El gobierno generaliza y cae en excesos: no todas las escuelas privadas son solo un negocio
“Las escuelas privadas quedan vulnerables frente a una ley en la que sólo aparecen las obligaciones que deben tener las escuelas privadas, pero no sus derechos”, señala Rodolfo Cruz Vadillo, Doctor en Investigación Educativa. Para Martín López Calva, investigador y doctor en Educación, la Ley de Educación Estatal tendría que tener muy pocos artículos, redactados de manera muy clara y que brinde libertad a los actores, tanto públicos como privados, en lugar de ser una ley hiper restrictiva e invasiva.
Por Cristian Escobar Añorve @crazo70
27 de mayo, 2020
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La aprobación de la Ley de Educación Estatal ha generado, por decir lo menos, múltiples opiniones, sobre todo en lo que respecta a dos puntos: el artículo 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Estatal; y el 42, que trata sobre la fiscalización a universidades públicas.

Sin embargo existen otros aspectos, como la regulación del cobro de cuotas escolares y la prohibición de retener documentos, que se han pasado por alto pero es en lo que el gobernador Miguel Barbosa ha centrado su discurso.

En la conferencia de prensa matutina del 25 de mayo, Barbosa dijo que la postura del Consorcio de Universidades de Puebla, así como de otras instituciones de educación privada, no se debe al artículo 105, “pues es sólo un juego de la vieja moral del conservadurismo, de la mentira”; “lo que les molesta [de la nueva Ley de Educación] son los asuntos por lo que ya no van a poder abusar de los alumnos, ya no, ya no van a poder retener sus documentos”.

Al respecto, Rodolfo Cruz Vadillo, Doctor en Investigación Educativa y Especialista en Docencia por la Universidad del Valle de México de Veracruz, sostiene que la Ley de Educación Estatal generaliza la idea de que las instituciones de educación privada son únicamente un negocio, dejando de lado el aporte que históricamente han tenido en la consolidación de la educación en México. 

Aunque Cruz Vadillo reconoce que existen todo tipo de escuelas privadas –incluidas aquellas que sí ven la educación como negocio–, esta Ley da por hecho que todas las instituciones de Educación privada no están haciendo bien su trabajo, y que no se preocupan por los preceptos o conceptos que estipula la Ley General: inclusión, sentido humanista, equidad, entre otros.

“En lugar de ir a ver los casos de escuelas privadas donde sí ha habido abuso, dictar cuánto vas a cobrar y cómo le vas a hacer y todo lo demás, se está cayendo en algunos excesos”, por parte del gobierno, consideró el especialista en entrevista para LADO B.

Para Cruz Vadillo, una de las problemáticas más importante de la ley es que “se mete con las cuotas” y la documentaciones, las cuales eran acciones que las instituciones privadas ejercen con plena autonomía. 

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Aunado a esto, al no poder retener la documentación de ningún alumno que no haya pagado, las escuela privadas quedan desprotegidas, pues no tienen derecho a expulsar a ningún estudiante irregular debido a que -conforme a la Ley- la educación es un derecho humano y las escuelas privadas no podrán negarlo. 

“Al final lo que está pasando es que las escuelas privadas quedan vulnerables frente a una ley en la que sólo aparecen las obligaciones que deben tener las escuelas privadas, pero no sus derechos”.

En ese sentido, Martín López Calva, Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), dijo a LADO B que la nueva ley de educación está centrada en el control de las distintas instituciones educativas, sobre todo las de tipo privado. 

“Existen dos tipos de organizaciones sociales -pueden entenderse gobiernos  y empresas-: aquellas donde hay un sustento en la confianza en los actores, estimulan la creatividad, hay debate y propuestas de todas partes y de todos los actores; y están aquellas que tienden a ir hacia una autoridad central y donde existe una desconfianza, por lo que se hacen demasiadas normas, demasiadas leyes, demasiadas reglamentos», y el gobierno del estado está actuando como el segundo tipo, lamentó López Calva.

Una ley ambigua

Foto: Olga Valeria Hernández

La discusión sobre la “nueva Ley de Educación” ya ha llegado incluso a nivel nacional. 

El diario Heraldo de México publicó una nota el 24 de mayo donde sostenía que el gobernador de Puebla intentaba “tomar control” de los colegios privados en la entidad con la Ley de Educación Estatal.

En respuesta, Luis Miguel Barbosa Huerta –a través de su cuenta oficial de Twitter– mencionó que la disposición acerca de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional es de aplicación en todo el país y no únicamente del estado de Puebla.

Por otra parte, el pasado lunes el senador por Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo Monreal Ávila, en conversatorio con medios de comunicación a través de redes sociales, dejó entrever que la Ley de Educación del Estado de Puebla contradice los postulados generales de la Constitución, lo cual consideró inadmisible.

“La Ley General, si bien tenía como objetivo fortalecer el papel del Estado, para vigilar y mantener el orden de esas instituciones privadas, no violenta los derechos de las instituciones privadas. Esta Ley fue una mala armonización”, dijo y agregó que en todo caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que regular los excesos en esta Ley.

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El martes el secretario de educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, entró en defensa de la Ley –a través un mensaje emitido en redes sociales asegurando que la disposición de que los bienes muebles e inmuebles formen parte del Sistema de Educación Estatal, no es nada nuevo, sino que data de 1993, y consideró que no debería “verse un problema donde no lo hay”.

En el mismo sentido, en entrevista para LADO B, Martín López Calva consideró que es la ambigüedad en la redacción de la Ley de Educación estatal la que, precisamente, contribuye a que exista un gran número de interpretaciones y que el contexto de polarización política a nivel nacional no ayuda a esclarecer el panorama. 

“Estoy escuchando opiniones que hablan hasta de socialismo y comunismo o expropiación, lo cual me parecen totalmente fuera de lugar. Creo que hay que tener más sosegados estos ánimos para leer la ley; aunque ciertamente me parece que es un artículo [el 105] que no quedó claro por, eso dio lugar a tantas interpretaciones”.

Para López Calva esta discusión da cuenta de que varios artículos de la Ley necesitan reformularse y redactarse de otra manera para que no deje lugar a duda.

Sobre todo porque, como señaló Rodolfo Cruz Vadillo, “este limbo en la ley está sujeto a la interpretación y eso es lo que puede ser peligroso, todos sabemos que en la ley hay vacíos, ya dejamos de pensar que los vacíos son al azar y ahora solemos pensar que los vacíos son a propósito”. 

De modo que si bien en la ley no hay ninguna cláusula en donde diga que el estado podrá expropiar los bienes de las instituciones privadas, tampoco dice lo contrario. 

“El problema –agrega Cruz Vadillo– ahora tiene que ver con que esos vacíos están sujetos a la interpretación de quien esté como autoridad y quien haga la lectura y tome decisiones,  por eso no puede quedar así, tiene que estar más clara».

Por ello, mientras mayor claridad tenga la Ley, “nos acercaremos a una interpretación correcta y no sujeta a intereses políticos, de poder, de creencias, etcétera”.

Finalmente, para Martín López Calva la Ley de Educación Estatal tendría que ser una ley con muy pocos artículos, redactados de manera muy clara y que brinde libertad a los actores, tanto públicos como privados; en lugar de ser una ley hiper restrictiva  e invasiva. 

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Cristian Escobar Añorve