El hilo reventó por lo más delgado. Ayer Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el caso de los sobornos de la empresa Odebrecht.
En su denuncia aseguró que se usaron 100 millones de pesos aportados por los brasileños en la campaña del priísta.
Y, como ya lo había dicho ante el juez que lo vinculó a proceso, plasmó en su denuncia que usaron 120 millones de pesos del dinero de Odebrecht para comprar votos en las cámaras y lograr la reforma energética, así como las llamadas reformas estructurales.
Lo que no dijo en el juicio, lo dijo en su denuncia. Lozoya asegura que tiene cuatro testigos, facturas y videos.
El caso Odebrecht camina en México, algunos años después del cisma que significó la estela de corrupción de esa empresa en sudamérica.
Por cierto, ayer Quinto Elemento Lab dio a conocer que a Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eckes, los investigan por lavado de dinero en Alemania.
La semana pasada les dije que en LADO B estábamos trabajando una nota sobre la política de comunicación del gobierno actual, y seguimos en ello, el volumen de trabajo (no de esa nota sino en general) me sobrepasó, pero sigue en la cocina.
Va otro adelanto del tema, más bien adivinanza: ¿en qué medio trabajan las personas que en menos ocasiones les han dado la palabra en las ruedas de prensa del gobernador? Aunque seguro se la saben se los cuento la próxima semana con los datos en la mano.
La ASF denuncia. Pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación finalmente llevó a la Fiscalía General de la República sus hallazgos sobre algunos desvíos del sexenio de Peña Nieto.
De acuerdo con la nota de Animal Político hay cientos de millones de pesos para obras de infraestructura que no fueron entregados a los estados y hoy están desaparecidos. Festivales culturales para los que se autorizaron recursos pero que nunca se realizaron y que se intentaron probar con fotos de eventos de otros países. Operaciones bancarias simuladas para justificar la entrega de apoyos al campo que no se aplicaron. Transferencias de dinero a empresas fantasma…
Y la lista es larga.
Zo Gallegos nos cuenta en las páginas de El País cómo el crimen organizado infiltró el sistema de puertos y aduanas de México para poder ingresar y hacer circular armas, droga y mercancía prohibida.
Y hasta acá llegamos hoy.
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