¿En 2012 alguien dudaba que Enrique Peña Nieto iba a ser presidente? Yo creo que no. El discurso y la estrategia mediática implementados desde años antes, cuando aún era gobernador del Estado de México, construyeron el imaginario colectivo de que el mexiquense llegaría a Los Pinos pasara lo que pasara y nadie lo podría detener.

En aquel momento, parecía que la alianza entre la principal televisora del país y el grupo Atlacomulco, documentada por el periodista Jenaro Villamil, era el gran motor electoral que le permitiría al PRI recuperar la presidencia de la República. De ahí que miles de jóvenes agrupados en el movimiento estudiantil #YoSoy132 salieran a demandar una urgente reforma que permitiera la democratización de los medios de comunicación. No más un contubernio entre medios y poder que pusiera en riesgo nuestra joven democracia.

Paradójicamente ese mismo presidente impulsó, a través del Pacto por México, no sólo una reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que tuvo diversos avances en la materia como la conformación de un órgano autónomo y el reconocimiento de nuevos derechos tanto para audiencias como para usuarios, sino también una reforma en materia de transparencia y acceso a la información que hoy nos permite tener una de las mejores leyes a nivel mundial, además de que se dejaron las bases para la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción.

También puedes leer: Lozoya o la oportunidad perdida

Y digo paradójicamente, porque hoy, el caso Lozoya ha puesto nuevamente la mirada no sólo en aquel proceso electoral, sino también en aquel paquete de reformas estructurales “para mover a México”, cuya joya de la corona era la reforma energética.

Las declaraciones hechas recientemente por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya -y difundidas por el Fiscal General- sobre los presuntos sobornos recibidos por parte de la petrolera Odebrecht para impulsar la campaña del mexiquense y lograr la aprobación de la reforma energética, abren de nuevo la discusión en torno a la corrupción y el poder. Acusaciones que apuntan directamente contra “el que después fue presidente y su secretario de Hacienda”. ¿Pasaremos de telepresidente a petropresidente? ¿Ese dinero para asesores pasó por la televisora? ¿Sabía el partido de esos sobornos? ¿Nuestra democracia estuvo en venta? Preguntas por resolverse.

El triunfo abrumador de Andrés Manuel López Obrador y Morena se debió, en gran parte, al hartazgo social ante un gobierno y su clase política acusada socialmente de prácticas de corrupción, con la Casa Blanca y La Estafa Maestra como estandartes; con el peso de graves violaciones a derechos humanos como el caso Ayotzinapa y con un alto grado de impunidad, cuando en gran parte de América Latina, políticos caían por el caso Odebrecht y en México, a pesar de las acusaciones, no pasaba nada (bueno, era un poco ilógico que los propios en el poder se autojuzgaran). Las promesas de cambio, de procesos de verdad y de justicia, y de la erradicación de esas prácticas corruptas, permitieron la tercera alternancia en el país, promesas que aún están por cumplirse.

Hoy, el caso Lozoya plantea el reto al Estado mexicano de tener la capacidad de garantizar la justicia ante un probable hecho de corrupción. Plantea el reto de no dejar en la impunidad, una vez más, prácticas políticas que debilitan nuestra endeble democracia. Plantea el reto de pasar del discurso a la acción. De los resultados que del caso salgan, estará en juego no solo la credibilidad de la Fiscalía General de la República, considerando su autonomía, sino del Estado mexicano en su conjunto, considerando al Gobierno –que desde la Unidad de Inteligencia Financiera está teniendo un papel protagónico- y al sistema de Justicia. Esa historia apenas empieza a contarse.

*Foto de portada:  Presidencia de la República | Flickr