Los enfrentamientos violentos que azotaron en días pasados a Guanajuato y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, revelan que la crisis de seguridad sigue latente en el país y podría recrudecerse en el corto y el mediano plazo. Pese a que la inseguridad pública dejó de ser la principal preocupación en el país –siendo desplazada por el coronavirus del primer al tercer lugar de febrero a abril de este año–, los hechos recientes confirman que esta problemática está lejos de ser resuelta a dos años del triunfo obradorista.

El pronóstico no es alentador en sí mismo, pero lo es todavía menos al recordar que a las Fuerzas Armadas les quedan menos de cuatro años para desempeñar tareas de seguridad pública. Esta afirmación podría ser contradictoria desde la perspectiva de la indeseable militarización de la seguridad, no lo es si se analiza desde lo que implica el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles.

El año pasado, el Senado de la República fue sede de un gran consenso nacional alrededor de la creación de la Guardia Nacional. En lo fundamental ese acuerdo consistió en el carácter civil de esta institución, contrario al planteamiento original del presidente Andrés Manuel López Obrador; en una participación acotada de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, esto es, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; y en la necesidad de fortalecer a los cuerpos policiales estatales y municipales.

También puedes leer: La ruta de la militarización

Tratándose de una reforma constitucional, este consenso tuvo el respaldo casi unánime de la Cámara de Diputados y de las entidades federativas. Esto es importante decirlo, pues a más de un año hay actores políticos que piensan que se pactó algo distinto, defendiendo a ultranza el acuerdo con el que el pasado 11 de mayo el presidente dispuso de las Fuerzas Armadas permanente para apoyar a la Guardia Nacional por dos razones: por quién lo emitió y por la miope lógica de quien razona que la legitimidad descansa en lo que se enuncia, no en lo que se explica, justifica y se ajusta a un mandato constitucional.

Gracias a la controversia constitucional interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, el acuerdo está hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las y los ministros examinen su constitucionalidad y su convencionalidad, quizá más importante la segunda, pues fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que obligó al Estado mexicano a limitar la actuación del Ejército y la Marina a los criterios ya mencionados, contenidos en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que le dio vida a la Guardia Nacional.

Foto: @OHarfuch | Twitter

Aunque la controversia constitucional es legal y legítima, porque así lo faculta el Reglamento de la Cámara de Diputados  (artículo 233, numeral 2) y existen suficientes motivos para suponer que el acuerdo presidencial no sólo se queda corto, sino que va en sentido contrario a algunas de las disposiciones constitucionales, Morena podría hacer uso de su mayoría, desconocer la controversia o desistirse de ella una vez que haya rotación en la Mesa Directiva. No obstante, si así fuera, han pedido también el estudio de la Corte el gobernador de Michoacán y dos municipios, Colima y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes), amén de que se espera que una vez reactivados los plazos en los juzgados se presente una cascada de amparos, de modo que muy seguramente las y los once ministros discutirán este asunto.

Con todo, no deja de ser intimidante y a la vez llamativo el vehemente rechazo que diputadas y diputados de Morena, PT y PES expresaron a la controversia constitucional a través de un desplegado en el periódico La Jornada el pasado 24 de junio. Si bien la diputada Laura Rojas ha recibido el respaldo de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la reacción es intimidante al mostrarle el músculo de la mayoría de la asamblea que preside. El propio diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien no lo suscribió, contó en la publicación al menos una docena de descalificaciones, entre ellas, “sabotear”, “desleal”, “proceder furtivo”, “facciosa” y “deplorable”.

Pero a la vez es llamativa pues las y los legisladores que firmaron el desplegado manifestaron su “decidido respaldo a la política de pacificación del país” emprendida por López Obrador, lo cual no es sino el propósito mismo de la controversia constitucional: que se respete la política de pacificación del presidente, cuyos términos han sido distorsionados. Para muestra un botón: mientras la Constitución estableció que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser subordinada a la autoridad civil (relación vertical), el acuerdo en cuestión convirtió dicha instrucción en una simple coordinación entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (relación horizontal).

Hasta ahí lo relativo a la controversia, cuyos argumentos giran principalmente en torno al quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Conviene, sin embargo, colocar igualmente en el centro del debate el séptimo transitorio, que a la letra mandata a las y los ejecutivos estatales a contar tanto con un diagnóstico como con un programa “para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”.

Esto es relevante pues difícilmente se podrá prescindir del Ejército y de la Marina en las calles si no hay una transformación profunda de las policías, pieza central de un modelo democrático de seguridad pública.

Nos enfilamos ya a una nueva contienda electoral y esta asignatura no parece estar en la agenda ni en la disputa política. De acuerdo con la encuesta “¿Qué piensa la policía?”, realizada en 2019 por la organización Causa en Común con el objetivo de conocer la percepción de los policías sobre el funcionamiento de sus corporaciones y sus condiciones laborales, “no existe un modelo para el desarrollo de las policías del país. La mayoría de las corporaciones subsisten en condiciones precarias.”

¿En manos de quién estamos si las policías están en el abandono? ¿Es viable pacificar al país sin policías capaces y confiables?

*Foto de portada: @OHarfuch | Twitter