Jerónimo Villa 

Un día de febrero América* llegó tarde a su bachillerato, ubicado en la zona metropolitana de Puebla. Estaba a punto de irse a su casa cuando varios sujetos la subieron por la fuerza a una camioneta. Luego de vendarle los ojos, le estuvieron dando vueltas por la zona, mientras le hacían cortadas en el vientre.

Después de varios minutos, la regresaron a la escuela. Ella caminó hasta la puerta del bachillerato y una vez adentro se desvaneció. Cuando América despertó, no quiso hablar mucho con el personal de la escuela, pero dijo que no había pasado algo más que la herida en el vientre.

Nadie del personal docente y administrativo que ayudó a América conocía el protocolo para atender hechos de violencia y discriminación, que creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal en respuesta a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y que, según el portal Alerta por las mujeres Puebla, estaba listo desde octubre de 2019, aunque se publicó en el Periódico Oficial del estado de Puebla hasta el 20 de enero de 2020.

El protocolo es una de las 162 acciones a las que se comprometió el gobierno poblano, para solventar las 45 medidas de la Declaratoria de Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres (Davgm). Como lo informó LADO B en una entrega anterior, sólo cuatro medidas fueron cumplidas para el plazo que fijó la Conavim.

Aunque el personal del bachillerato de América hubiera conocido el protocolo, de acuerdo con la antropóloga Quetzali Bautista Moreno, quien participó en la construcción del protocolo de género de la BUAP, el instrumento es ambiguo e insuficiente, si no se capacita de forma constante en perspectiva de género a todo el personal de la SEP. 

No saber qué hacer

Cuando una persona de intendencia vio a América sangrando a la altura del vientre, pensó que le habían disparado. Corrió, entonces, a buscar al personal docente y de apoyo del bachillerato para que atendieran a la joven. Nadie de quienes trabajaban en la escuela sabía qué hacer, lo único que tenían claro era que debían llamar sus padres.

El Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y en su caso Sanción por hechos de Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación, Acoso, Maltrato y Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres de Instituciones Educativas Oficiales y Particulares Incorporadas a la SEP estatal indica que es deber del personal que conozca de algún caso hacerlo de conocimiento de forma inmediata a la dirección de la escuela.

En el apartado de atención, dice que después de avisar a la dirección se debe poner en conocimiento de la familia o quien esté a cargo de su tutela. En caso que la violencia ocurra en el seno familiar, se debe buscar intervención del DIF y la Fiscalía General del estado de Puebla.

Posteriormente, el personal de la SEP y la familia deberán instrumentar un acta de hechos, que contenga las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como información de las personas involucradas. Al final tendrían que vincularse con “instancias externas de apoyo”, como Fiscalía General del Estado, DIF, Comisión de Derechos Humanos, Seguridad Pública o Secretaría de Igualdad, y asesorar para que la víctima o la familia hagan la denuncia.

Nada de esto sabían docentes y administrativos del bachillerato de América. Lo único que atinaron a hacer fue pedir que una patrulla acudiera de forma constante a la escuela, esto también motivado porque otras dos estudiantes vivieron intentos de privación de la libertad. Además de pedir a los padres de la estudiante que implementaron un protocolo de seguridad, para que no llegara sola a la escuela.

Una trabajadora de la escuela, quien prefirió mantener el anonimato, contó que es muy difícil dar continuidad a estos casos, porque se pide al personal que tenga el carpeta completo, pero sin intervenir de más para no crear un conflicto con la familia que es, al final, quien decide.

—Siempre te la voltean, en lugar de hacer una red de apoyo y se intervenga (…), a veces uno ya no quiere meterse en problemas, porque los directivos actúan o juzgan desde su propia moral, porque en vez de que apoyen eso no es así.

Aunque el personal del bachillerato recomendó a la familia que América recibiera terapia, ya que estaba muy afectaba, les manifestaba su miedo de estar sola o de que se la volvieran a llevar, su familia decidió no denunciar y tampoco buscó ayuda psicológica, quizás por desconocimiento o por falta de recursos.

Protocolo, ambiguo e insuficiente

A Quetzali Bautista, docente del Colegio de Antropología Social de la BUAP, le llama la atención que el protocolo de la SEP abarca toda la educación obligatoria, es decir, desde preescolar hasta nivel medio superior, cuando lo ideal es que haya un protocolo por nivel educativo, sin olvidar la educación especial y la educación indígena, ya que no es el mismo nivel de comprensión de los hechos y expresión que pueden tener las diferentes estudiantes.

Aunque hay señalamientos de no revictimizar a las alumnas y no conciliar con quienes las agredan, para que esto no ocurra el personal educativo debería formarse de manera constante en perspectiva de género y en el documento nunca se menciona qué instancia se encargará de ello.

Otra cuestión es que no se deja claro si el protocolo se diseñó con base en un diagnóstico, o cómo se realizó y quiénes intervinieron en su elaboración. Tampoco especifica qué pasaría si el agresor es un estudiante, porque sólo se menciona que se priorizará la reeducación, pero no se dice si habrá una sanción.

Por ejemplo, en el Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género de la BUAP, se plantean sanciones como:

•         Extrañamiento por escrito.
•         Amonestación por escrito.
•         Suspensión temporal en sus derechos escolares.
•         Suspensión definitiva en sus derechos escolares.

Cuando se hace alusión, agregó la académica, a que el personal de la secretaría es responsable parece que se remite al contrato colectivo de trabajo, pero se omite dónde y cómo se resolverán los casos.

—Este tipo de materiales son como documentos con poca aplicabilidad, que se pueden utilizar como instrumentos para sancionar al personal, aunque no se tenga la intención verdadera de transformar la realidad. Si no se trabaja, si no se hace de manera puntual y detallada (…) es meter todas las prácticas en un solo costal y (creer que) con el acta de hechos se va a resolver todo.

Violencia sexual en aulas

Foto: Twitter (@SEP_mx)

Dentro de las acciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Davgm) no se contempló un diagnóstico para conocer las violencias y discriminaciones en las escuelas poblanas. En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, únicamente se indica que 24.1% de las estudiantes mayores de 15 años en Puebla vivieron violencia en el ámbito escolar.

A nivel nacional, hay más datos: 74.3% actos de violencia contra alumnas ocurrieron en la propia escuela; las agresiones más comunes son la sexual (38.3%), emocional (34.1%) y la física (27.7%); los agresores son, sobre todo, compañeros, las compañeras y los docentes.

Mariana*, una estudiante de la escuela secundaria general Profesor Rafael Ramírez Castañeda, en San Pedro Cholula, vivió violencia sexual de 2016 a 2017. Su caso evidencia la falta de perspectiva de género en las escuelas y de cómo no se sanciona a los docentes involucrados en agresiones.

Fue en octubre de 2016 que empezó a recibir mensajes vía Facebook de su profesor de educación física, donde le decía que estaba muy bonita y que le mandaba besos. Aunque tenían pláticas en esa red social, él siempre le pedía que las borrara y le mandara capturas de pantalla de que los mensajes ya no existían.

Un día le dijo que lo ayudara a calificar libretas para que le pusiera 10, Mariana accedió porque nunca había entrado a su clase. Una vez en la oficina del profesor, después de calificar algunos trabajos, él cerró la puerta, ella quiso salir pero la tomó del brazo y le pidió un beso. Ella se negó, entonces su profesor le dijo que si decía algo de lo ocurrido le echaría la culpa.

Al siguiente ciclo escolar el profesor de educación física fue el tutor de su salón. En una ocasión le pidió que lo ayudara a guardar materiales, ella estaba en eso cuando él llegó y cerró la puerta con llave. Después sentó a Mariana en una mesa, comenzó a tocarla sin su consentimiento. Aunque ella estaba paralizada, muy probablemente por el miedo, él siguió y le advirtió que no dijera nada de lo ocurrido.

Mariana le platicó a su hermana, ella le aconsejó que avisara a las autoridades de su escuela sobre lo que le pasó. Le dijo a una maestra, pero no hizo algo. Después decidió decirle al subdirector, la respuesta fue que si el tema trascendía la escuela iba a perder puntos y eso no les convenía.

—Yo hice mucha presión para saber qué iban a hacer después de que les dije. Insistía mucho en qué iba a pasar y me daban vueltas (…). Después hubo una junta, una profesora me dijo que ahí se había hablado de eso. Él se defendió, dijo que quien lo había buscado había sido yo y que él jamás me había hecho nada.

La falta de respuesta por parte de las autoridades afectó a Mariana sobre todo de manera psicológica. A ella le hubiera gustado que despidieran al profesor y se viera impedido de dar clases, para evitar que agreda sexualmente a más alumnas.

Acciones pendientes

La capacitación y difusión del protocolo de violencia de género y discriminación de la SEP estatal, mismas que forman parte las acciones por la Davgm, siguen sin cumplirse. LADO B consultó con docentes de diferentes en las Sierras Norte y Negra, así como en la zona metropolitana, quienes confirmaron que no se han realizado estas acciones.

Una persona que ocupa un puesto directivo -y que pidió el anonimato por temor a represalias- confirmó que a mediados de febrero se les hizo llegar, a través de correo electrónico, el protocolo para su “observancia, ejecución y cumplimiento a toda la estructura a sus cargos”. No venía alguna otra explicación al respecto, así que sólo reenvío el documento al personal a su cargo.

Explicó que hay mucha información que mandan desde las oficinas de la SEP, cosas que se aprueban en el Congreso de la Unión o el Congreso local, más la carga de trabajo docente y administrativa. Desde el punto de vista de esta persona, bajo esas circunstancias es difícil distinguir la información más relevante.

—Lo que se tendría que hacer es que dentro de la Secretaría se defina qué es lo prioritario y que se pida que se dé respuesta o estrategias de implementación, porque dicen: ‘¿Ya se dio la información?’ Contestamos que sí, porque tenemos los correos de recibido (…) con eso ya se justifican de que la información se entregó.

Respecto a las capacitaciones en materia de género, la persona dijo que no hay tales, en muchas ocasiones tienen que buscarla por su propia cuenta o ser autodidactas, aunque eso lleve a una mala interpretación de los instrumentos.

Otro docente de la Sierra Norte compartió que lo único que ha llegado a esos rumbos fueron unas pláticas que organizó la Coordinación Regional De Desarrollo Educativo (Corde) para padres y madres sobre cómo mejorar las relaciones familiares, también para estar pendientes del uso que dan las y los estudiantes a internet.

—Si tenían el plan de compartirnos eso, a lo mejor ya no se pudo (por la situación del Covid-19).

Aunque el protocolo y las capacitaciones son una parte para avanzar en la atención de la violencia de género, Quetzali Bautista aseguró que transversalizar la perspectiva de género es algo mucho más sensible y completo, donde una capacitación no es suficiente.

—Es un trabajo integral y que se tiene que dar en todos los ámbitos de la educación y desde el diseño de los planes de estudio de todas las profesiones, pero empezando por esos de educación inicial o básica.

(Con información de María José Andrade)

* Los nombres de las estudiantes fueron modificados para proteger su identidad.

**Foto de portada: Twitter (@SEP_mx)