La 4T en terrenos pantanosos
Por Roberto Alonso @rialonso
24 de agosto, 2020
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Por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que tome las riendas de la renovación de la dirigencia de Morena a través de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes del movimiento/partido a raíz de la falta de confiabilidad en su padrón.

Aun con altas dosis de desacuerdo entre sus filas por sentir que se atenta contra su vida interna, la dirigencia interina encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar ha anunciado que acatará la sentencia, con lo que se espera que en medio del inicio del proceso electoral 2020-2021 y la realización de las elecciones pendientes en Coahuila e Hidalgo, el INE se haga cargo de este proceso.

Pero no es sólo esto lo que reblandece el suelo en el que avanza la llamada 4T con miras a la cita electoral del año entrante. La imposibilidad de renovar el liderazgo en el partido estelar de la autodenominada transformación y con ello dar paso a la institucionalización de esta emergente fuerza política, si bien compromete la potencia que podría tener en estos momentos un movimiento que es al mismo tiempo campo y botín de disputa, no parece menguar el peso que tendrá en las urnas. Con todo y sus jaloneos internos, Morena aventaja la intención de voto en algunas entidades en las que habrá relevo en la gubernatura y sigue arriba en las encuestas rumbo a la nueva composición que habrá en la Cámara de Diputados.

Son los tiempos que corren, una mezcla que en buena medida es producto de las decisiones que se han tomado en diversos frentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y desde la misma tribuna que él regenta todas las mañanas, los que podrían hacer del fango un atolladero. Dos botones perfilan esta afirmación.

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Ambas muestras tienen como mar de fondo una reacción que parece cobrar forma de política ante (de) la contradicción: el doble rasero. El presidente la había delineado ya con anterioridad al descalificar hasta el estigma a ciertos medios de información –impresos, sobre todo– por su cobertura crítica hacia su gobierno y, en cambio, perdonar y pasar página al llamado a la desobediencia que en voz de su amigo, Javier Alatorre, hizo TV Azteca para desconocer las medidas anunciadas por la Secretaría de Salud, poniendo en riesgo la salud de millones de televidentes.

El viernes pasado, cuatro meses después de dicho episodio, López Obrador esgrimió esta política para posicionarse frente al video en el que se observa a su hermano recibir sobres de dinero de manos de David León Romero, quien hace poco dejó la coordinación nacional de Protección Civil para asumir la titularidad de la nueva distribuidora de medicamentos y equipo médico del gobierno federal. Dicho intercambio de dos millones de pesos habría tenido lugar en 2015, cuando a decir del propio León Romero, él se desempeñaba como consultor y no como servidor público, pese a que abundan versiones de su trabajo cercano en aquellos años para el gobierno estatal de Manuel Velasco Coello, hoy senador.

Difundido la misma semana que el video en el que se observa a colaboradores de prominentes panistas, entre ellos el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y los ex senadores Ernesto Cordero y José Luis Lavalle Maury, contar y guardar sendos fajos de billetes en lo que serían instalaciones del Senado, este video que le involucra directamente motivó la justificación del presidente, antes que su condena. Y aunque reiteradamente había prometido que su lucha contra la corrupción incluía a sus familiares y más cercanos colaboradores, López Obrador profirió: “Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país.”

Adelantándose a las preguntas de la prensa reunida en Aguascalientes, abundó: “En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparable. Sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto qué puede significar dos millones de pesos. No sólo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando.” O sea, el fin justificando los medios, con todo y que pudiera haber delitos electorales en el camino.

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Un día antes, el 20 de agosto, el Diario Oficial de la Federación publicó en sus páginas una circular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la que esta oficina comunicó al gobierno federal y a los gobiernos estatales que deberán abstenerse de contratar servicios durante dos años con la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., misma que está a cargo de la revista Nexos y fue multada con casi un millón de pesos por una irregularidad cometida en 2018 como parte de un procedimiento administrativo sancionador. En aquel año, esta empresa presentó con dolo información falsa en el marco de una adjudicación directa para difundir en sus páginas una campaña publicitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nada, ni nadie, por encima de la ley”, sentenció la SFP en un comunicado de prensa que vino acompañado de una carga de tuits de la funcionaria a cargo de esta dependencia, Irma Eréndira Sandoval, con más olor a revancha que a justicia.

Para Nexos, que compara su caso con la irrisoria multa de dos millones de pesos a León Manuel Bartlett por los sobreprecios en los ventiladores que intentó vender al IMSS, la multa y el veto de la SFP son la expresión de una relación hostil del presidente con la prensa crítica. Sin negar el error de la empresa editorial, la sanción huele a castigo y desproporción por una posición ideológica con la que es posible no estar de acuerdo, pero útil y necesaria en democracia, como lo ilustra el importante trabajo de análisis que presente su más reciente número sobre los pendientes de la Corte.

La 4T, esa que hoy tiene en el combate a la corrupción su principal defensa, pisa en blando.

 

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Roberto Alonso
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.