La mitad de la vida de Manuel Moreno* se quedó en Estados Unidos tras su deportación. No tenía grandes ahorros, pero con su trabajo en el área de la plomería le bastaba para pagar una renta y vivir, junto con su esposa y sus tres hijos, en los suburbios de Nueva York.

Llevaba alrededor de 15 años residiendo en el país vecino cuando fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su estatus irregular y una vieja infracción de tránsito fueron suficientes para mandarlo a una prisión federal durante dos años, antes de ser deportado a México a través de la frontera de Tamaulipas.

La historia de Manuel, originario de Atlixco (Puebla), es una de las tantas compartidas por entre 40 y 60 mil personas que, año con año, son devueltos a nuestro país, a pesar de contar con una residencia –y una vida– en Estados Unidos. Si contamos además a las personas que fueron detenidas cuando intentaban cruzar la frontera por primera vez, el universo del retorno forzado alcanza las 200 mil deportaciones anuales.

A pesar de la pandemia, que ha paralizado gran parte de las actividades económicas y burocráticas en los Estados Unidos, explican para LADO B Luis Jesús Martínez Gómez y Guillermo Yrizar Barbosa –dos especialistas en la materia–, la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump no se detiene.

Las deportaciones documentadas durante los primeros seis meses de 2020, en comparación con el mismo periodo del año previo, apenas tuvieron una reducción del 17 por ciento a nivel nacional; 24 por ciento a nivel estado, considerando únicamente a los migrantes deportados originarios de Puebla. 

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Foto: Heriberto Paredes

El riesgo de pisar nuevamente la cárcel obligó a Manuel Moreno a descartar la idea de volver, pero encontrar un trabajo en la zona fronteriza se tornó igualmente imposible. Tuvo que regresar a Atlixco para que, con la ayuda de su familia, pudiera hacerse de pequeños trabajos como velador y recolector de flores.

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A pesar de las extenuantes jornadas, la paga no se comparaba en absoluto con lo que estaba acostumbrado a percibir del otro lado, en donde sus conocimientos técnicos y de lenguaje (inglés) eran indispensables.

Su esposa, indocumentada, y sus tres hijos, uno con graves problemas de salud, se encuentran todavía en Estados Unidos, a la espera de que surja en el horizonte una oportunidad segura para el reencuentro; ante la falta de oportunidades en México, la idea de encontrar un tercer país de acogida –posiblemente en Europa– comienza a formar parte de sus planes a futuro.

Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), asegura que el caso de Manuel Moreno y su familia –su deportación y, por ende, su separamiento– es apenas un vistazo a la diversidad de perfiles que se agrupan bajo el concepto de personas retornadas.

“Los deportados, por lo general, son los más vulnerables [dentro de la población retornada, categoría que engloba el retorno forzado y voluntario]. Son este tipo de perfiles, sobre todo masculinos, que vivieron muchos años en Estados Unidos, y que al llegar a la frontera con México, se dan cuenta que no tienen ningún tipo de redes de apoyo en esas ciudades a las que son deportados”.

En 2018, de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (Emif Norte), 192 mil 200 personas indocumentadas, de 18 años o más, fueron detenidas por autoridades estadounidenses y entregadas al Instituto Nacional de Migración (INM); poco importó que una tercera parte de estas personas llevara entre seis y diez años viviendo del otro lado.   

La misma encuesta refiere que 31 por ciento de las personas devueltas ese año dejaron, al igual que Manuel, a su cónyuge o pareja; mientras que 46 por ciento tuvo que dejar a sus hijos e hijas, 23 por ciento a su padre y/o madre, 61 por ciento a hermanos y hermanas, y 18 por ciento a otros familiares.

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Foto: Pax Ahimsa Gethen | Wikimedia Commons

Otro perfil de persona retornada es el del joven que reside en Estados Unidos de forma irregular y que llegó a ese país cuando apenas era un niño. Este tipo de personas son conocidas como dreamers; se trata de personas generalmente bilingües, la gran mayoría originarias de México, que se identifican como estadounidenses. 

Aunque técnicamente siguen gozando de la protección que les ofrece el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), esto no impide que se presenten casos como el de Paola Cortés*, quien llegó a los Estados Unidos recién nacida, y sin haber sido registrada ante las autoridades civiles mexicanas. 

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El no contar con identidad jurídica en nuestro país no fue una limitante para que los gobiernos de Estados Unidos y México se coordinaran para expedirle una especie de pasaporte temporal que facilitara el proceso de deportación; algo inusitado considerando la odisea burocrática a la que se enfrentaría para poder sacar su credencial de elector, una vez expulsada del país vecino a través de Tijuana.

Sus hermanos la ayudaban como podían desde el otro lado de la frontera, pero necesitaba conseguir un trabajo con urgencia para cubrir sus necesidades inmediatas; la falta de un documento de identidad válido para los empleadores de Tijuana, sin embargo, se convirtió en su principal obstáculo.

La única opción que le ofrecieron en su momento para conseguir una copia de su acta de nacimiento, un requisito indispensable para tramitar su credencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE), era probar suerte con el registro civil de Zacatecas, a más de dos mil kilómetros de distancia.

Sería gracias a organizaciones de la sociedad civil, quienes acompañaron a Paola y presionaron a las autoridades de Baja California y Zacatecas, que finalmente conseguiría un documento de identidad.

“Las personas retornadas siguen siendo una población invisibilizada, con poca ayuda gubernamental y con poca empatía de la sociedad […]. Su regreso a México [a veces forzado] es muy atropellado y muy accidentado, justo porque no tenemos [desde el gobierno] políticas de retorno y de integración amplias”, comenta Guillermo Yrizar.

En sus investigaciones de campo, el académico del IDHIE ha documentado otro tipo de obstáculos a los que se enfrentan las personas retornadas; un término que alude también a aquellas personas que, producto de una decisión individual o familiar, sin una orden oficial de por medio, deciden volver a nuestro país. 

Se ha encontrado, por ejemplo, con menores que necesitan renovar sus pasaportes estadounidenses en México y no reciben acompañamiento, pero también con profesores y directores de escuelas primarias y secundarias que se niegan a recibir a menores retornados, solicitándoles que apostillen sus actas de nacimiento o certificados de estudio previos. “Me indigna [que esto siga pasando], como académico y como persona, porque se trata de una población marginada, invisibilizada y sistemáticamente excluida”.

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Para el caso específico de Puebla, por otro lado, contamos con el informe del Colegio de la Frontera Norte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicado en 2018, en donde se enlista una serie de obstáculos para la reinserción de la población retornada:

• Falta de difusión de programas, especialmente a nivel local.
• Acciones insuficientes de gobiernos a deportados y retornos voluntarios.
• Falta de oportunidades laborales suficientes, pocas veces reconocida la experiencia laboral.
• Discriminación por edad de parte de empleadores.
• Distancias geográficas: lejanía de sus comunidades a potenciales zonas de empleo.
• Bajos salarios y jornadas extensas.
• Tensiones en la reunificación familiar en los hogares.
• Falta de capacitación financiera y desarrollo de negocios.
• No hay programas de apoyo escolar a niñez migrante o binacional; trabas a la educación.

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En ese sentido, Luis Jesús Martínez Gómez, profesor-investigador del Colegio de Antropología Social de la BUAP, sostiene que si bien existen esfuerzos importantes por parte del gobierno del estado, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), estas acciones se quedan cortas ante la complejidad del fenómeno.

“Las personas retornadas, prácticamente, vuelven con lo que tienen en la mano […] los dos o tres programas que se tienen –enfocados en emprendimiento–, no alcanzan para repercutir sobre la economía de los migrantes”.

Aunque algunas personas consiguen autoemplearse en sus lugares de origen, explica Luis Jesús, la falta trabajo bien remunerado en las zonas rurales, en donde el campo ya no es productivo, provoca incluso un segundo proceso migratorio; tal vez ya no hacia Estados Unidos, sino a un centro urbano cercano o, en el mejor de los casos, a una zona metropolitana en donde puedan reiniciar sus vidas. 

“La reinserción y el shock psicológico de decir: ‘yo tenía una vida allá’, es muy difícil. De repente te cambian el contexto, pierdes todo referente [y tienes que comenzar de nuevo]”.

*Los nombres de las personas retornadas son seudónimos, utilizados para proteger su identidad. Las historias fueron compartidas con LADO B por académicos que acompañaron estos casos, y que llevan años trabajando el tema migratorio.  

*Foto de portada: Rey R. Jauregui