Antonio José Paz Cardona

“Me alegra estar en esta tierra para ver nacer un nuevo municipio en Colombia: Barrancominas. Un municipio con más de 14 000 km2, tres veces más grande que el departamento de Atlántico. Eso muestra su gran dimensión pero muestra, además, que hay un gran reconocimiento histórico porque usted doctor Cuenca [Carlos Cuenca Chaux, representante a la Cámara de Representantes por el departamento de Guainía] desde hace varios años tenía ese propósito. Hoy se cumple un sueño para la comunidad de Barrancominas”. Estas fueron las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 1 de diciembre de 2019 cuando viajó al departamento amazónico de Guainía para anunciar formalmente la creación de Barrancominas como municipio.

Por extraño que parezca, ese territorio se encontraba en un gran limbo jurídico, igual al que persiste en gran parte de las tierras de los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, donde no toda su área se encuentra dividida en municipios como ocurre en el resto de Colombia. Debido a que la mayoría de la población de estos lugares es indígena, la Constitución Política de 1991 ordenó la conformación de Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura político administrativa especial, equivalente al municipio, pero que reconoce que estas zonas históricamente han sido habitadas y gobernadas por indígenas.

Para que su existencia sea legal, el Congreso debía reglamentarlas en una ley de ordenamiento territorial, pero han pasado casi 30 años y no lo ha hecho. Por este vacío legal hoy es posible que, con la creación de municipios, se les arrebate la administración de sus territorios a las comunidades indígenas.

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Los gobiernos indígenas amazónicos —reconocidos como Asociaciones de Autoridades—  y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), no se quedaron con los brazos cruzados. Impulsaron la creación de un proyecto que se acercara a la figura de ETI y así fue como lograron la aprobación del decreto 632 de 2018, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos en abril de ese año. Esta norma permite transitoriamente el funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, mientras esperan que el Congreso cumpla con reconocerlas legalmente a través de la ley de ordenamiento territorial.

Lo que no sabían los indígenas es que mientras el gobierno de Santos les daba la razón, por otro lado daba el visto bueno para la municipalización de Guainía, la iniciativa promovida por el congresista Carlos Cuenca, hoy presidente de la Cámara de Representantes. Una decisión bastante polémica considerando que el 74,9 % de la población del departamento de Guainía es indígena.

Lo que temen ahora los pueblos amazónicos, tras presenciar la creación de Barrancominas en el departamento —y el intento frustrado de hacer lo mismo en San Felipe— es que, en un futuro, se intente municipalizar nuevamente a San Felipe con el aval del Ejecutivo. ¿Qué intereses hay detrás de la municipalización de una región de mayoría indígena?

18 millones de hectáreas en un limbo jurídico

Paisaje ribereño en la Amazonía oriental colombiana. / Foto: Sergio Bartelsman | Fundación Gaia Amazonas

Antes de la Constitución de 1991 el país estaba organizado en departamentos y municipios pero había una vasta parte de la Amazonía colombiana —ancestralmente indígena— que no pertenecía a ninguna de estas categorías, conocidas hoy como áreas no municipalizadas. Luego de la Asamblea Constituyente se empezaron a crear nuevos departamentos (Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés-Providencia-Santa Catalina, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada). En muchos de ellos también se crearon municipios pero en la Amazonía oriental, en particular los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas quedaron enormes zonas sin esta categorización.

Estas grandes áreas de tierra seguían necesitando una figura legal y, por eso, la misma Constitución ordenó la creación de Entidades Territoriales Indígenas (ETI), las mismas que no han sido reconocidas hasta hoy y que afectan a las comunidades que ocupan más de 18 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana. Después de muchos años, el decreto 632 del 2018 llegó para echar a andar el reconocimiento de los derechos de los indígenas amazónicos en estas áreas olvidadas por el país. Para Jaime Escrucería, defensor delegado para Asuntos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, este decreto es una figura transitoria hacia dónde debe caminar el Estado colombiano: la creación de las ETI, tal como lo señala la Constitución Política.

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El enorme problema es que gran parte de la clase política que ha pasado por el Congreso de la República no ha atendido la demanda de los indígenas de la Amazonía oriental, que exigen la descentralización de funciones y competencias establecidas en la Constitución de 1991 para ejercer su gobierno, y por lo tanto, tener el control directo de los recursos económicos que garanticen su bienestar. “El país se ha formado a partir de cacicazgos políticos, cada cacique protege su feudo y tener unas estructuras político administrativas locales que no responden a esa lógica político-electoral convencional genera mucho temor”, dice Juan Carlos Preciado, abogado de la fundación Gaia Amazonas que acompañó la elaboración del decreto 632.

Preciado agrega que hay una incomprensión de los legisladores del país sobre el valor de la diversidad “y está amarrado a un colonialismo que no es solo político sino mental, todavía se piensa en los indígenas como menores de edad, como pequeñitos”.

Trabas para el funcionamiento de territorios indígenas

Mujeres indígenas recogen alimentos en sus chagras. / Foto: Stefan Ruiz | Fundación Gaia Amazonas

A pesar de todos los tropiezos que han tenido los indígenas de Guainía, Vaupés y Amazonas, el estar cada vez más cerca de las ETI, y de gobernar sin limitaciones sus tierras, los sigue llenando de esperanza. El decreto 632 planteó tres pasos importantes: el primero es el registro ante el Ministerio del Interior de un Consejo Indígena —forma de gobierno conformada y reglamentada a través de sus usos y costumbres—, el segundo es la puesta en funcionamiento del territorio que debe cumplir con unos requisitos de delimitación y población y, finalmente, la descentralización de los recursos.

En el fondo, este tercer punto es la gran manzana de la discordia pues “los departamentos van a perder poder y la plata ya no les va a entrar a ellos sino directamente al territorio indígena. No quieren perder eso ni el poder electoral”, dice Tomás Román, indígena uitoto, expresidente del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) y asesor de la Opiac.

Esa es la razón por la que, según Harold Rincón Ipuchima, secretario general de la Opiac, la implementación del decreto avanza lento y ha tenido innumerables obstáculos. “¿Cuánto tiempo lleva atascada la reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI)? Vemos que hay intereses de por medio de muchos sectores, hemos sufrido persecución por sacar adelante este decreto [632], desde mucho antes de su firma. Han querido aplastar su implementación por las consecuencias que tiene para el ordenamiento político administrativo de la región amazónica”, asegura.

Los indígenas hasta ahora no han podido registrar todos sus Consejos Indígenas ante el Ministerio del Interior, el cual es el primer paso estipulado en el decreto y se suponía era el más fácil y rápido. Según los líderes indígenas, entre septiembre y diciembre de 2019 intentaron inscribir siete Consejos, pero el Ministerio tardó siete meses para registrar los tres primeros y los otros cuatro, a pesar de que ha corrido la mitad del año 2020, siguen en espera.

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*Foto de portada: En los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, la mayoría de la población es indígena. / Foto: Juan Gabriel Soler | Fundación Gaia Amazonas.