Con déficit de defensores, sobrecarga laboral e ineficiencia opera el Sistema de Justicia Penal en Puebla
De acuerdo con datos del Igavim y México Evalúa, si bien hubo una leve mejoría en 2019, la falta de respuestas efectivas para la sociedad se refleja en el nivel de impunidad que es de 90%.
Por Dafne García @DafneBetsabe2
24 de junio, 2020
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En 2019 el sistema de Justicia Penal en Puebla fue el tercer peor evaluado, y aunque algunos análisis dan cuenta de una leve mejoría en el área operativa del sistema, aún persisten las deficiencias que impactan en el nivel de impunidad que ronda el 90%. 

De acuerdo con el Índice de derecho en México 2020, realizado por la organización World Justice Proyect, “un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios”. Y  en este índice, en el rubro de “justicia penal”, Puebla ocupa la posición 30 con 0.29 puntos de un máximo de 1.

De los seis indicadores de este rubro, la entidad tuvo los puntajes más bajos en: investigación penal eficaz, sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, y procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz.

Ligera aunque imperceptible mejoría

Si bien el estudio “Carpetas de investigación iniciadas vs concluidas. Estado de Puebla 2019”, realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), reporta un avance del 202% en el número de carpetas de investigación concluidas de 2018 a 2019, también reconoce que persisten debilidades por deficiencias operativas de años anteriores.

Lo anterior, concluye el estudio, genera un limitado desempeño laboral, así como desatención a la ciudadanía y un seguimiento inadecuado y lento de las denuncias en los 12 delitos que analiza: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, violación, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, y robo a transportista.

Foto: Steve Buissinne | Pixabay

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Esta ligera aunque imperceptible mejoría se refleja también en los datos preliminares del análisis sobre el sistema de justicia penal en Puebla que cada año realiza la organización civil México Evalúa.

Christel Rosales, investigadora del programa de justicia de dicha organización, dijo a LADO B que institucionalmente mejoraron algunas condiciones en el estado.

La tasa por 100 mil habitantes de fiscales y ministerios públicos pasó de 2.7 en 2018 a 9 en 2019; y en cuanto a los policías de investigación es de 12.9, en 2019. A nivel nacional el promedio de fiscales y ministerios públicos fue de 12.1, y el de policías de investigación de 8.3, en 2018.

Capacidad institucional del SJP

Desde 2016 México Evalúa realiza un análisis titulado “Hallazgos: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, que califica el avance y desempeño del Sistema de Justicia Penal (SJP) en los 32 estados del país. 

Se trata de una publicación anual que se realiza en octubre, pero de manera anticipada Christel Rosales compartió con LADO B algunos datos preliminares que dan un panorama de lo que sucedió con el SJP en el estado en 2019.

A Rosales el caso de Puebla le ha llamado la atención “porque es una entidad que, de alguna manera, institucionalmente no tiene tantas carencias como otras entidades federativas”.

Y sin embargo el promedio nacional de jueces con capacitación para trabajar en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 2018 era de 0.9, y en Puebla de 0.51, en 2019, ambas cifras son sumamente bajas, sobre todo si se toma en cuenta que en América Latina el promedio se encuentra en 2, de acuerdo con la especialista.

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“Con la implementación del todo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio hay dos figuras que son importantísimas (dentro de la estructura del sistema), por un lado, los asesores de víctimas que son quienes las acompañan y las pueden asesorar […], pero también son importantes los defensores. Ellos son quienes acompañan el caso de las personas que tenemos como imputadas de un delito (es decir los presuntos responsables)”, explica Christel.

Mientras en Puebla en 2019 había un promedio de 0.69 defensores públicos por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional en 2018 era de 2. Esto indica que en la entidad hay un déficit muy grave de defensores. 

Respecto al número de asesores de víctimas, México Evalúa aún está recopilando los datos correspondientes, debido a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado apenas se instaló en diciembre del año pasado, y en febrero de este se publicó el reglamento. 

Sobrecarga de trabajo

La especialista señaló que otro de los indicadores que ayudan a identificar la capacidad del SJP es el relacionado con las cargas de trabajo en cada ministerio público. A nivel nacional, al año, hay un promedio de 159 investigaciones por cada MP; en el caso de Puebla, hay un registro de 130. En cuanto a la cargas de trabajo en los policías de investigación hay un promedio de 118 en el país, mientras que en Puebla es de 94.

En donde sí se observa una sobrecarga de trabajo es en el caso de los jueces. En la entidad tienen un promedio de 191 causas penales iniciadas al año, lo que supera a la cifra nacional de 104.

Para analizar la efectividad del SJP, México Evalúa ha construido el Índice de impunidad cuyo objetivo es “analizar si las entidades están dando respuestas, cualquiera que sea esta, pero una respuesta efectiva para el ciudadano en cada caso. Así, puede ser una sentencia condenatoria, pero también puede ser que se logró un acuerdo reparatorio”, usando un mecanismo alterno de resolución de controversias o alguna otra vía que resuelva el conflicto penal, agrega Rosales.

Durante 2018, el nivel de impunidad en Puebla fue de 90.1%; que si bien quedó por debajo del nacional (96.1%) aún así es un nivel muy alto. Esto se traduce a que 9 de cada 10 casos quedan impunes. 

Por otro lado, aunque el dato del índice aún no está disponible para 2019, lo que se observó desde el análisis de México Evalúa es que, en 2019, en el estado hubo un mayor uso de mecanismos alternativos de justicia en, al menos, 15% de los casos (cifra mayor al promedio nacional) que llegaron a la autoridad, lo cual es un indicador positivo.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Dafne García