Ciudad de los Niños, ¿sin Dios ni ley?
La controversia en torno a un reconocido orfanato para niños sin hogar, evidencia las debilidades del Estado mexicano en el control y regulación de este tipo de actividades que se habría prestado para abusos contra los derechos de los niños que protegía, el supuesto uso de los mismos para acumular riquezas e irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Por Lado B @ladobemx
02 de junio, 2020
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Kennia Velázquez | CONNECTAS

Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.

En Guanajuato, el estado con mayor cantidad de católicos en México, gobernado desde hace 26 años por el derechista Partido Acción Nacional, para un político tomarse una foto con un sacerdote que lidera una obra de caridad era lograr respaldos tácitos.

Pero hoy, la cosa ha cambiado. Gutiérrez Farías creó ocho fundaciones para procurarse recursos, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267 mil 91 pesos (2.5 millones de dólares), más dos vehículos y cuatro terrenos, en trece años. Además es dueño de ocho bienes inmuebles, uno de ellos, un terreno de 17 hectáreas.

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Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables pese a que han pasado veinte meses desde que se presentó de manera anónima una denuncia que señalaba maltratos y desvíos de los donativos.

En el caso de la Ciudad de los Niños, las acusaciones sobre supuestas irregularidades llevan casi una década, pero sólo hasta el año pasado empezaron a ser procesadas por la justicia.

Los apoyos políticos y religiosos

Foto: Edith Domínguez | CONNECTAS

El primer albergue fue fundado en Salamanca en 1978 por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías; el proyecto representaba una esperanza para que cientos de niñas y niños de varios estados de México tuvieran acceso a una vida digna, por lo que fue fácil contar con solidaridad de varios políticos como el senador Juan Carlos Romero Hicks, el ex presidente de México, Vicente Fox, la ex presidenta del Congreso de Guanajuato, Beatriz Hernández Cruz y el líder del sindicato de petroleros, Carlos Romero Deschamps.

Aún con los presuntos delitos que se le atribuyen, nadie quiere pelear con el padre Gutiérrez Farías. Incluso el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, ha sido pieza clave para que lo sucedido en la Ciudad de los Niños se haya minimizado, a pesar de que las investigaciones apuntan a que se convertirá en un caso estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los abusos ahí cometidos.

Los representantes de la Iglesia Católica también se han desmarcado del caso: el vocero del Obispado de Irapuato, Jesús Flores, explicó que los albergues dirigidos por religiosos “trabajan de forma autónoma, no hay una dependencia de la Diócesis. El obispo no es la autoridad final de todas las obras de la Iglesia, sino que las supervisa de manera general o las alienta y las anima”. Flores no supo decir si existe algún marco que regule los hospicios dirigidos por religiosos.

En conclusión, el sacerdote ha trabajado sin la necesidad de que la Iglesia dé un visto bueno a su actuar y sin necesidad de ser supervisado por las leyes que norman tanto la actividad de cualquier casa hogar como el trato recibido por los menores.

De la esperanza al abandono

Foto: Pxfuel

El proyecto del cura alcanzó un amplio reconocimiento social pues muchos de los menores que asiló se convirtieron en profesionistas; cada vez llegaban más infantes de Guanajuato y estados vecinos. Con el paso del tiempo, la población pasó de cinco niños a trescientas personas, por lo que creó dos albergues más en Salamanca (Ciudad Infantil y Ciudad Juvenil), y otros más en Irapuato, Moroleón y Tarímbaro, Michoacán, en terrenos donados por gobiernos locales y particulares.

Las primeras acusaciones se realizaron en 2008 pero no fueron atendidas. En febrero de 2016 una persona denunció de manera anónima, que en la Ciudad de los Niños Salamanca había violencia física y sexual y se desviaban los recursos obtenidos por donativos. Funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudieron al albergue y encontraron menores de edad en mal estado, las instalaciones descuidadas y a una niña de siete años con las manos quemadas en una estufa, por haber robado plastilina, castigo ejercido por una de las monjas que colaboran en el sitio.

Las autoridades estatales se llevaron a la niña a otro albergue, lo que motivó que el cura Gutiérrez Farías interpusiera un amparo para que la menor regresara a la casa hogar. Un año después, la resolución del juicio de amparo indirecto 475/2016-VIII emitida por la juez Karla María Macías Lovera, negó la posibilidad de que la niña regresara pues encontró que se vulneraron los derechos fundamentales a la “identidad, vivir en familia, acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral y derecho a la vida”, de la menor y de todos quienes habitaban la casa hogar. Además del sacerdote, son considerados como presuntos responsables el maestro de música y dos religiosas que lo auxiliaban .

El prelado apeló la resolución de la juez, actualmente se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el amparo. Por su parte los gobiernos de Guanajuato y Michoacán, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indagan lo denunciado de manera anónima, sin embargo, a 20 meses de iniciada la investigación, se desconoce si hay procesos en contra de los señalados o de alguna autoridad.

 Soy originaria de Michoacán (…) antes vivía con mi mamá (…) ya no recuerdo sus apellidos, (…) tengo 4 hermanos de los cuales no me acuerdo de su nombre, en Michoacán yo vivía con mi mamá y mi papá de quien no recuerdo el nombre (1)

Los niños y niñas del albergue fueron víctimas de abandono o violencia familiar; algunos otros eran huérfanos, pero también hubo casos de padres que internaban voluntariamente a sus hijos, pues tenían problemas para cuidarlos. En este caso, los papás debían firmar un documento donde cedían “la custodia y patria potestad para siempre jamás a favor del presbítero encargado del lugar”.

Para la legislación mexicana la custodia y patria potestad es irrenunciable. Aun así, el DIF se negó a ayudar a varios papás a recuperar a sus hijos, pues aseguraban que el convenio que firmaron tenía pleno valor jurídico. El sacerdote católico nunca ocultó que les diera una nueva identidad a cientos de niños; sin un juicio de adopción de por medio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito: Fragmento del video publicado en el canal @PhotJRN el 16 de julio de 2014.

El cambio de nombre no sólo es un delito que puede llevar de 1 a 6 años de cárcel; corta lazos del niño con su familia, lo que era una constante en el hospicio, pues los familiares sólo podían verlos 15 minutos cada seis meses, según se establece en el reglamento del albergue. En los testimonios ministeriales hay menores que dicen que ven a sus hermanos “de lejos” y apenas hablan entre ellos.

A los niños y niñas les ponían los apellidos del cura y de quien fuera la madre superiora en turno, de tal suerte que hay personas con apelativos Gutiérrez Anguiano, Gutiérrez Morales o Gutiérrez Jiménez, entre otros. Oficialmente no se sabe a cuántas personas les cambiaron su filiación, pues los archivos más antiguos fueron destruidos, las cifras van de los 134 (según la sentencia) hasta 310 (según el cura). En los archivos del Registro Civil se encontraron 168 cambios de identidad, realizados en las administraciones de los priistas Enrique Velasco Ibarra y Rafael Corrales Ayala y de los panistas Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks.

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*Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las américas, del Internacional Center of Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS

*Foto de portada: CONNECTAS

 

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Lado B
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