Las cifras de feminicidios de la Fiscalía ocultan un subregistro: OVSG
Este subregistro existente desde 2015, y en el informe del Observatorio de Violencia Social y de Género contradicen la versión oficial de cero impunidad.
Por Marcos Nucamendi @MakoNucamendi
13 de agosto, 2020
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Cada 4.6 días se comete un probable feminicidio en el estado de Puebla. Así lo refiere el Informe de probables feminicidios durante el año 2019 del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), presentado este jueves de manera virtual

Sin embargo, la frecuencia con la que el observatorio de la Ibero Puebla documenta que una mujer es asesinada en la entidad por razones de género, es mayor a la registrada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, e incluso por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los últimos cinco años, en promedio, el subregistro de la FGE ha sido de 30 feminicidios anuales y el del SESNSP, 58. Pero tan sólo en 2019, el OVSG contabilizó, a partir de una rigurosa metodología, 79 casos de probable feminicidio, mientras que ambas instituciones registraron 21 casos menos, es decir, 58 (este fue el primer año en que las cifras oficiales coincidieron).

A decir de Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Incidencia Social AC (CAFIS), esta diferencia tan marcada bastaría para refutar lo dicho por el gobernador Miguel Barbosa Huerta a inicios de la semana, cuando durante la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aseguró que en Puebla no existe impunidad en los casos de feminicidio.

“Los delitos que cuenta la Fiscalía no pueden considerarse como el total de los feminicidios que ocurren en el estado, pues las cifras ocultan un importante subregistro”.

El perfil de las víctimas

Stephanie Michelle fue asesinada en su domicilio, frente a uno de sus hijos. Marcelina, de 36 años, perdió la vida camino al hospital tras ser apuñalada por la persona que intentaba violar a su hija. María, de 22 años, había sido incomunicada por su pareja antes de la identificación de su cuerpo. Virginia, de 40 años, salió a trabajar una mañana y jamás regresó a su casa; fue encontrada sin vida y con señales de tortura a los pocos días. 

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Con estos cuatro casos abrió su presentación Ana Laura Gamboa Muñoz, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género, aunque el informe en su conjunto, aclaró, está dedicado a la memoria de las 79 mujeres asesinadas por razones de género durante el año pasado; a ellas y a sus familias.

Esta cifra se obtuvo a partir de un riguroso análisis hemerográfico de los principales medios impresos y digitales de la entidad, cruzando estos datos con la información oficial disponible; es decir, los boletines que en ocasiones suele publicar la Fiscalía General del Estado a propósito de ciertas carpetas de investigación en curso. 

Además del registro de probables feminicidios, que amplía las cifras oficiales en un 36 por ciento, el informe ofrece otros datos relevantes para entender de mejor manera la complejidad de la violencia feminicida:

  • En el 37 por ciento de los casos, la víctima conocía a su agresor.
  • De los feminicidios catalogados como íntimos –con quien la víctima tenía algún tipo de vínculo o relación de hecho–, 52 por ciento fue cometido por el novio o pareja sentimental, 24 por ciento por el esposo, 16 por ciento por una expareja, y 8 por ciento por algún pretendiente o acosador.
  • Puebla es el municipio con mayor número de probables feminicidios (22), seguido de Huauchinango (4), Atlixco (3) y Tepeaca (3).
  • En 16 de los 42 municipios en donde fue localizado el cuerpo de la víctima, no estaba activada la Alerta de Violencia de Género.
  • En el 55 por ciento de los casos, el cuerpo fue encontrado en el espacio público.
  • Por tipo específico de lesiones, mutilaciones o tratos degradantes, 20 de las víctimas presentaban apuñalamientos, 19 heridas de arma de fuego y 17 golpes en el cuerpo; en otros casos, se identificaron señales de estrangulamiento, mutilaciones, degollamiento, ataduras, asfixia, quemaduras e intoxicación.
  • En el 15 por ciento de los casos se evidencia violencia sexual, pero se presume que el nivel incidencia puede ser más alto debido a la falta de información.

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Más allá de la numeralia, recuerda Natalí Hernández, es preciso recordar que detrás de cada feminicidio existen proyectos de vida inconclusos e historias truncas; de familias destrozadas por estas pérdidas y revictimizadas por un sistema que les niega el acceso a la verdad y la justicia.

La responsabilidad del Estado

Foto: Marlene Martìnez

El objetivo del informe del Observatorio de Violencia Social y de Género, explicó Ana Laura Gamboa Muñoz, es insistir en que los feminicidios en Puebla no son casos aislados, pues se manifiestan en un contexto de “grave permisividad estatal y violencia patriarcal”.

Es también una herramienta de apoyo para todos los agentes estatales que están involucrados en la elaboración de políticas públicas, y en la atención, prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, particularmente de los feminicidios, dijo por su parte la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, María del Rosario Arrambide González.

El informe se divide en cuatro partes, comenzando por un marco teórico-jurídico que abunda sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; la cultura patriarcal que origina y perpetúa los distintos tipos de violencia, así como la violencia feminicida entendida como la cristalización de la violencia de género.

Se identifican en esta primera parte, además, las nueve causales del artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla que permiten afirmar la existencia de un feminicidio, en tanto que se señala la obligación de las instancias de procuración de justicia para investigar toda muerte violenta de una mujer como probable feminicidio.  

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El resto del informe se complementa por la explicación metodológica, la presentación de resultados y las conclusiones. 

La metodología, por una parte, consiste en un monitoreo diario de las muertes violentas de mujeres que son reportadas a través de notas periodísticas en medios digitales, y el análisis de estas a la luz del artículo 338 y el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género

Entre otras causales, el Código Penal local tipifica el delito de feminicidio si el acto se cometió por odio o aversión a las mujeres, por celos extremos respecto a la víctima, o si su cuerpo presenta lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. 

Por otra parte, las conclusiones del observatorio son contundentes: “Cada vez que ocurre un asesinato de una mujer por razones de género, la afectación no sólo se da a nivel individual, sino el mensaje de impunidad y permisividad de la violencia contra las mujeres trastoca de manera colectiva a todas las mujeres […] Mientras una mujer pueda ser agredida, todas pueden llegar a serlo”. 

Se incluyen, además, una serie de recomendaciones para el Estado, la sociedad, los medios de comunicación, los hombres y las mujeres. El informe cuenta, de igual manera, con un resumen ejecutivo

La responsabilidad de los medios

De acuerdo con el último informe sobre la cobertura de los feminicidios en medios digitales, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), 16 por ciento de las imágenes de las notas publicadas en 2019 reproducían violencia explícita, en tanto que 49 por ciento de la información publicada contenía detalles innecesarios.

Mely Arellano, co-directora de esta casa editorial y panelista invitada, habló durante su intervención sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la cobertura de la violencia de género, particularmente de los feminicidios.

“Somos una sociedad feminicida, con un gobierno feminicida y medios feminicidas. ¡Esto tiene que parar ya!”, dijo en relación con el pacto de masculinidad que existe entre los dueños de los medios, quienes se escudan en viejas prácticas del periodismo –que atienden a una supuesta demanda de hechos violentos convertidos en entretenimiento– para no modificar sus estructuras.

“Hay un reto doble [cuando se habla de periodismo con perspectiva de género]: un reto personal, de conciencia, pero también me parece que el reto es y sigue siendo para las autoridades, en el sentido de crear mecanismos que permitan obligar a los medios de comunicación a cumplir con la ley”.

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Marcos Nucamendi