“Los pobres somos inmunes al coronavirus”, dijo el 25 de marzo el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, el número de casos y defunciones por COVID-19 en el estado dista mucho de indicar que algún sector de la población es inmune. Hasta el 9 de junio, en la entidad, se habían presentado 4 mil 220 casos acumulados y 611 fallecimientos.

Para las más de 3 millones 886 mil 235 personas en situación de pobreza en Puebla –según el estudio más reciente del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval)–, el nuevo tipo de coronavirus no representa únicamente una amenaza inmediata a la salud, sino un agravante de las condiciones sociales, alimenticias y de educación. 

De acuerdo con el análisis de cifras de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad del estudio “Magnitud del Impacto social del COVID-19 en México y alternativas para amortiguarlo”, del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), la cifra para Puebla sobre el incremento de población en situación de pobreza, una vez controlada la pandemia, se estima que será de 785 mil personas más; lo cual representaría un incremento del 16.8 por ciento respecto a las estimaciones del 2019 del Coneval. 

Esto ubicaría a Puebla como la tercera entidad que tendrá más incremento de esta población, sólo detrás del Estado de México (1 millón 992 mil) y Veracruz (1 millón 3 mil).

Dichas estimaciones acerca del impacto económico en la población con menores ingresos, se llevan a cabo en un contexto global en el que se ha catalogado a México como una de las naciones más vulnerables (económicamente hablando) y con mayor incremento de pobreza en Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La Cepal estima así que en México se dará el mayor incremento de pobreza extrema –personas que no pueden cumplir con al menos la mitad de sus necesidades básicas–, con un alza de 4.8 por ciento, y será el segundo país con mayor pobreza –sólo detrás de Argentina–, con un aumento de 5.9 por ciento. 

Con base en estas predicciones, 48 de cada 100 mexicanos serán pobres y 16 de cada 100 se encontrarán en pobreza extrema. 

Para el Doctor en Sociología, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla, y miembro del Observatorio de Salarios y de la Red de salarios, desigualdad y niveles de vida, Miguel Calderón Chelius, quien habló para LADO B, uno de los aspectos inherentes de la pobreza es justamente la vulnerabilidad extrema, de cualquier tipo; pues si sucede algo les afecta mucho y muy fácilmente.

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Diferentes predicciones, una misma realidad

Foto: Marlene Martínez

Según el informe “Magnitud del Impacto social del COVID-19 en México y alternativas para amortiguarlo”, del CEES, tomando en cuenta la contracción económica registrada durante los meses de marzo y abril de 2020, 12.2 millones de personas pasarán de las clases medias a la pobreza en México. 

Aunado a esto, el estudio prevé un aumento de 20.2 a 26.8 millones de pobres extremos en el país. Esto se refiere a cuando una persona tiene tres o más carencias de seis posibles: rezago educativo; acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, a los servicios básicos de la vivienda y a la alimentación.

Por otra parte, según el análisis del propio Coneval, titulado “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2” –basándose en las líneas de pobreza por ingresos vigentes en marzo de 2020, junto a las expectativas de inflación a agosto del 2020 indicadas por el Banco de México– el total de personas en situación de pobreza por ingresos –las personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos– se incrementará entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (entre 8.9 y 9.8 millones de personas).

Mientras que el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos aumentará entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (6.1 y 10.7 millones de personas).

Para el Dr. Calderón, estas predicciones podrían incluso quedar cortas dependiendo de cuánto dure la etapa más crítica de la crisis. 

“Esta no es una crisis en la que caes puntos en el PIB y luego vuelves a recuperarte, sino que es una crisis larga, cuyas consecuencias se agravan porque van disminuyendo las capacidades económicas del Estado, de las personas […] Vamos a estar en un ir y venir de echar andar y volver a parar la economía”. 

Propuestas para prevenir el aumento de pobreza

De la mano de las estimaciones sobre el impacto económico de la contingencia, también han surgido algunas posibles propuestas para amortiguar el aumento de pobreza en el país. 

Si bien el gobierno federal ya ha implementado “medidas de amortiguamiento para crisis económicas” a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19 –de la cuales resalta una “política de austeridad”, aunada a la reafirmación de los programas sociales de bienestar, el adelanto de dos bimestres de la Pensión Universal de adultos mayores y discapacitados, así como el ofrecimiento de 2 millones de créditos a palabra a pequeñas empresas y negocios informales– el CEES propuso a finales del mes de mayo, cuatro alternativas para el amortiguamiento del impacto social y económico ocasionado por el nuevo coronavirus.

Estas propuestas ayudarían a reducir el 99% de la estimación de personas que caerían en pobreza después de la epidemia, es decir, 12 millones 78 mil personas. 

La primera determina que cada trabajador y trabajadora perteneciente por cuenta, perciba 11 mil 237 pesos con 76 centavos (la mitad del salario mínimo –mil 872 pesos con 96 centavos– por seis meses). El costo de esta propuesta sería de 92 mil 150 millones pesos de recursos fiscales, con lo que se apoyaría a 8.2 millones de trabajadores por cuenta.

Con esto se evitarían 4.68 millones de pobres, de los cuales 4.2 dejarían de correr el riesgo de pasar de ser “pobres moderados” a “pobreza extrema”. Por otra parte, 3.4 millones de personas regresarían a la clase media vulnerable y 1.3 millones de personas volverían a la clase media consolidada. Es decir, se evita el 38% de pobres estimados.

La segunda propuesta tiene que ver con la recalendarización de los pagos de impuestos sobre la renta (ISR) al Sistema de Administración Tributaria, contribuciones al IMSS, INFONAVIT y SAR de abril, mayo y junio de 2020 para trabajadores formales, con la condición de no despedir trabajadores o alterar remuneraciones. 

Se evitaría con esto que 3.34 millones de personas fueran pobres, de las cuales, 2.9 millones regresaría a la clase media consolidada y 440 mil a la clase media vulnerable. Es decir, el 27% de pobres estimados.

La tercera propuesta refiere al seguro de desempleo. Las personas que no cuentan con empleo y están activamente en búsqueda de uno, recibirán dos salarios mínimos  mensuales por un periodos de tres meses. El costo sería de 41 mil millones de pesos para beneficiar a 1.82 millones de personas sin empleo.

Con esta medida se evitarían 2.35 millones de pobres: la caída de 1.35 millones de personas a pobreza extrema y 1 millón a pobreza moderada; así, 1 millón 400 mil personas evitarían salir de la clase media consolidada y el resto a media vulnerable, o sea, el 27% del estimado total. 

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Por último, se propone duplicar durante 3 meses transferencias de los programas sociales 2018 recibidos por beneficiarios, lo que equivale a 2,666 pesos por hogar. El costo sería de 25 mil 860 millones de pesos de recursos fiscales; se beneficiaría a 9.7 millones de hogares donde viva un beneficiario.

Con esto se evitarían 1 millón 730 mil pobres (caída a pobreza extrema), de los cuales 1.5 regresarían a clase media vulnerable y 200 mil a clase media consolidada. Es decir, 14% de los pobres estimados. 

Así, el costo total de las cuatro acciones propuestas por el CEES sería de 159 mil 10 millones de pesos. Lo cual equivale al 0.66% del PIB.

En este sentido, para Calderón Chelius, si bien las propuestas son atinadas, es necesario saberlas administrar, es decir, deben pensarse lejos de los efectos de la inmediatez y administrarse por un periodo largo para que sean efectivas.

“Desde mi punto de vista, el problema es que el asunto no se va a resolver tan rápido. Lo que están proponiendo a mí me parece correcto, sólo hay que tomar en cuenta los tiempos, porque una deuda para seguro de desempleo, transferencias, etc., eso se puede quemar, y en tres meses vas a tener la misma situación. Me parece que un valor que debemos de conservar es la capacidad de respuesta del Estado, aunque sea pequeña; que el Estado siga teniendo capacidad de respuesta durante mucho tiempo”.

Aunado a esto, el también consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mencionó que ya que estas propuestas son pensadas desde el gasto público, aunado a las predicciones, es muy probable que el Gobierno tenga que pedir financiamiento externo para contrarrestar la crisis económica. Por lo tanto, la participación e inversión de sectores que tienen disponibles más recursos –sector automotriz, turismo, inversión extranjera, infraestructura y bienes raíces– es necesaria para poder reactivar la economía y sobrellevar la situación.

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*Foto de portada: Marlene Martínez