El 30 de noviembre de 2019 Dalia Salmorán Velázquez fue asesinada. Primero le llegó el aviso a su mamá: una conocida le dijo que Sergio, su pareja, le había pegado y la había dejado inconsciente. Francisco, hermano de Dalia, también se enteró. La familia salió a buscar a la joven: la encontraron muerta cerca de donde vivía, en la zona norte de la ciudad, muy cerca de la Central de Abastos.

Aunque existe una orden de aprehensión contra el presunto responsable, no ha habido justicia. Ni para Dalia, ni tampoco apoyo ni atención para los dos hijos que dejó. Su familia ha caminado a ciegas durante casi medio año.

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De acuerdo con el último reporte del SNSP, con cifras oficiales de la propia Fiscalía General del Estado, Puebla ocupa tercer lugar nacional en feminicidios, y la capital, junto con Coronango, es el municipio que registra mayor incidencia, con 6 casos. La situación de violencia de género sigue escalando y los casos del pasado siguen sin justicia.

Francisco Salmorán Velázquez, hermano de Dalia, relató a LADO B que desde el asesinato de la joven recibió mensajes de su entonces pareja, Sergio “N”. El ahora señalado como presunto responsable admitía hechos violentos contra Dalia, y además lo amenazaba directamente.

Fue Francisco quien encontró el cuerpo de su hermana mientras hacía un recorrido cerca de su casa. Eso, después de dar aviso a las autoridades tanto de los mensajes amenazantes como de la alerta que llevó a la familia a buscar a Dalia. 

Falta de justicia

El seguimiento del caso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con lo relatado por el hermano y la mamá de Dalia, ha sido ineficiente desde el inicio. 

Desde un principio fue Francisco quien encabezó la búsqueda de justicia para su hermana, yendo constantemente a la Fiscalía, pidiendo informes y avances. Cuando su caso fue trasladado al área de feminicidios los recibió una abogada, quien no tenía más detalles del caso. 

Foto: Marlene Martínez

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A la fecha la familia no tiene una copia de la Carpeta de Investigación (CDI), porque les dijeron que si no tenían asesor jurídico no se las podían proporcionar. De acuerdo con un documento informativo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, eso es falso, pues es derecho de toda víctima de delito tener una copia gratuita de la denuncia (CDI).

Después se les asignó una asesora jurídica, quien en ese momento estaba de vacaciones, por lo que todo siguió igual. Así, tuvieron que esperar a que regresara sólo para que les dijera que no los podía atender hasta dentro de 15 días, porque estaba ocupada preparando un caso. Desde diciembre no han sabido de ella.

Otro de los problemas que han tenido es que, hasta el momento, el hombre señalado ya como presunto responsable por la evidencia entregada a la Fiscalía, Sergio “N”, sigue prófugo. La orden de aprehensión en su contra fue girada desde el 10 de diciembre pero entregada hasta el día 22. 

Irma, mamá de Dalia, y Francisco dicen que eso también afecta su tranquilidad, pues recibieron amenazas directamente de Sergio. Irma cuenta que pasa noches sin dormir por pensar en su hija, por pensar en qué es lo que puede pasar, por vivir con incertidumbre. 

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Irma y Francisco no saben qué ha pasado con todas las pistas y evidencias que entregaron a las autoridades, desde mensajes hasta fotografías. La familia de Dalia tiene además evidencia de que Sergio la golpeaba y maltrataba cuando estaban juntos, pero nada de eso ha sido suficiente para que las autoridades lo encuentren.

La FGE respondió a LADO B mediante su enlace de comunicación social, que no podía dar informes de la orden de aprehensión y que no iba a dar informes porque los casos en curso “solo se tratan directo entre víctimas colaterales e investigadores”.

Las víctimas indirectas

Dalia dejó también a dos hijos, de 7 y 8 años, quienes se quedaron al cuidado de Irma y su esposo, sus abuelos, apoyados por sus otros hijos. Y aunque las leyes establecen que los hijos de víctimas de feminicidio deben recibir apoyo, esto tampoco ha ocurrido.

En entrevista con LADO B, la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la IBERO Puebla, explicó que, en teoría, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendría que dar apoyo a los menores, por tratarse de víctimas indirectas.

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Sin embargo, esta Comisión se basa en la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, aprobada en octubre de 2019, que a la fecha no ha publicado sus reglamentos ni lineamientos, lo que significa que aún no es operativa.

Además, al no haber sentencia –obviamente, porque ni siquiera hay un detenido– las víctimas indirectas no pueden acceder a ciertos mecanismos de apoyo y protección ante la CEAV.

En febrero Francisco fue a audiencia con el gobernador Miguel Barbosa para pedir apoyo para la hija y el hijo de Dalia, y fue hasta entonces cuando le prometieron la entrega de 6 canastas básicas en apoyo a los menores. Sin embargo, a la fecha sólo han recibido 3 de las 6 que les había garantizado el gobierno estatal. Lo que ellos quieren es apoyo para los niños, dice Francisco. Que les ayuden quizás con una beca para su educación. 

Además el departamento donde Dalia vivía fue sellado por las autoridades desde que ocurrió el feminicidio, y desde ese entonces nadie ha podido entrar. Irma dice que necesitan llevarse las cosas de los niños:  su ropa, sus útiles, sus uniformes, para que puedan regresar a la escuela cuando se reinicie el ciclo escolar, pero en eso tampoco han sido escuchados.

Sin una Comisión de Víctimas operativa, sin un seguimiento por parte de la Fiscalía y con los trámites detenidos por la cuarentena, la justicia para Dalia se ha visto todavía más lejana.  

*Foto de portada: Marlene Martínez