Daysi Quintanilla, empleada doméstica, residente en la comunidad Chandanta, del municipio de Cuscatancingo. Tras casi medio siglo de trabajar como empleada doméstica, ha sido enviada a su casa sin pago de sus patrones, a pesar de que el Gobierno ordenó a los empleadores pagar a quienes despacharan en esta crisis. Daysi afirma que trabajando ciertos días de la semana en dos casas lograba juntar $100 por mes. / Foto: Víctor Peña | El Faro

Valeria Guzmán | El Faro

Daysi Quintanilla ha cuidado a otros desde que tiene 15 años. Es empleada doméstica y, desde que empezó a trabajar en casas ajenas, han pasado 43 años. Tras toda una vida de cuidar a niños que no parió y de limpiar cuartos donde no duerme, Daysi ahora no tiene dinero para que su gente coma. Nunca tuvo mucho, la pobreza ha sido su constante. Cuando más dinero tuvo fue una temporada que trabajó como ordenanza de una empresa y ganó el salario mínimo. Ahora, en medio de la crisis por la pandemia, ya no tiene nada. Tras casi medio siglo de barrer, trapear, sacudir, lavar y cocinar en casas ajenas, sus ingresos ahora mismo son cero dólares.

Antes de que el coronavirus cambiara y paralizara el mundo, Daysi trabajaba en dos casas. Al mes, calcula, juntaba un promedio de $100. Desde el 21 de marzo, cuando el gobierno decretó la cuarentena nacional, sus patrones dejaron de llamarle para que se presente a trabajar.

Ella cobraba $10 o $15 por jornadas de nueve horas. En una buena semana, laboraba dos o tres días y con ese pequeño ingreso mantenía a su familia de cinco hijos y una nieta. Trabajando en las casas de otros, nunca ha tenido contrato, seguro social, ni aguinaldo. Si alguien le pide que demuestre con un papel su experiencia como trabajadora del hogar, no podría. Ser empleada doméstica es ser trabajadora informal. Si trabaja, come. No trabaja, y ocurre lo opuesto.

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El Salvador ya superó los 550 casos confirmados de COVID-19 y, de acuerdo con el último decreto Ejecutivo, la cuarentena domiciliar llegará hasta el 16 de mayo, aunque todo apunta a que luego se buscará otra prórroga. A pesar de que el Gobierno pidió a los empleadores seguir pagando a sus empleados aunque no trabajen durante la cuarentena, las mujeres como Daysi quedan en un limbo, dependen de la buena fe de sus pagadores. Encontrar a una empleada con contrato es tan raro como encontrar a un paletero con recibos.

Sin dinero, Daysi ha tenido que aceptar que algunos días debe pasar hambre. Durante el último mes, su familia ha comido gracias a donaciones de los vecinos. “Ahorita me acaban de regalar unos frijoles licuados y una señora me ha dado tortillas congeladas”, cuenta un lunes a mediados de abril desde su champa en Cuscatancingo. Su hogar está construido con láminas, pedazos de tela y palos de bambú. Daysi no tiene agua ni luz eléctrica ni televisor ni refrigerador. El único aparato grande que funciona en su casa es una cocina en la que solo sirve un quemador.

Daysi Quintanilla y Aracely Coto, empleadas domésticas que se han quedado sin sus trabajos en medio de la cuarentena por la emergencia de COVID-19. Las dos mujeres pertenecen al Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas (SIMUTHRES). / Foto: Víctor Peña | El Faro

Daysi está sola. Sus patrones la despacharon. No la han llamado ni una vez desde aquel 21 de marzo. El gobierno está tan ausente en la vida de ella como aquellos a quienes sirvió. El mismo día que Bukele anunció la cuarentena, dijo que las familias más afectadas por la pandemia recibirían un subsidio de $300. Daysi ingresó el número de su DUI a la base de datos del gobierno en internet y encontró que ni ella ni sus hijos fueron beneficiados. “Nada me salió. Deberían de andar censando a la gente que tiene necesidad”, se queja.

Durante las dos últimas semanas de abril, El Faro habló con cinco empleadas domésticas contactadas a través de dos sindicatos de trabajadoras del hogar. Las organizaciones, con sede en San Salvador y Tacuba (Ahuachapán), reúnen a 300 y 60 afiliadas, respectivamente. Cuatro de esas mujeres han guardado la cuarentena en sus hogares sin pago y sin certeza de cuándo volverán a tener uno. Solo una de ellas ha seguido trabajando, pero bajo las condiciones de los patrones: sin descanso y sin permiso de visitar a su propia familia. Ninguna tiene contrato laboral y ninguno de los más de sesenta decretos emitidos por el Gobierno en la emergencia habla de ellas.

El 47% de todas las mujeres trabajadoras en zonas urbanas no tiene un empleo formal, de acuerdo con estadísticas oficiales. No tienen seguridad salarial, prestaciones y ni siquiera la garantía de un salario mínimo. Las trabajadoras domésticas son el claro ejemplo de ello. Incluso sin pandemia, son las empleadas con los sueldos más bajos en todo el país, de acuerdo con el Ministerio de Economía. No son pocas las que atraviesan estas condiciones de trabajo. Son más de 100,000 mujeres las que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de acuerdo con la Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples de 2018.

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La pandemia de COVID-19 agravó los problemas de este maltratado sector de la población.

Daysi vive en un terreno donde le han dado permiso de construir su champa. Ahí hay varios árboles de mango ciruela y, con la ayuda de sus hijos, recoge los menos reventados e intenta venderlos entre los vecinos de una colonia cercana. El último domingo de abril fue un buen día para la venta. Logró vender $3 y con eso pudo comprar un dólar de huevos, un dólar de tortillas y cincuenta centavos de café para alimentar a sus cinco hijos y su nieta. Cinco adultos y dos menores. Un dólar de huevos son seis huevos.

Un mes después de que el presidente Nayib Bukele declarara al país en cuarentena nacional, Daysi se sienta a platicar en una silla plástica afuera de su casa. Desde ahí, el lunes 20 de abril, empieza contar sobre los lugares en los que ha trabajado. Mientras platica, su nieta de dos años no deja de interrumpirla para pedir comida: “Abuela, abuela.. Ñam, ñam”, le dice y se lleva la mano vacía a la boca.

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*Foto de portada: Victor Peña | El Faro