En alguna entrega anterior les hablaba de Florian Tudor, alias el Tiburón, un rumano que encabeza una banda de ladrones que utilizaba cajeros automáticos hackeados para robar a turistas, y que tienen (o tenían) su centro de operaciones en la Riviera Maya.
La banda que trabaja la técnica conocida como skimming, es decir hackear las ranuras de los cajeros, se metió hasta la cocina de la industria y le comenzó a vender sistemas de administración de cajeros a las empresas bancarias.
Se brincaron el paso de robar los datos de las tarjetas con dispositivos externos y comenzaron a hacerlo desde adentro, con software y además las empresas les pagaban sus servicios. Negocio redondo.
El OCCRP, una organización de investigación periodística especializada en corrupción y crimen organizado, junto con Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción, le pusieron luz al caso en una amplia y muy documentada investigación.
Luego de la publicación se supo que a petición del FBI –muchos de los turistas eran estadounidenses– la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México comenzó a investigar las presuntas operaciones de lavado de dinero de la banda del Tiburón.
¿Qué tan rápido se puede defraudar la administración estatal? Algunos lo hacen en seis años, a otros la “licencia” es por tres años, hay quienes no necesitan más que seis meses. ¡S-e-i-s–m-e-s-e-s!
En ese tiempo el gobierno interino que encabezó el priísta Guillermo Pacheco Pulido y en el que se pagaron 521 millones de pesos a empresas fantasmas o por obras que nunca se hicieron.
La investigación que realizó Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) titulada: “Interinato, el negocio perfecto”, revela que en el medio año que esa administración estuvo al frente del gobierno estatal “los responsables de uno de los atracos más veloces de la entidad
Estas irregularidades son posibles debido a la complicidad o ausencia gubernamental, pues además de una red de empresas fachada, el Estado pagó casi 48 millones de pesos por obras inconclusas que el nuevo gobierno tuvo a bien suspender.
Todo esto lo prueban documentos oficiales de las 26 licitaciones que por un monto de 1,117 millones de pesos se ejercieron en los primeros meses del 2019.
Inhabilitadas en la 4T
Como en la 4t también se hace aire, a inicios de esta semana la reportera de investigación Zorayda Gallegos publicó en El País que al menos diez empresas de salud sancionadas e inhabilitadas por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, lograron esquivar el impedimento legal y firmaron contratos públicos.
Y que, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) multó durante el primer año de labores a 68 compañías con 46 millones de pesos, solo nueve han saldado la sanción y el resto recurrió a amparos para anular la decisión gubernamental.
Maten al mensajero
Y ya que hablamos de la 4T y la SFP, ¿supieron que sí se sancionó al hijo de Manuel Bartlett por la venta fraudulenta de respiradores mecánicos al IMSS en Hidalgo?
El problema es que cuando le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre la sanción al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente arremetió en contra de la investigación periodística que reveló el fraude que se cocinaba.
Esto dijo: «Pues no tengo información sobre lo que me estás preguntando. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo esteeee… «México… Mexicanos a favor de la corrupción». Eso no me da mucha confianza, porque eso es Claudio X. González que tiene muchos intereses creados y por eso está en contra de nosotros».
En su investigación la SFP dijo que «la contratación se sustentó en falsedades». Y que: «Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos»… pero para el presidente el problema no es la fraudulenta venta que intentó el hijo del director de la CFE (y exgobernador de Puebla). No, el problema es el mensajero… Al presidente no le gusta la prensa incómoda.
