Corte de caja: 19 meses de claroscuros
Por Cuauhtémoc Cruz @cuau_cruz
07 de julio, 2020
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Se cumplieron dos años de la jornada electoral que marcó la tercera alternancia en la vida democrática de nuestro país. “Triunfo histórico” lo han calificado desde Palacio Nacional. En ese marco, como parece que será la dinámica en este sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje a la nación resaltando algunas de las acciones que han emprendido en estos 19 meses de ejercicio de gobierno. Meses que, sin duda, han tenido claroscuros. Aquí algunos datos en materia de derecho a la información.

Libertad de expresión

La única referencia hecha por el Presidente en su mensaje fue que ahora “no se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad” e incluso destacó que “nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República -¿qué pensará al respecto Peña Nieto?- y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura”.

Al respecto, vale la pena recuperar el Informe 2019 de la Relatoría Especial para la libertad de expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual dedica, dentro del apartado correspondiente a México, una sección especial a las “declaraciones estigmatizantes” por parte de diferentes autoridades, principalmente las provenientes del titular del Ejecutivo, recuperando diversas frases y declaraciones hechas contra la prensa (por ejemplo: “la prensa fifí (…) son conservadores con apariencia de liberales”) y resaltando el uso de las mañaneras como una plataforma para “atacar a diferentes medios de comunicación y periodistas críticos”.

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De igual forma, recordar que uno de los 100 compromisos anunciados por López Obrador al rendir protesta fue que “nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación”, y de la garantía a “la libre manifestación de ideas […] y la libertad de prensa”.

Nuestro país es considerado, por diversas organismos y organizaciones internacionales como uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico. En ese sentido, un referente en materia de libertad de expresión es el número de agresiones y asesinatos cometidos contra periodistas. Sobre ello, la organización Artículo 19 documentó en 2019, 609 agresiones contra la prensa, el mayor registro en los últimos 10 años, donde los principales agresores siguen siendo funcionarios públicos. Dentro de esas agresiones, se contabilizaron 10 periodistas asesinados. 

Mientras la agresiones y declaraciones estigmatizantes no cesen, dificilmente podremos hablar de una garantía a la libertad de expresión. 

Publicidad oficial 

Foto: @GobiernoMX | Twitter

Uno de los vínculos entre la prensa y el poder atraviesa por la asignación de recursos públicos mediante la publicidad oficial. Otro de los compromisos hechos por López Obrador fue la reducción del “gasto en publicidad del gobierno en 50 por ciento”. Si bien el presupuesto asignado para el año pasado ya había tenido una reducción de casi la mitad al asignarse un monto de 5 mil 212 millones de pesos, faltaba corroborar que en el ejercicio final, éste no tuviera sobreejercicios (como sucedió con el peñismo). 

De acuerdo con los datos oficiales reportados dentro de la plataforma Comsoc, el año pasado el gobierno federal gastó 3 mil 245 millones de pesos, cifra equivalente al 30% del gasto realizado por la administración de Enrique Peña Nieto durante su último año, cuando se alcanzó un gasto por 9 mil 503 millones de pesos. ¿Compromiso cumplido? Hasta el momento, sí.

El negrito en el arroz es que, las organizaciones Artículo 19 y Fundar, impulsoras del Colectivo #MediosLibres, han señalado que se mantiene “la ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficia […] (y) persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución”. Es decir, menor gasto, pero mismas prácticas.

Recordemos que desde diferentes organizaciones agrupadas en el Colectivo #MediosLibres, hemos señalado que la actual Ley General de Comunicación Social no cumple con los estándares mínimos establecidos por la CIDH, por lo cual urge su derogación y la emisión de una nueva legislación. A pesar de que se presentó una iniciativa ciudadana, hasta la fecha ni un pío desde Palacio Nacional, ni en el Congreso.

Reformas legales 

Donde sí se han dado modificaciones legales –y nada alentadoras– es en materia de Derechos de Autor. Con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TMEC, el Congreso de la Unión aprobó la incorporación de un mecanismo conocido como “notificación y retirada” mediante el cual los proveedores de servicios en linea adquieren la obligación de remover contenidos cuando alguien alegue que violan sus derechos de autor, sin que para ello se requieran pruebas ni la orden de alguna autoridad. 

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales “al permitir que cualquier particular censure expresiones en línea, sin que deba seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor, se establece un mecanismo extrajudicial de censura claramente violatorio del derecho a la libertad de expresión”.

Este mecanismo ha sido utilizado, no sólo para retirar contenido que utiliza fragmentos de audiovisuales vinculados con la música, la televisión o el cine –y que en ocasiones sí puede ser una infracción a los derechos de autor–, sino también para censurar contenido periodístico o informativo –sobre todo aquel que incomoda– relacionado con personajes públicos.

Si bien la aprobación de las modificaciones son competencia del Congreso de la Unión, recordemos que dentro del proceso legislativo, el titular del Ejecutivo puede realizar observaciones y regresarlo a la Cámara de origen.

 

Hasta aquí un corte de caja, en estos primeros 19 meses de claroscuros en tiempos de la cuarta transformación.

*Foto de portada: Andrés Manuel López Obrador | Facebook

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Cuauhtémoc Cruz
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, comunicólogo por la IBERO Puebla y maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es responsable de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y es Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla). Se ha especializado en derecho a la información. Chiva y blaugrana de corazón.