El estado de Puebla está entre los diez estados con mayor prevalencia de violencia obstétrica en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares de 2016.

Los casos registrados de esta violencia en Puebla –entendida como toda acción u omisión que lastime o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica– dieron paso a que el 21 y 22 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) emitiera tres recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Salud y al director general de los Servicios de Salud, por violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, integridad personal y a la vida.

De las tres recomendaciones, dos de ellas (la 7/2020 y la 9/2020) fueron emitidas por malas prácticas médicas en el Hospital General de Cuetzalan del Progreso, donde personal médico no brindó atención adecuada a dos mujeres embarazadas y oportuna, lo cual llevó, en ambos casos, a dar a luz a un producto sin vida. 

En estas recomendaciones, la CDH aconseja a la Secretaría de Salud brindar a los médicos de dicho hospital, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos relacionados con la violencia obstétrica y el derecho a la salud, así como asignar a médicos especializados en el área de gineco-obstetricia del hospital; además, deberá dotar de aparatos auxiliares e insumos en general. 

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Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, recomendó ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria en los que se atiende a las mujeres en situación de embarazo, parto y el puerperio, priorizando las zonas alejadas y de marginación social.

La otra recomendación (8/2020) se realizó en el contexto del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, cuando personal médico no brindó atención oportuna a una mujer con embarazo de 37 semanas, quien acudió al área de urgencias a realizarse valoraciones médicas los días 25 y 27 de abril de 2017, con claros signos de alarma.

Foto: Google Maps

En esta ocasión, la CDH recomendó informar al Órgano Interno de Control correspondiente, para que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos adscritos al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán que intervinieron en la atención de la agraviada, que de acuerdo a su propia investigación resulten responsables. 

Estas tres recomendaciones se añaden a las seis ya interpuestas entre la Comisión Nacional de Derecho Humanos y la CDH de Puebla a distintos hospitales, centros de salud o clínicas públicas dentro del estado desde 2011. 

Cabe resaltar que, desde 2013, en el estado de Puebla, la violencia obstétrica fue incluida en la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, la cual busca brindar atención ante cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito público como el privado. 

Sin embargo, actualmente este tipo de violencia solo se encuentra tipificada como delito en Veracruz, Chiapas, Guerrero y Estado de México, dejando vulnerables a miles de mujeres de otras partes de la República. Lo cual se ha traducido a que, en 2016, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el parto, según datos de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares.

Una violencia normalizada

Para Cinayini Carrasco Colotla, directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr) la continua prevalencia, a través de los años, de este tipo de prácticas por parte de personal médico, ha contribuido a que no se denuncien los casos de violencia obstétrica o no sean siquiera catalogados como tal.

“Lamentablemente, muchas mujeres no ven esto como una violencia, sino como un proceso al cual van a a tener que enfrentarse porque siempre ha sido así. Mamás, tías, hermanas o conocidas, nos han referido en múltiples investigaciones que en todos sus procesos de parto han pasado por lo mismo [violencia obstétrica], por lo cual lo ven como algo común y natural”.

Aunado a esta prevalencia o normalización de este tipo de violencia, la falta de perspectiva de género por parte de las instituciones de salud del estado, contribuye a que estas prácticas, en primer lugar, no se identifiquen y, en segundo, que se sigan invisibilizando y reproduciendo de manera sistemática, comenta Carrasco Colotla.

“Al preguntar por cifras, a través de acceso a la información, es difícil tener un registro más certero de estas prácticas por dos razones. Primero, muchas mujeres no ven [estas acciones] como violencia y no llegan a denunciar o a poner una queja. Por otra parte, la Secretaría de Salud no tiene un registro porque, muchas veces, no llega la queja y cuando llegan [las autoridades] tratan de arreglarlo de otras formas, y entonces no hay registro de que haya existido esta violencia. También ocurre que cuando deciden investigar [los casos] casi siempre los llaman negligencia médica, debido a la falta de perspectiva de género. No toman en cuenta la violencia  obstétrica como un factor que contribuye a un daño mayor, ya sea a la mujer o al producto”.

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Hospital General de Cuetzalan, lugar con mayor registro de este tipo de violencia en el estado

El Hospital General de Cuetzalan, creado en 1958 como Sanatorio Rural, pasó a ser Hospital Integral con Medicina Tradicional en 2003. Y desde entonces se ha dedicado a brindar atención hospitalaria de primer nivel y algunos de segundo. 

Así pues, según datos de la CNDH, a partir de 2011 se tiene registro de tres denuncias por violencia obstétrica en este hospital, las cuales se han traducido en las recomendaciones 1/2013, 54/2016 y 81/2018, en las que la Comisión Nacional resalta la urgencia de mejorar las condiciones de rezago social, pobreza y falta de acceso a servicios de salud del municipio de Cuetzalan, así como prestar especial atención a los casos de discriminación en mujeres indígenas. 

Por otra parte, en las recomendaciones 58/2016 (Hospital Integral de Pahuatlán de Valle) y 51/2015 (Hospital General de Acatlán de Osorio), derivadas de las denuncias de dos mujeres que dieron a luz recién nacidos con asfixia a causa de negligencias médicas, las instrucciones en ambos casos se centraron en una indemnización o compensación para las afectadas

Asimismo, se pide otorgarles atención médica y psicológica de calidad que les permita restablecer su salud física y emocional; además de dotar, tanto al Hospital General de Acatlán de Osorio como al Hospital Integral de Pahuatlán de Valle, de personal médico capacitado. 

Según el informe estadístico de la CDH del estado de Puebla, en 2019 atendieron dos quejas relacionadas con la vulneración a los derechos de la salud en mujeres embarazadas (violencia obstétrica), en contra del Hospital General de Cuetzalan, mismas que se encuentran en proceso de investigación.

Actualmente, de acuerdo con la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la CDH, la Comisión se encuentra en proceso de investigación de una denuncia más, esta vez de una joven indígena que dio a luz a su hijo ya fallecido –el 2 de junio de este año– luego de que personal del Hospital General de Cuetzalan la hiciera esperar dos días antes de atender el alumbramiento.

En este sentido, un miembro del voluntariado del Hospital General de Cuetzalan, así como activista en distintas organizaciones del municipio –quien pidió se mantuviera su nombre en reserva a fin de evitar represalias– comentó a LADO B que existen muchos más casos de violencia obstétrica en este Hospital, pero que muchas de las mujeres desisten de denunciar debido a que temen represalias. 

Por otra parte, el miembro del voluntariado del hospital, refirió que el problema con el Hospital General de Cuetzalan es de carácter estructural, pues intervienen múltiples factores: la falta de personal, insumos, estructura y traslados; discriminación hacia los pacientes por pertenecer a una comunidad indígena, la falta de compromiso y preparación del personal médico, así como un factor de corrupción dentro del sindicato de trabajadores de la salud de este hospital.

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“Ya cesaron a tres médicos por las recomendaciones del año pasado y estas acciones continúan, y no se va a acabar únicamente con las recomendaciones. Debería ser ocupación del Gobierno del Estado buscar soluciones que traten de atacar el problema de raíz, y no solo tratar de solucionarlo con la destitución del director o de algunos médicos”, 

Finalmente, en respuesta a las recomendaciones emitidas por la CDH, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, mencionó en conferencia de prensa virtual diaria, el 22 de julio, que se atenderá cualquier recomendación que CDH o CNDH realice a su administración en materia de salud o en cualquier otro rubro, pues dichas recomendaciones para el mandatario son de acatamiento obligatorio. 

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*Foto de portada: Google Maps