Este miércoles 13 de mayo se discutirá en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sentencia concerniente al amparo promovido por empresas mineras en contra de las comunidades indígenas de Tlatlauquitepec, Yaonahuac y Cuetzalan del Progreso, sobre el respeto a sus territorios.

El proyecto de sentencia presentado el pasado 8 de mayo por el presidente de la Segunda Sala de la SCJN, el ministro Javier Laynez Potisek, no es favorable para las comunidades indígenas. 

En este se menciona que “la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta”. 

Y plantea amparar a las empresas mineras en contra de las comunidades poblanas, pese a que en territorios indígenas se ha obrado sin apego a las leyes. 

No se ha respetado el derecho a un consulta previa, libre e informada sobre los impactos significativos que la actividad minera conlleva.

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Por lo anterior, diversas organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos como el Consejo Maseual Altepetajpianij, Consejo Tiyat Tlali, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) y el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), promovieron la firma de una carta, la cual fue remitida este 11 de mayo al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, y demás integrantes del Máximo Tribunal del país, para que no aprueben el proyecto de sentencia presentado por Laynez Potisek.

Antecedentes

En septiembre de 2014, alrededor de 3,000 personas indígenas del pueblo autodenominado macehual –término náhuatl que agrupa a comunidades indígenas de Cuetzalan y Tltlauquitepec–, reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan, reclamaron la autonomía de sus territorios ante la amenaza de diversas concesiones mineras.

Así, en marzo de 2015, integrantes de la asamblea presentaron una demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo macehual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales, por la expedición de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila (las cuales incidían principalmente sobre los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonahuac y Cuetzalan del Progreso). 

En septiembre de 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, decidió amparar a las comunidades respecto a las concesiones mineras. 

Ante esto último, la Secretaría de Economía retiró las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.

De igual forma, se estipuló que las empresas mineras tendrían que llevar a cabo una consulta previa, informada y culturalmente adecuada. Esta consulta, en el caso de las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla, según acusan las comunidades, nunca fue llevada a cabo, por lo que, de aprobarse la continuidad de estas obras sería de manera inconstitucional. 

No obstante, las empresas mineras y las autoridades pidieron se volviera a revisar el caso. Es por ello que el Tribunal Colegiado de Circuito de Puebla determinó que, dada la importancia y trascendencia de este, la Suprema Corte tendría que decidir sobre la constitucionalidad de la Ley Minera.

Acciones urgentes

Diana Pérez, abogada colaboradora del Consejo Tiyat Tlali, dijo a LADO B que, además del despojo del territorio de Tlatlauquitepec, Yaonahuac y Cuetzalan del Progreso, la sentencia que se emita a raíz del proyecto del ministro Laynez Potisek, sería el primer precedente del análisis de la Ley Minera a nivel federal. 

Así, su resultado tendría repercusión en futuros casos de mineras en contra del territorio de comunidades indígenas.

Por la trascendencia de este caso y por lo cerca que está de ser revisado, se están tomando acciones para informar a la ciudadanía acerca de las consecuencias de que a este tipo de empresas se les conceda un amparo, no importando así que hayan obrado de manera inconstitucional. 

Asimismo, además de la carta remitida al presidente de la Segunda Sala de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y al ministro Javier Laynez Potisek, presidente de la Segunda Sala de la SCJN, las organizaciones intentan dialogar (de forma no presencial), según el “derecho de audiencia”, con los ministros que componen la Segunda Sala, con el fin de que a la hora de dictar un veredicto, este sea tomado teniendo en cuenta todos los puntos del caso sobre la mesa.