El recorte en el recurso federal que ya se había aprobado para las Alertas de Violencia de Género (AVG) en siete entidades, demuestra falta de estrategia, evaluación y seguimiento en el desempeño de este mecanismo y opacidad en los criterios para distribuir el dinero público, de acuerdo con organizaciones civiles.

En una nota del pasado 3 de julio, Cimacnoticias informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la cancelación del recurso federal para siete entidades a las cuales ya en marzo pasado se les había asignado dinero para desarrollar proyectos derivados de la AVG. Este recorte forma parte de los ajustes que el gobierno federal hizo a la partida 43801 “subsidios para estados y municipios” el 29 de junio de 2020.

No obstante, ninguno de los documentos consultados por esta agencia explican en qué consisten los proyectos aprobados inicialmente, bajo qué criterios se habrían aprobado, ni cómo se decidió las siete entidades a las que se les retiraría el dinero de último momento.

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La coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, que participa como solicitante y coadyuvante en diferentes procesos de AVG en el país, explicó a Cimacnoticias que por años la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha implementado criterios discrecionales y poco transparentes para la distribución de los recursos federales.

Luz Estrada participó en el Comité Evaluador para el otorgamiento de ese subsidio cuando la comisionada era Alejandra Negrete, en 2018. Este Comité estaba integrado por la Comisionada, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conavim, una persona de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y tres personas integrante de la sociedad civil con experiencia en los derechos de los mujeres, entre ellas el OCNF.

En ese entonces, aseguró la defensora de los derechos de las mujeres, su participación (como representante de la sociedad civil) se utilizó sólo para legitimar el proceso, ya que nunca se les informó cuáles fueron los resultados de las entidades.

Foto: Olga Valeria Hernández

“Yo nunca supe y nunca mostraron cuáles fueron los avances de aquel dinero que se dio. Nada más nos utilizaron a nosotras, porque revisamos quién cumple y quién no cumple con los criterios pero al final ya no pudimos saber qué pasó con el producto”, explicó la defensora. Por ejemplo, en ese entonces tuvo conocimiento que Nuevo León se comprometió a entregar un documento diagnóstico que nunca se entregó y por el cual se pagó hasta 4 millones de pesos.

Lo mismo podría estar pasando ahora, explicó Luz Estrada, toda vez que llama la atención que se asignó millones de pesos a algunas entidades donde el problema de violencia contra las mujeres no es tan exacerbado como en otras que se quedaron sin recurso.

Por ejemplo, cuando ella fue parte de este Comité Evaluador, se estableció que no se podía otorgar más de 8 millones de pesos a los proyectos y que el criterio a priorizar era que los éstos fortalecieran la procuración de justicia, pero este 2020 hay entidades a las que se les asignó hasta 20 millones de pesos y se aprobaron proyectos que no están vinculados con la procuración de justicia.

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De acuerdo con información obtenida por Cimacnoticias, uno de los proyectos que habían sido aprobados este 2020 sería para concientizar desde la perspectiva de género a la población adolescente del Estado de México y sus municipios, mediante un curso en línea.  Según fuentes consultadas por el Observatorio, otro de los proyectos sería para crear un “machometro”; en contraste, el Comité Evaluador de este año no le aprobó a la entidad un proyecto que sería para la creación de Unidades de Atención Especializadas y certificaciones para personas que brindan atención a víctimas.

Luz Estrada señaló que tampoco hay claridad en la distribución de los recursos para las entidades en las que no hubo ajustes. “Ve las cantidades desproporcionadas. A Chiapas se le vuelve a dar 10 millones de pesos y me sorprendo por qué se les dió tanto, cómo van a usarlo. ¿A dónde está la rigurosidad que tiene que haber? No es solamente aprobar proyectos, estos tienen que ser públicos (…) tendría que haber un equilibrio en decir que los estados con mayor violencia y que están más graves se tendrían que focalizar donde Conavim va a dar mayor seguimiento y evaluar el resultado. Aquí no hay transparencia, no hay estrategia, desconocemos los criterios ”, expresó la defensora.

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*Foto de portada: Pancarta huelga/paro en la marcha feminista del 8M. / Foto: Sonia Gerth | CIMAC Noticias