Luego de siete horas de sesión virtual, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en lo general y en lo particular eliminar el fuero constitucional, lo que convierte a Puebla en la entidad número 17 del país en desechar una figura jurídica que, en su origen, buscaba proteger la libertad de expresión de los y las integrantes del Legislativo.

Quienes apoyaron la iniciativa aseguraron que desde hace varios años el fuero se había convertido más bien en un símbolo de impunidad, un “manto protector” que se extendió además a otros servidores públicos que poco tenían que ver con la labor legislativa.  

Una vez publicada esta reforma constitucional en el Periódico Oficial del Estado, lo que aún requerirá del aval de la mayoría simple de los 217 ayuntamientos, se podrá iniciar en cualquier momento y sin trámites adicionales, procesos de investigación penal en contra de gobernadoras o gobernadores, diputadas o diputados, magistradas o magistrados, auditoras o auditores superiores y consejeras o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial.

A pesar de las celebraciones de Morena, grupo mayoritario en el Congreso, diputadas y diputados de oposición denunciaron una supuesta simulación e incluso la introducción de nuevos candados que no colocan en igualdad de condiciones a la ciudadanía respecto del servicio público.

¿Qué se aprobó?

Con 28 votos a favor, 12 abstenciones y un voto en contra, se aprobó en lo general la iniciativa de decreto que reforma la fracción III del artículo 22, el artículo 41, la fracción XIII del 57, los tres párrafos del 126, y el 129 de la Constitución Política del Estado de Puebla; y que deroga los artículos 127 y 128.  

El principal cambio introducido, sin duda, es la eliminación de la llamada declaración de procedencia, es decir, la posibilidad aún vigente de que el Congreso del Estado se erija en Gran Jurado (artículo 57) para establecer si procede o no, una causa penal por delitos del fuero común en contra de funcionarios públicos, también conocido como juicio político.

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En la propuesta original se incluía una especie de nuevo candado —situación señalada por la oposición—, en el artículo 126, que impedía que los funcionarios acusados de delitos culposos en el ejercicio de sus funciones pudieran ser objeto de medidas cautelares, como la separación del cargo.

En la discusión en lo particular, se eliminó la previsión de que fuera la mayoría absoluta del Congreso quien autorizara la imposición de estas medidas y se acordó que la separación del cargo será hasta que exista una sentencia contra la persona acusada.

Otra de las modificaciones al dictamen aprobado el 29 de junio por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tiene que ver con el espíritu original del fuero constitucional: la inviolabilidad de las opiniones de las diputadas y los diputados, mismo que se preserva con las adiciones realizadas previo a la sesión ordinaria al artículo 41. 

La discusión

Las críticas más duras a la iniciativa propuesta de origen por la diputada Vianey García Romero (Morena), que terminó por integrarse con otras dos más presentadas en su momento por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la legisladora Rocío García Olmedo (PRI), se centraron en lo que algunos de sus compañeros calificaron, reiteradamente, como una simulación.

Rocío García Olmedo cuando las sesiones del Congreso eran presenciales. Foto: Marlen Martínez

“Los errores en el dictamen [como en el artículo 126, que sería modificado en la discusión en lo particular], o son por desconocimiento o son voluntarios (…) estamos en contra de los privilegios indebidos, pero también en contra de este juego sucio de simulación”, dijo en su intervención la diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

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Ante estos y otros señalamientos, incluyendo los de un supuesto plagio, ambigüedades en la redacción del dictamen, falta de apertura para recibir propuestas de otras fuerzas políticas, Vianey García respondió:

“Mejor que nos digan a quién quieren proteger no quitando el fuero, para que por lo menos nos puedan dar una pista de los miles de millones de pesos que se han clavado. Ya estuvo bueno, debemos ser transparentes y reflejarlo de manera constante, no con golpeteo político (…) ya son otros tiempos, ya dejamos las suburban atrás”.

Cabe mencionar que la votación final en lo general requirió de una segunda ronda para clarificar el resultado, toda vez que la Mesa Directiva estaba por pasar al siguiente punto de la orden del día cuando le hicieron notar que sí se habían alcanzado las dos terceras partes del Pleno.

Eliminar el fuero, un primer paso para recuperar la credibilidad

Si se revisan algunos de los estudios demoscópicos de los últimos diez años, explica para LADO B Juan Luis Hernández, profesor-investigador de la Ibero Puebla, los partidos políticos, las policías y los legisladores casi siempre se encuentran en “el sótano de la credibilidad ciudadana”.

“No basta con lo que están haciendo, pero por lo menos si pasan esta ley, como esperamos suceda, es un buen principio para recuperar esa legitimidad tan lastimada”, decía unos días antes de la sesión ordinaria del Congreso del Estado.

Lo que se intenta con este tipo de iniciativas, afirma, es igualar las condiciones jurídicas entre funcionarios públicos y ciudadanos, es decir, que cuando cualquier persona interponga una queja civil o penal en contra de un legislador o un gobernante, estos últimos atraviesen el proceso de su defensa en condiciones de igualdad jurídica.

Hervey Rivera, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, asegura por su parte que lo que sucedió con esta figura jurídica, en un inicio pensada para proteger a los legisladores de la persecución política —como en los tiempos de Victoriano Huerta—, se trasladó a la protección de los actos ilícitos de los funcionarios.

“Algunos personajes políticos, más que aspirar a ser representantes, comenzaron a buscar una protección a cuando fueron servidores públicos; ése es el corazón de estas iniciativas”, dijo a LADO B.