Víctor Ronquillo | Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana México–Tijuana

De manera silenciosa, dramática y progresiva, lejos de la obligada atención que los medios de comunicación prestan a la pandemia que nos sacude, en las ciudades fronterizas del norte y del sur de México, miles de personas son víctimas de una crisis humanitaria cuyos componentes son el racismo, la discriminación, la violencia ejercida desde el poder económico y la negación al derecho a migrar. Hace poco más de un año los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron la estrategia con que se buscó frenar las caravanas migrantes, el éxodo de miles de personas venidas del sur, vía un acuerdo, que en los hechos hizo de México un muro de contención migratoria y definió una política de persecución y militarización de las fronteras.

Maureen Meyer, directora para México y Derechos del Migrante de Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) señala lo que el acuerdo establecido de manera formal el 7 de junio del año pasado ha provocado:

“Un agravamiento de una crisis humanitaria tanto en la frontera norte de México, en la frontera con Estados Unidos, como en la frontera sur. Lo que hemos visto es el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras del sur y el norte de México, un aumento en operativos contra personas migrantes qué en su momento, en el verano pasado, resultó en condiciones de grave hacinamiento en las estaciones migratorias de México. También hemos visto, que una enorme cantidad de personas solicitantes de refugio, al ver que no es posible viajar hacia Estados Unidos decidieron quedarse en México para solicitar esa condición, lo que tampoco ha prosperado. Muchas personas se encuentran atrapadas en ciudades fronterizas viviendo en situaciones precarias, sin oportunidad de trabajar, en la incertidumbre de cuál puede ser su futuro”.

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En Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Matamoros, miles de personas esperan en condiciones de verdadera sobrevivencia, el que se reconozca su derecho encontrar refugio en Estados Unidos. Si la política migratoria de México hoy puede definirse como de contención y persecución, a la de Estados Unidos la define el aumento de sus medidas de restricción, la de la negación del derecho internacional de asilo, y la de la aplicación de medidas de deportación rápida y masiva.

“El aceptar el programa que se conoce como “Quédate en México”, que implica el poder devolver a los solicitantes de refugio a las ciudades mexicanas fronterizas a que esperen sus audiencias que se llevan a cabo en los Estados Unidos, ha provocado que decenas de miles de personas se encuentren en difíciles condiciones –insiste Meyer–.  Muchas ciudades fronterizas son peligrosas, como Tijuana que el año pasado tuvo la tasa más alta de homicidios en el mundo. Miles de personas se ven obligadas a permanecer en lugares como Matamoros, donde no hay una adecuada capacidad para atenderlos.  Tenemos mil quinientas, quizá dos mil personas, viviendo en un campamento improvisado en esa ciudad.  Hay muchas preocupaciones y muy poco que decir sobre algo positivo que haya salido de ese acuerdo”.

El gobierno municipal de Ciudad Juárez estima que desde 2018, cuando la primera caravana anunció un cambio en las dinámicas migratorias, han llegado a esta ciudad 40 mil personas, de las que hoy en día permanecen en la región por lo menos cinco mil (La Jornada, 8/VI/2020). La mayoría de estas personas son de origen cubano y se encuentran en alguna etapa de la tramitación de reconocidos por el gobierno de Estados Unidos como refugiados, lo cual parece hoy poco menos que imposible, dadas las políticas restrictivas impuestas por la administración de Donald Trump.

En cuanto a los mexicanos deportados a Ciudad Juárez llegaron siete mil 934, en el lapso que va de mayo a enero de este año. En la ciudad Tijuana, una de las ciudades fronterizas tradicionalmente elegidas como destino de las personas deportadas las cifras son similares.

En el primer trimestre de este año, cuando, como efecto de la crisis sanitaria de la pandemia provocada por el coronavirus, Estados Unidos endureció su política migratoria, fueron deportados 59 mil 475 mexicanos, según datos del Instituto Nacional de Migración divulgados por la prensa mexicana. Los estados con el mayor número de ingresos de mexicanos deportados fueron Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. Una cuarta parte de estas personas fue obligada a regresar a su país de origen por el estado de Baja California.

Con la bota al cuello

Foto: INAMI_mx | Twitter

La crisis humanitaria de los migrantes en México, tiene como uno de sus principales escenarios ciudades marcadas por la violencia, como Tijuana. De acuerdo a datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación civil mexicana, la ciudad más violenta en el mundo por el número de homicidios en relación con el número de sus habitantes es esta ciudad, una obligada referencia en cuanto al tema migratorio.

Ciudad Juárez, de acuerdo a este ranking, es la segunda ciudad más violenta del mundo. En ambas ciudades hoy los migrantes, lo mismo los venidos del sur que de lugares tan distantes como el África subsahariana, o los mexicanos deportados, enfrentan condiciones de enorme vulnerabilidad. Son víctimas del crimen organizado.  La explotación los espera en la trata de personas, pueden ser obligados a ingresar a los grupos delincuenciales. Son secuestrados o traficados y uno de los sectores a los que apunta siempre el mercado de la venta de drogas en las calles para encontrar desperados clientes.

Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de Wola, no duda al responder sobre lo que ha provocado el acuerdo establecido por México y Estados Unidos.

“Las personas que están pagando el costo de esta política son las personas migrantes y las solicitantes de asilo, quienes viajan a Estados Unidos por los lugares más remotos donde son víctimas de distintos delitos. En todo su camino sufren secuestros, abusos sexuales, robos. Esto eso se agrava en las fronteras del norte del país donde hay más de mil casos de personas solicitantes de asilo que han sido víctimas de distintos delitos en las ciudades fronterizas mexicanas”.

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Si esta realidad existía antes del acuerdo establecido por los gobiernos de México y Estados Unidos justo hace un año, hoy la crisis humanitaria de la migración en México se agrava.

En el contexto en el que se estableció el mencionado acuerdo existía como antecedente, el que al inicio del gobierno de López Obrador se hubiera optado por una política migratoria distinta a la de la contención y la persecución. También el hecho innegable de la participación en las redes de tráfico de personas de autoridades mexicanas, lo mismo que la peligrosa actuación del crimen organizado en la búsqueda de recuperar el control de las rutas y el negocio de la migración indocumentada. En ese contexto Donald Trump exigió al gobierno mexicano endurecer su política migratoria, de no hacerlo las consecuencias serían económicas. Un verdadero chantaje político.

Trump y sus amenazantes tuits: “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5 por ciento a todos los bienes que ingresen a nuestro país desde México hasta el momento que los inmigrantes ilegales ingresen a México y lleguen a nuestro país. Deténganse. La tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal… en se momento se eliminarán las tarifas”.

Hay que decirlo con todas las palabras: el gobierno de México aceptó el acuerdo en difíciles condiciones, con lo que podemos considerar no el agua, sino la bota al cuello.

Foto: INAMI_mx | Twitter

De acuerdo con la nota para medios divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “Declaración Conjunta México—Estados Unidos”, el 7 de junio de 2019, los compromisos de ambos gobiernos son claros:

“México tomará medidas sin precedentes para aumentar la aplicación para frenar la migración irregular, para incluir el despliegue de la Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur (…).

“Estados Unidos cumplirá de inmediato la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes existentes en toda su frontera sur. Esto significa que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán devueltos rápidamente a México (…).

Más allá de los eufemismos y la falsa corrección del lenguaje usado en este tipo de documentos, la realidad es que los efectos del acuerdo se expresan en una crisis humanitaria, en la negación del derecho a migrar, en una política de persecución y contención de migrantes, en su criminalización.

Los costos para el gobierno mexicano por haber asumido el rol de “Border Patrol del sur” son de distinta índole, como lo señala Maureen Meyer:

“Al final México pagó el costo de aceptar todas esas medidas por parte del gobierno de Trump. Por un lado, se entiende que hubo una amenaza fuerte del gobierno de Trump en poner aranceles en productos mexicanos, no hay que obviar esa parte, pero lo que el gobierno mexicano aceptó fue pagar los costos de una crisis humanitaria en sus ciudades fronterizas. También el costo de desviar sus recursos de seguridad. Estamos hablando de miles de elementos de la Guardia Nacional, que se siguen desplegando, para tareas del área migratoria y no en tareas de seguridad. A esto hay que agregar el que el gobierno mexicano no ha destinado los recursos que necesita la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) para poder procesar todas las solicitudes de refugio que se han dado en este contexto, en una forma oportuna y debida”.

Como parte de la estrategia de contener y perseguir, de evitar el arribo de migrantes solicitando asilo se buscó limitar las acciones de defensa, acompañamiento y albergue, que realizan muchas organizaciones en México. Dejar a los migrantes solos. La estrategia fue criminalizar a los defensores de los derechos de los migrantes.

El programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana México—Tijuana documentó esta realidad: “En la medida que las políticas migratorias se recrudecen el trabajo de defensa se criminaliza. Los riesgos a los que se enfrentan son, por un lado, por las amenazas del crimen organizado y por el otro, porque corren el peligro de enfrentar acusaciones por cometer delitos graves como trata y tráfico de personas”, dice el texto publicado el 13 de junio de 2019.

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*Foto de portada: INAMI_mx | Twitter