A seis años de la Ley Agnes, vuelven a presentar iniciativa para garantizar derecho a la identidad de género
La iniciativa busca garantizar el derecho de las personas trans a una personalidad jurídica acorde a su identidad genérica; activistas del colectivo LGBTTTI temen que la propuesta tenga el mismo destino que la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios.
Por Marcos Nucamendi @MakoNucamendi
16 de junio, 2020
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El 11 de junio, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, de la bancada de Morena, presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil de Puebla para garantizar el derecho humano a la identidad de género.

Lo anterior abre la puerta para que las personas trans (transgénero, transexual o intersexual) del estado puedan solicitar, con todas las garantías jurídicas que permitan el desarrollo libre de su personalidad, la modificación del nombre o el sexo con el que se está inscrito ante el Registro Civil.

Sin necesidad de acreditar algún tipo de terapia, diagnóstico o intervención quirúrgica, y con el nombre solicitado en mente, la persona interesada –de nacionalidad mexicana– deberá llenar un formato y entregar una copia certificada del acta de nacimiento primigenia, una identificación oficial y un comprobante de domicilio, a la Dirección Estatal del Registro Civil, para comenzar un sencillo trámite que estaba acumulando escarcha en “la congeladora” legislativa.

En marzo de 2013 se presentó la primera propuesta que, a la postre, sería conocida como la Ley Agnes, en homenaje a la activista Agnes Torres Hernández, víctima de transfeminicidio un año antes. 

En entrevista para LADO B, el presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del Municipio de Puebla, Tuss Fernández, explica que fue la propia Agnes quien comenzó a trabajar en la iniciativa que adecuarían y entregarían las organizaciones integrantes del Comité Orgullo a la LIX Legislatura.

Tendrían que pasar tres años para fuera presentada formalmente por la diputada Socorro Quezada Tiempo (PRD), en marzo de 2016, y tres años más –en la actual Legislatura– para que fuera retomada por el diputado José Juan Espinosa Torres (PT); la discusión se aplazaría nuevamente.

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“No pueden decirnos que no es urgente” 

Foto: Ámbar Barrera

Ante la posibilidad de que, una vez más –como sucedió con las iniciativas para despenalizar el aborto o avalar los matrimonios igualitarios en octubre de 2019–, el conservadurismo del grupo legislativo mayoritario vote en contra de una agenda cimentada, no sólo en extraordinarios esfuerzos colectivos, también en dolorosas pérdidas individuales, Tuss Fernández considera que: 

“No pueden decir que no es urgente [legislar en la materia] cuando hay un montón de personas –porque somos eso, personas–, que mueren por discriminación o que viven en condiciones precarias a causa de esa discriminación. No pueden decir que no es urgente cuando no atienden las violencias que viven las personas trans”. 

Tan sólo de 2013 a 2018, refiere un informe de la organización Letra S, 27 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTTTI tuvieron lugar en el estado de Puebla. Las mujeres trans, de acuerdo con la incidencia de casos a nivel nacional, son las más expuestas a este tipo de violencia: de las 473 víctimas registradas en dicho periodo, 261 (55.2 por ciento) son mujeres trans (travestis, transexuales y transgénero). 

La organización poblana Vida Plena “No Dejarse es Incluirse”, por su parte, ha documentado 64 crímenes de odio por homo-lesbo-bi-transfobia de 1996 a 2019 en Puebla. 

Y esto, comenta Tuss, es sólo la cara más visible de la discriminación, del estado de las cosas que impide que la población trans de la entidad tenga pleno acceso a los servicios de salud o a un trabajo digno, sin que esto suponga poner en juego su intimidad o ser objeto de humillación y violencia institucionales. 

“No soy tan optimista, pues con los temas anteriores [matrimonio igualitario y despenalización del aborto] han demostrado que no es la tendencia de esta Legislatura [atenderlos], pero si la aprobaran sería para las personas trans, como yo, una puerta para vivir una vida más digna, para terminar con estas humillaciones”.

La reforma al Código Civil

El proyecto de decreto de la diputada Estefanía Rodríguez prevé la reforma de los artículos 34, 70, 73, 76, 291, 931 y 936 del Código Civil del Estado de Puebla, así como la adición de los artículos 875 Bis y 936 Bis, Ter y Quáter. 

De aprobarse en los términos planteados, Puebla se colocaría a la par de otras entidades federativas que ya han legislado en la materia, como Ciudad de México, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Coahuila y Tlaxcala.

El derecho a la identidad de género auto-percibida, que se expone en los considerandos de la iniciativa, se ajusta a varios instrumentos jurídicos internacionales, algunos de los cuales ni siquiera existían cuando se presentó por primera vez la Ley Agnes. Así, cada vez se suman más instrumentos para sustentar el por qué de este tipo de iniciativas.

Entre estos se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la recién firmada (en noviembre de 2019) Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Para la presidenta del Grupo Transgénero de Puebla, Cinthya Gabriela Chumacero, esta iniciativa no hace más que reconocer el derecho que tienen las personas trans a una personalidad jurídica acorde a su identidad sexo-genérica; y a no ser indocumentados, indocumentadas, en su propia patria, como aseguran Rodolfo y Abril Alcaraz en un breve texto publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

El no legislar en la materia, asegura Cynthia Chumacero, posibilita que incluso en plena pandemia se les nieguen a las personas trans los servicios médicos de emergencia. Hasta el momento, la organización que preside no tiene casos registrados en el estado de Puebla, pero siguen investigando para saber si alguien de la comunidad LGBTTTI se encuentra hospitalizada u hospitalizado, o si ha tenido problemas para recibir la atención requerida por problemas relacionados con su identidad de género.

“Es un derecho [a la identidad de género] que tenemos como ciudadanas, como seres humanos. Tenemos que identificarnos como somos [y por eso] estamos luchando”, dijo en entrevista, esperanzada de que la iniciativa tenga una respuesta favorable por parte del Legislativo.

*Foto de portada: Ámbar Barrera

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Marcos Nucamendi