Frase: “Que la transparencia es un obligación permanente de toda autoridad que maneja recursos públicos […* Nosotros somos respetuosos de esa obligación y que hemos cumplido esa obligación de informar y transparentar nuestras acciones de manera completa. Todo es a través de los procedimientos legales, para eso hay leyes”.

Autor: Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla

Calificación Cazamentiras: Engañoso 

El 19 de mayo el reportero Martín Gutiérrez de El Heraldo de Puebla preguntó al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, sobre la exigencia de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y de organizaciones y medios de transparentar la información sobre el gasto COVID.

En respuesta, Barbosa Huerta aseguró que su gobierno ha cumplido con su obligación legal de informar, y recomendó a los peticionarios usar los procedimientos legales para pedir transparencia.

Se trata de una afirmación engañosa la que hace el gobernador por varias razones que acá se desglosan:

1. Se pidió vía whatsapp a la titular de la Dirección de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil, y a sus enlaces, informaran en qué parte de la plataforma de transparencia está la información del gasto COVID del estado. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta a la petición.
2.  Una revisión a la plataforma de transparencia muestra que ninguna de las cinco siguientes secretarías tiene información publicada en 2020 referente a contratos que den información sobre gasto COVID:

• Salud
• Infraestructura
• Administración
• Planeación y Finanzas 
• Bienestar

1. Tampoco hay datos en la Oficina del Titular del Ejecutivo. En ese apartado hay cinco contratos de este año, y son de papelería, agua embotellada y café pero nada que podría considerarse gasto COVID.
2. La propia Ley de Transparencia del estado dice en su artículo 12 que para cumplir con la ley los sujetos obligados, en este caso el gobierno del estado, deberán publicar y mantener en sus sitios web la información que es obligación de transparencia, entre ella, según el artículo 77, los contratos.

Hasta este punto el gobernador no ha cumplido con la ley pues no ha actualizado la información.

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Detienen los plazos

Lo que salva al gobernador de entrar en conflicto con su obligación legal, al menos en una parte, es que el Instituto de Acceso a la Información Pública de Puebla (Itaip) emitió un acuerdo con fecha 17 de marzo de este año, unos días antes de que se anunciara la emergencia sanitaria por el COVID 17, que suspender por un mes los plazos y términos de la ley en la materia.

Después amplió el plazo hasta el 31 de mayo, y de acuerdo con Héctor Berra Piloni, coordinador general jurídico Itaip, podría ampliarse dos semanas más, hasta el 15 de junio, pues el gobierno de Barbosa ha dicho que no hay condiciones para que Puebla regrese a la normalidad.

En el segundo documento, en el que amplió el plazo, es donde se establece que será en el mes de junio cuando se cumpla con la obligación de publicar la información del periodo abril-mayo.

Entonces, el gobierno no cumplió con su obligación de transparentar información de oficio de enero a marzo, y para los meses siguientes tiene una prórroga.

Y tampoco pueden hacerse uso del procedimiento para solicitar información porque el Itaip quitó esa posibilidad durante los meses de la pandemia.

Aunque, a decir de Berra Piloni, el Itaip emitió un exhorto a la Secretaría de Salud para que siga atendiendo y respondiendo a las solicitudes de información que le lleguen.

Conclusión: el gobierno no ha cumplido con la ley, y cuando el gobernador dice que se haga uso del procedimiento para pedir información sabe que eso de momento no sirve de nada pues está detenido. Entonces, el gobernador engaña con sus afirmación.

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