Erika Lozano | A dónde van los desaparecidos

El día que Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida del Tren Maya en Campeche, colectivos de familiares de personas desaparecidas de distintos estados se trasladaban, angustiados, hacia la capital del país para exigir que les recibiera.

Desde el 4 de junio, al menos 80 personas sostienen un plantón afuera del Palacio Nacional, viviendo en carpas, durmiendo en colchonetas, comiendo al aire libre, apretujadas, a pesar de la posibilidad de un contagio en medio de la pandemia por COVID-19.

“Ya no podemos más, no podemos quedarnos en casa con sana distancia, ya que tenemos a nuestros hijos desaparecidos. Tenemos triple preocupación de no poder salir a buscarlos, de que las instituciones han parado las búsquedas y el COVID”.

Lina busca a su hija Mireya desaparecida en Morelos en 2014, no ha podido salir a buscar desde que se declararon las medidas de confinamiento.

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El detonante fue el comunicado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió el 2 de junio en el que informaba que por las medidas de austeridad su presupuesto se reduciría un 75%. La noticia angustió a miles de familiares de personas desaparecidas (en México hay más de 61 mil) pues dedicarse a la búsqueda empobrece, la incertidumbre causa enfermedades, la situación familiar se vuelve precaria. La CEAV tiene la obligación de “garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale”.

Al día siguiente de que Mara Gómez, titular de la CEAV, hizo pública la carta y se presentó ante medios de comunicación, dicho recorte fue desmentido por López Obrador, durante su conferencia de prensa diaria, dijo que “no va a faltar nada a las víctimas”.

“Estamos pidiendo que no nos quiten los apoyos porque necesitamos buscar y encontrar a nuestros hijos. Nosotros no nos sacamos una lotería, no pedimos estar aquí donde estamos, a mí me que me regresen a mi hija”, Sandra busca a su hija Ramona, desaparecida en 2017 en Guanajuato.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró a través de su cuenta de Twitter que los recortes no afectarán los rubros de derechos humanos.

Las y los familiares, sin embargo, no confían en esa respuesta. Solicitan, también, la destitución de titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, por considerar que ha violentado a las víctimas y no les ha tratado dignamente.

Desde semanas antes de la declaratoria de confinamiento, entre los colectivos de familiares de víctimas de violencia recibieron la noticia que desde septiembre dejarían de recibir apoyo de esa dependencia.

La CEAV fue creada en el 2014 para apoyar a víctimas de violencia de manera integral, al amparo de la Ley General de Víctimas. Desde su nacimiento han habido críticas a su gestión, y desde la designación de Gómez en diciembre de 2019 se han incrementado. Un familiar que realizaba un plantón dentro de las oficinas fue sacado a empujones, se filtró en medios de comunicación una grabación en la que se escucha a Gómez decir que familiares “se sacaron la lotería”. En su defensa la funcionaria dijo estar “luchando contra un pequeño grupo de abogados que han encontrado en el dinero que debe ser de las víctimas una mina de oro”.

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*Foto de portada: Familiares de personas desaparecidas han viajado desde distintos estados del país para exigir que el Presidente les atienda. / Foto: Erika Lozano | A dónde van los desaparecidos