Puebla, lejos del aborto legal por voluntad política, pero cerca por voluntad civil
Este miércoles la SCJN podría sentar un precedente para el país, al resolver un amparo que impediría la criminalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 12 en Veracruz.
Por Julio Sandoval @jota_sand
28 de julio, 2020
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano judicial, discutirá este miércoles 29 de julio el proyecto de sentencia del Amparo en Revisión 636/2019, con el cual se busca eliminar las sanciones existentes en el Código Penal del estado de Veracruz para las mujeres que interrumpan su embarazo hasta la doceava semana de gestación.

En caso de ser positiva, la resolución marcaría un precedente en la lucha por la interrupción legal del embarazo en México (ILE), pues obligaría jurídicamente al gobierno veracruzano a legislar sobre el aborto poniendo como prioridad el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; y abriría el camino para que en otros estados se puedan impugnar de la misma forma las sanciones que criminalizan esta práctica.

El proyecto de sentencia, propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, señala que si bien existen causales por las cuales el aborto deja de ser punible, la acción no deja ser un delito, por lo cual “si una mujer [en Veracruz] interrumpe su embarazo se enfrentará a un procedimiento penal [al margen de que se les aplique o no la sanción prevista]”.Por esta razón, el proyecto demanda la reforma de lo señalado en los articulos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, referentes a la tipificación del aborto como un delito y a las sanciones para la mujer implicada. 

Falta de voluntad política frena la despenalización del aborto en Puebla

Foto: Marlene Martínez

Puebla forma parte de los 30 estados en los que la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación es posible –sin recibir una sanción– sólo bajo ciertas causales; por ejemplo, si el embarazo es el resultado de una violación o si está en peligro la vida de la mujer. 

Pese a que lo mencionado en el proyecto de sentencia se trata en específico de Veracruz, la misma situación aplica para los 30 estados que penalizan el aborto en el país; lo cual es discriminatorio y afecta de diversas maneras el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, explicó en entrevista para LADO B la directora general del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) e integrante de la campaña por la despenalización del aborto en Puebla, Natalí Hernández Arias.

Natalí Hernández señaló que en la entidad poblana se ha tenido una lucha difícil por el aborto, ya que, por ejemplo, en 2009, luego de que la SCJN validara la despenalización del aborto en la capital del país, 16 estados, incluido Puebla, modificaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción”, lo que ha representado un candado para que se deje de criminalizar esta práctica. Además, enfatizó en que hay una gran presión de grupos conservadores que ha incidido en quienes toman decisiones a nivel legislativo.

El año pasado, el Congreso de Puebla discutió el tema, pero no dejó de criminalizar el aborto, ya que sólo redujo la sanción de hasta 6 años de prisión a una pena que puede ir de los 6 meses a 1 año.

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En ese sentido, Natalí Hernández lamentó que en Puebla, pese a tener una mayoría legislativa que se asume como progresista, ni siquiera se ha discutido el tema con pluralidad y con la importancia que merece. Puso de ejemplo el caso de Oaxaca, que en 2009 formó parte de los estados que reformaron su constitución para poner candados a la ILE, sin embargo el año pasado aprovechó su mayoría en el Congreso y despenalizó el aborto.

Hernández Arias destacó la posible resolución de la SCJN en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pues aseguró que de esta manera se abriría la puerta para generar jurisprudencia, si otros estados llevan casos similares ante el máximo órgano judicial del país. Asimismo, señaló que jurídicamente serían validados los argumentos con los que el movimiento feminista ha sustentado su lucha por la no criminalización del aborto.

Por su parte, la diputada priista Roció García Olmedo explicó a LADO B que incluso una resolución positiva podría caer en el desacato de las autoridades veracruzanas, como en el caso de Puebla con el matrimonio igualitario, ya que pese a tener una sentencia de la SCJN que señala que negar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es inconstitucional, no es respetada en el Código Civil estatal. 

En contraste, la también presidenta de la Comisión de Igualdad en el Poder Legislativo local, aseguró que si la SCJN dictamina a favor de la despenalización del aborto en Veracruz, sentará un precedente importante en el país, en el ámbito jurídico, para fortalecer la discusión a favor de ese derecho. 

Natalí Hernández celebró la mayor concientización y empatía que ha mostrado una parte de la sociedad civil, mujeres principalmente, respecto al tema. Asimismo, destacó el papel de las mujeres estudiantes que han fortalecido el movimiento en los últimos años, y que la hacen pensar que por voluntad civil, la despenalización del aborto en Puebla está cerca.

“Hay toda una estrategia, hay marchas, hay pañuelazos que antes no estaban tan presentes. Hay un trabajo de muchos años de sensibilización, de visibilizar que las sanciones por la penalización del aborto afectan a mujeres que menos recursos tienen, que no pueden pagar un médico. Hay un gran trabajo que evidencia que no basta con los argumentos de que ‘ya existen causales legales’. Yo creo que esta conciencia de que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo ya no se va a parar y va a ir creciendo”.

Con más reserva, la diputada García Olmedo expresó que espera que las siguientes Legislaturas tengan mayor sensibilidad y conciencia para discutir el tema 

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El caso veracruzano

Araceli González Saavedra, directora de la asociación civil veracruzana Equifonía, una de las organizaciones que ha impulsado la ILE, contó a LADO B que el proceso para promover este amparo ha sido bastante complejo. 

El amparo, dijo,  tiene su origen en la solicitud a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para la Alerta de Género por agravio comparado para Veracruz en 2016, la cual exponía principalmente la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales establecidas en el Código Penal del estado.

Luego de que la Conavim hiciera algunas recomendaciones al gobierno veracruzano, esa solicitud comenzó a ser trabajada por la Secretaría de Salud del estado, dependencia que generó un programa para acceder a la ILE y un directorio de médicos no objetores. Con esto, señaló la directora, se consiguió que Veracruz fuera la segunda entidad en el país, luego de la Ciudad de México, en contar con un programa y la primera en contar con un directorio con estas características.

Sin embargo, González Saavedra explicó que pese a que por las causales se puede interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en los hospitales no se ofrece esa alternativa y, aún con una solicitud, se tienen casos documentados de la negación de la ILE.

Al terminar el periodo del gobierno anterior el trabajo se detuvo, y se retomó hace unos meses por la nueva administración, aunque, señaló la directora, no de la misma forma.

Asimismo, pese a que en el Congreso se presentó una iniciativa para despenalizar el aborto, no la presentó el gobernador —para tener mayores probabilidades de aprobación—, como lo pidieron; además, el día que se discutió la propuesta presentada por una diputada morenista, la mayoría de los diputados de ese partido faltaron a la sesión, por lo que la iniciativa perdió fuerza y se vino abajo. “Espero que haya sido por torpeza política y no por otros acuerdos”, expresó. Posteriormente el caso se impugnó y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La directora hizo hincapié en que el proyecto de sentencia también tiene un parte negativa, pues aseguró que en este también se establece que la Conavim no podrá emitir recomendaciones vinculantes al gobierno estatal, por lo que la dependencia que sentó las bases para este proceso no podrá hacer señalamientos sobre el eventual cumplimiento de la sentencia.

*Foto de portada: Marlene Martínez 

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Julio Sandoval