenta, se conoce como cohabitación; mejor aplicable al caso de repúblicas semipresidencialistas como la francesa —en donde pueden convivir un presidente de izquierda con un primer ministro de derecha—, pero que también se manifiesta en escenarios políticos locales como el nuestro.

“Tenemos un gobernador que primero fue priista, después perredista y luego se subió a la última ola morenista, que cohabita políticamente con una egresada de la sociedad civil [de las bases de Morena] […] sus perfiles representan muy bien lo que en su momento se planteó sería un problema para gobernar; una cosa es ganar como una alianza heterogénea el poder y otra, gobernar. 

Los intereses tribales al interior del partido gobernante, dice Juan Luis, son una primera explicación a la difícil cohabitación entre Claudia Rivera y Miguel Barbosa, una relación que agrega, se vio también afectada por el apoyo que su momento recibieron de liderazgos nacionales: Ricardo Monreal y Yeidckol Polevsnksy, respectivamente.

A esto se suman, comenta el especialista en estudios de paz Fernando Montiel Tiscareño, las características excepcionales de la política poblana que arrastraba consigo diez años de control político absoluto; desde los tiempos del exgobernador Rafael Moreno Valle y la continuidad del modelo que significó la llegada de Antonio Gali Fayad y por unas semanas, de Martha Erika Alonso.

“Cualquier aspirante a la gubernatura tiene como referencia inmediata ese poder tan totalitario […] para alguien como Barbosa entonces es natural querer llenar esos zapatos; el problema es que no tiene los mecanismos de control político, ni las alianzas nacionales necesarias”. 

El fenómeno de la cohabitación, cabe mencionar, ya se había presentado en la entidad, durante la gubernatura de Moreno Valle y el trienio en el que gobernó la capital el panista Eduardo Rivera; y la del priista Manuel Bartlett, que coincidió con el primer presidente municipal de oposición, Gabriel Hinojosa.

La pandemia, un acelerador de procesos políticos

Foto: Twitter (@SSPGobPue)

Existe otro principio en Ciencia Política, dice esta vez Fernando Montiel, para tiempos como los que actualmente estamos viviendo. En momentos de crisis, las decisiones tienden a centralizarse y los gobernantes a buscar cohesión en donde antes no la había. 

“No importa qué tan buen o mal gobernante seas, cuando se tiene a un enemigo interno [como el virus], de inmediato la población a la que gobiernas se agrupan en torno a ti”.

Miguel Barbosa, en ese sentido, estaría utilizando la amenaza real de la pandemia para lograr cohesión al interior y conseguir lo que no había podido en sus primeros ocho meses de gobierno: hacerse del control del mando de la seguridad pública en la capital del estado y al mismo tiempo, debido a los recientes desencuentros con el gobierno federal, proyectar hacia afuera una imagen de unidad.

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Sin embargo, continúa Fernando, la lectura de la población sobre la gestión de la pandemia, una vez que sea más palpable la nueva normalidad, difícilmente distinguirá nombres y apellidos: “Para la población las cosas andan mal y particularmente mal por Morena […] [la respuesta ante la pandemia] es parte el abono con el que se está fertilizando un voto de castigo muy fuerte”. 

Todos los especialistas consultados por LADO B coinciden con esta lectura. Algunos prevén incluso que una vez que se termine el efecto colchón de la pandemia, es decir la baja incidencia delictiva asociada a la drástica reducción de la movilidad y la suspensión de la actividad económica, lo que puede ocurrir es un efecto tsunami en materia de seguridad: un incremento significativo en los delitos. 

Eso sin contar el costo político de la conducción y contención de la pandemia de cara a los comicios del 2021.

“Una vez la sociedad empiece a interactuar otra vez con los delitos [sean víctimas o victimarios], algunos de ellos tendrán un incremento; aquí lo más importante es ésa parte, la coordinación entre ambas esferas gubernamentales y enfatizar en que los dos gobiernos han tenido limitaciones para llevar a cargo este ejercicio de dar seguridad al ciudadano”, dice Juan José Hernández, presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), organización que recientemente publicó un informe de análisis de incidencia delictiva de alto impacto para el primer semestre del año.

Lo deseable en estos casos, explica Juan Luis Hernández, de la Ibero Puebla, es que tanto Claudia Rivera como Miguel Barbosa se comporten como políticos profesionales, de la misma forma en que otras dos personalidades tan contrastantes como el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se entendieron en esquema de ganar-ganar para detener a José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Ambos tienen que cumplir el mandato de las urnas, pero también las expectativas sociales de mejora […] lo único que provoca la falta de coordinación [en materia de seguridad] es que se pierda la sociedad en su conjunto”.

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*Foto de portada: Twitter (@SSPGobPue)